Alberto Rodríguez, a una votación de tener que comparecer ante el Supremo

La Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso aprueba por unanimidad conceder el suplicatorio, que tendrá que votarse en el Pleno el 17 de diciembre

El diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, a su llegada este jueves al Congreso.Mariscal (EFE)

La Comisión del Estatuto del Diputado ha aprobado este jueves conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, una decisión que ha contado con el apoyo de todos los partidos presentes en la reunión y que se elevará al Pleno para su ratificación el 17 de diciembre, según confirman fuentes parlamentarias. Durante la reunión, a puerta cerrada, el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro ha intervenido para m...

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La Comisión del Estatuto del Diputado ha aprobado este jueves conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, una decisión que ha contado con el apoyo de todos los partidos presentes en la reunión y que se elevará al Pleno para su ratificación el 17 de diciembre, según confirman fuentes parlamentarias. Durante la reunión, a puerta cerrada, el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro ha intervenido para mostrar la disposición de Rodríguez de acudir al Supremo, según las mismas fuentes. El magistrado del Supremo Antonio del Moral pidió al Congreso que aceptaran suspender la inmunidad como aforado del secretario de Organización de Podemos para poder continuar con la causa penal abierta contra él por atentado contra la autoridad y lesiones, por la supuesta agresión a un policía durante una manifestación en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) en 2014.

Tanto Unidas Podemos como el PSOE ya adelantaron públicamente que apoyarán el dictamen para levantar el fuero al número tres de la formación morada, un paso necesario para que el alto tribunal continúe la tramitación de procedimiento penal abierto contra Rodríguez. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, declaró este miércoles que apoyarán esta petición para que su compañero pueda “demostrar la falsedad de estas acusaciones” en el Supremo. Por otro lado, la portavoz socialista, Adriana Lastra, se limitó a decir que su grupo dejará que la justicia “haga su trabajo”.

El diputado de Unidas Podemos rechazó acudir a declarar voluntariamente al Supremo el pasado 20 de octubre. “Desde el respeto a los procesos judiciales establecidos no me acojo al ofrecimiento del instructor”, señaló en un escrito Rodríguez, quien además negó haber cometido los hechos por los que se le quiere investigar, algo que llevó al juez del Moral a pedir un suplicatorio para poder interrogarle. El suplicatorio era necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra el número tres de la formación, al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE.

La Mesa del Congreso recibió la petición del Supremo el 30 de noviembre. La Comisión del Estatuto del Diputado lo tramitó el 3 de diciembre y abrió un plazo de diez días para que el diputado presentara alegaciones. Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar cuando llega a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que tampoco en este caso se van a agotar. Las decisiones de este órgano se deliberan a puerta cerrada, así como el debate y votación en el pleno. Además, los diputados no están obligados a seguir consignas de voto.

Este no es el primer suplicatorio que se concede en la presente Legislatura. La última vez que se aprobó uno por la Cámara Baja fue en junio de este año, cuando el Congreso accedió a levantar la inmunidad a la portavoz de JuntsXCAT, Laura Borrás, investigada por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).

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