Las cartas en la manga del comisario Villarejo

”Algún recado se le puede mandar llegado el momento”. El 2 de noviembre de 2017, el día antes de que fuera detenido en la Operación Tándem como presunto cabecilla de una trama parapolicial, el comisario jubilado José Manuel Villarejo mantuvo una conversación telefónica con otro agente retirado que, en aquel momento, era investigado por un juzgado de Madrid. Villarejo y su interlocutor hablaban de una comisión de 300.000 euros, de dinero oculto, de armas ilegales y de una persona que había delatado al segundo p...

”Algún recado se le puede mandar llegado el momento”. El 2 de noviembre de 2017, el día antes de que fuera detenido en la Operación Tándem como presunto cabecilla de una trama parapolicial, el comisario jubilado José Manuel Villarejo mantuvo una conversación telefónica con otro agente retirado que, en aquel momento, era investigado por un juzgado de Madrid. Villarejo y su interlocutor hablaban de una comisión de 300.000 euros, de dinero oculto, de armas ilegales y de una persona que había delatado al segundo policía y contra el que el comisario proponía lanzar una campaña de descrédito. “Un curro como Dios manda, para ponerlo patas arriba”, se escucha a Villarejo decir en la grabación de esta conversación, que quedó guardada en la memoria del teléfono y que cayó en manos de la policía cuando fue arrestado. Era a esa persona a la que el comisario proponía mandar el “recado”.

El episodio es recogido por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito en el que pedía este miércoles excarcelar al policía ante la imposibilidad de que fuera condenado antes de cumplir el máximo de cuatro años de prisión preventiva que contempla la legislación, como ejemplo del “riesgo cierto y elevado de reiteración de conductas delictivas” por parte de Villarejo. En ese mismo escrito, la Fiscalía insistía en que la investigación había revelado —hay una pieza específica abierta dentro del sumario sobre ello— que el policía había seguido “controlando desde la prisión una ingente documentación” con la que sospecha que pretendía “lucrarse” y “chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado mediante la difusión programada de esa información sensible, para obtener así su impunidad”. Entre la documentación intervenida el pasado octubre a esta trama urdida desde la cárcel había una parte catalogada como secreto oficial, sobre la llamada Operación Cataluña —actuaciones policiales contra el independentismo—, el rey Juan Carlos, o Podemos y su líder, Pablo Iglesias.

Esos documentos son, en realidad, su último cartucho. Aquel con el que, según quienes lo conocen, el policía intentará salvarse en su particular maratón judicial. Imputado en una treintena de causas —la mayor parte diferentes piezas separadas del sumario de la Operación Tándem—, pero también en el caso del Pequeño Nicolás y por el supuesto apuñalamiento de una mujer, la doctora Elisa Pinto. Directivos de grandes empresas y bancos como Repsol, Iberdrola, BBVA o Caixabank, mandos policiales y políticos se verán arrastrados junto a él al banquillo.

“No tiene escrúpulos. Va a hacer todo el daño que pueda”, señala un policía que presume de conocer bien a Villarejo y que no oculta el rechazo que le produce. Otro agente, que admite que conserva la amistad con el comisario, rebate: “Solo se va a defender. Lo que tenga que decir lo dirá en los tribunales y en el Congreso [en la comisión de investigación de la Operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas, donde ha sido citado]... dependiendo de lo que le interese”. En esa línea, el propio Villarejo aseguraba este miércoles al salir de prisión: “Mi función únicamente va a ser defenderme”. Trabajadores penitenciarios que han tratado estos años con Villarejo creen, sin embargo, que hará algo más. “Es muy inteligente y sibilino. Hará las cosas sin dar la cara”, aseguran. Y ponen de ejemplo el contenido de las conversaciones telefónicas que mantenía con el exterior: “Como sabe que las tiene intervenidas por orden judicial, en alguna ha insinuado tener datos de personas concretas”. Una de ellas, el director de la cárcel, al que acusaba de los cacheos y registros de celda al que era sometido. Otro, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del que aseguraba tener información comprometedora que nunca concretaba.

Fuentes de la Fiscalía se muestran convencidas de que esa ha sido, de hecho, su estrategia de los últimos años: unas veces amaga. Otras, enseña las cartas. Pero siempre se guarda un as en la manga. Lo hizo mucho antes de que fuera detenido, cuando su nombre empezaba a aparecer en varios casos judiciales. Entonces sus tentáculos llegaban lejos y tenía amigos poderosos que le ayudaban a apartar a todo aquel que amenazase su privilegiada posición en la Policía, que le permitió atesorar un patrimonio de más de 25 millones de euros, según el sumario. Aquella telaraña de influencias, tejida de sus relaciones con los Gobiernos que se sucedieron durante décadas y a los que se ofrecía para hacer los trabajos que otros policías no querían, le hizo creer que gozaba de impunidad y que esta lo protegería incluso después de jubilarse en junio de 2016.

Lo reflejaba en sus cuadernos, en los que anotaba todos sus contactos con políticos, periodistas, empresarios y policías. El 6 de junio de 2017, pocos meses antes de su arresto, apuntaba: “Chisco [alias con el que se refería Francisco Martínez, ex número dos de Interior con el primer gobierno de Mariano Rajoy e imputado en el caso Kitchen]: Llamó para dar ánimos. Le agradezco la llamada”. Un mes después escribía: “ILH [el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exministra María Dolores de Cospedal]: Vernos a las 11 h en el Villa. Dice que hablará para que MD [en referencia a Cospedal] y el M de I [Ministerio del Interior] actúen y me dejen en paz. Tema Cataluña”. El 11 de septiembre de ese mismo año, menos de dos meses antes de su detención, anotaba: “Muy receptiva Cospe. Pendiente de su respuesta”.

Y si fallaban los contactos, tenía sus grabaciones, su último seguro de vida. En febrero de 2017, cuando intuía que en cualquier momento un juez iba a ordenar su arresto y el consiguiente registro de su vivienda, Villarejo grababa la conversación que mantenía con un periodista en la que decía desafiante: “Le diré al secretario [judicial]: ‘tome nota, que se llevan esto, una declaración jurada de una señora que se llama Corinna no sé qué [en referencia a Corinna Larsen, ex amiga íntima del rey Juan Carlos I] dice esto, aquí está”. En ese mismo audio el comisario se jactaba de copias: “No se preocupe por que la rompa porque tengo muchas copias (...) ¡Pero, tonto, si tengo siete copias obviamente! Tengo siete copias y tres de ellas en el extranjero”.

Tres meses después, y aún en libertad, amagó con utilizar parte del supuesto material sensible que atesoraba. Fue en la denuncia que presentó en la Audiencia Nacional contra el general Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al que considera su principal enemigo. En aquella denuncia —que finalmente no fue admitida a trámite— Villarejo acusaba al militar de haber “fabricado” pruebas falsas contra él en el caso del Pequeño Nicolás, pero también aseguraba tener 23 dosieres sobre actuaciones supuestamente irregulares del servicio secreto.

La detención y posterior ingreso en prisión no frenó a Villarejo, aunque sí la forma en la que supuestamente hacía llegar sus advertencias. Así, en julio de 2018, dos diarios digitales publicaban el audio de la conversación que él había mantenido con Corinna Larsen en Londres, en la que esta daba detalles sobre supuestas actividades ilícitas de Juan Carlos I. El comisario se apresuró entonces a remitir un escrito al juez en el que se desmarcaba de la difusión de la grabación, pero también dejaba caer que parte de la documentación que le habían intervenido “podría afectar a altas instituciones del Estado”.

También ha aprovechado sus declaraciones ante el juez, en las que siempre ha defendido su inocencia, para amagar con revelaciones sobre temas ya juzgados, como los atentados yihadistas del 11-M. Y ha escrito comunicados de prensa contra los que consideraba responsables de su situación, deslizando veladas amenazas a sus enemigos y a la monarquía. “¿Está valiendo la pena el daño gravísimo que se está infringiendo [sic] a la Corona, erosionando irreversiblemente la figura de un monarca a quien tanto debemos los españoles?”, decía uno de ellos para después hablar de la entonces casi desconocida investigación de la Fiscalía de Suiza sobre las cuentas de Juan Carlos I. En uno del pasado agosto tildaba de “calvario” la situación del rey emérito, y amenazaba con destapar un centenar de nuevos escándalos, sin concretar.

“Odiado” por sus antiguos compañeros y enfrentado a muchos de los que antes lo apoyaban por haberlos arrastrado en su caída judicial, el comisario cree guardar aún una última carta: el temor que provoca que tire de la manta ahora que está en libertad provisional. Un ejemplo de ese poder que aún cree atesorar lo reflejó en uno de sus cuadernos en junio de 2016. Tras conversar con el que era entonces su jefe, el comisario Eugenio Pino, principal mando operativo de la Policía Nacional en aquel momento, Villarejo escribió a mano: “Está preocupado por lo que declararía contra Cosi [Ignacio Cosidó, director general de la Policía Nacional en el primer Gobierno de Rajoy]. Al final le dije que iba con perfil bajo y que estuviera tranquilo”.