Sánchez aparca la reforma dura del Poder Judicial a la espera del PP

El presidente Pedro Sánchez activó este miércoles una minirreforma exprés de la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial para limitar sus competencias cuando está en funciones. Sánchez intentó así satisfacer algo las exigencias de Unidas Podemos y, a la vez, dejar una puerta abierta a un futuro pacto con el PP. La nueva propuesta se concentra en acotar los nombramientos que puede ejecutar el Consejo con su mandato prorrogado,...

El presidente Pedro Sánchez activó este miércoles una minirreforma exprés de la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial para limitar sus competencias cuando está en funciones. Sánchez intentó así satisfacer algo las exigencias de Unidas Podemos y, a la vez, dejar una puerta abierta a un futuro pacto con el PP. La nueva propuesta se concentra en acotar los nombramientos que puede ejecutar el Consejo con su mandato prorrogado, como está ahora, pero aparca el aspecto clave de la reforma para cambiar el sistema de mayorías y evitar así la capacidad de veto del PP al elegir al órgano de gobierno de los jueces.

Tras varias presiones al PP, públicas y privadas, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha optado otra vez por ganar algo de tiempo antes de poner en marcha sin el principal partido de la oposición un cambio relevante en la ley que regula el funcionamiento del órgano de gobierno del poder judicial, uno de los pilares del Estado de derecho.

Sánchez lleva meses, y más intensamente en las últimas semanas, escuchando a su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con perspectivas muy optimistas sobre un inminente pacto con el PP para resolver la renovación de los 20 vocales y el presidente del Consejo General del Poder Judicial. El gobierno de los jueces lleva dos años con el mandato caducado debido a la negativa del PP, cuyos votos son imprescindibles, a negociar su renovación. Ese pacto no acaba de llegar. El jefe de Gobierno y otros relevantes miembros de la cúpula del PSOE nunca han sido tan optimistas como el ministro, que mantiene desde hace décadas una muy buena relación con su interlocutor del PP, el consejero madrileño Enrique López. Pero esos contactos no han fructificado en nada, al menos que se pueda anunciar por las dos partes públicamente.

El ministro sostiene, y así lo ha defendido estos días incluso en actos públicos, que el acuerdo de fondo está cerrado. Desde la cúpula del PP se niega ese escenario, pero en fuentes populares más cercanas a la negociación se acepta que las posiciones de ambas partes están “muy dibujadas”. PSOE y PP tendrían ahí la posibilidad de proponer cada uno a 10 candidatos de entre los 50 jueces ya seleccionados, con perfiles profesionales e independientes y, en teoría, sin capacidad de veto sobre nombres concretos. En el PP señalan que aún no han llegado a precisar nombres para esos puestos y recelan de que el PSOE quiera introducir a aspirantes cercanos a Podemos en su cupo, pese a que en el Consejo actual cerrado en 2013 con un Gobierno de mayoría absoluta del PP hay vocales que apoyaron los nacionalistas catalanes e Izquierda Unida. La discusión ya encalló en ese punto en agosto y sigue prácticamente en el mismo callejón.

El presidente Sánchez intentó una oferta al líder del PP, Pablo Casado, en octubre, durante el debate de la moción de censura de Vox, y congeló una proposición conjunta con Podemos para encarar una reforma más amplia de la ley del Poder Judicial. Si aquella iniciativa hubiera prosperado, y que no está aún retirada, se podría aprobar la renovación del Consejo por mayoría absoluta del Congreso (176 escaños) frente a los tres quintos (210) que se exigen ahora. Con ese simple cambio, el Gobierno se garantizaría un Poder Judicial más cercano a la mayoría que propició la investidura de Pedro Sánchez hace 11 meses y a los apoyos ya pactados para los Presupuestos de 2021 que saldrán adelante hoy en el Congreso.

Unidas Podemos volvió a presionar el martes al PSOE para “descongelar” esa reforma dura y llevarla el próximo 15 de diciembre al debate en pleno dentro del próximo cupo que le corresponde a los socialistas para ese tipo de iniciativas.

El presidente, sin embargo, se quiere dar otro nuevo plazo con el PP. El martes por la tarde llamó a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, cuando ella se dirigía a la sesión de control al Gobierno que se celebraba en el Senado, y le planteó la opción de ejecutar ahora solo el cambio para restringir al máximo el tipo de nombramientos que pueda aprobar un Consejo en funciones, como sucede en otras instituciones del Estado. Desde el Senado la vicepresidenta habló con el ministro de Justicia, el más partidario en el Ejecutivo de los contactos para resolver este problema con el PP. Y por la noche, sobre las 21.30, Calvo informó al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, para que esta vez no se reprodujeran los problemas de descoordinación internos observados en el Ejecutivo en las últimas semanas entre los dos socios de la coalición.

Esta minirreforma exprés del Poder Judicial no es la que persigue Podemos, que por ahora se contenta con lo que cataloga como un “avance”.

Fuentes de la cúpula gubernamental justifican la necesidad de esta medida por la importancia de acabar con la interinidad de un órgano clave del entramado institucional. Pero, sobre todo, para forzar al PP y facilitarle una entrada al pacto al aparcar por ahora la idea de cambiar el sistema de mayorías vigentes para la elección del Consejo, algo que Bruselas mira con recelo, según ha expresado la comisaria de Justicia, pero también partidos de la izquierda parlamentaria, como Más País, que este miércoles se congratuló de la rectificación.

Parar nombramientos

En la explicación de motivos de la nueva propuesta, PSOE y Podemos determinan como algo “lógico” la necesidad de “limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato”. Y detallan que en situaciones como la actual no debería poder nombrarse a los presidentes de las audiencias, los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional, los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros muchos cargos.

La Ley del Poder Judicial vigente desde 1985 tiene esa laguna jurídica y no contempla qué debe hacer un Consejo en funciones, por lo que su presidente, Carlos Lesmes, ha optado por promover varias decenas de nombramientos pendientes para no paralizar la Administración de justicia. Lesmes ha requerido la renovación del órgano que preside varias veces a través de sendas cartas enviadas a las presidentas del Congreso y el Senado. Sin éxito.

El calendario

Los partidos disponen de una serie de cupos para plantear sus iniciativas legislativas en el pleno del Congreso y al PSOE le tocaba el próximo el 15 de diciembre. PSOE y Unidas Podemos registraron este miércoles su proposición de ley de reforma exprés del Poder Judicial y la junta de portavoces la tramitará la semana que viene para que llegue a tiempo. Luego se abre un calendario incierto. Los dos partidos tendrían que proponer un trámite de urgencia, con lectura única, y el Gobierno debería habilitar el mes de enero como hábil (normalmente no lo es) para que el proyecto avanzara y se pudiera aprobar antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero. En caso contrario, el proceso se demorará y podría superar todos los filtros a finales de febrero y llegar al pleno definitivo incluso en marzo, lo que convence más en el PP. Si PSOE y PP alcanzaran antes un acuerdo, la reforma planteada ahora no tendría efectos.