11 recusaciones a un magistrado aplazan la sentencia del ‘procés’
El tribunal debe resolver antes las demandas contra Antonio Narváez
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos contra el fallo del Supremo que dictó prisión para la mayoría de los miembros del Gobierno catalán que impulsaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 se va a retrasar hasta marzo o abril del año próximo a causa de la recusación del magistrado de este tribunal Antonio Narváez.
Todos los condenados a penas de prisión por el Supremo y el fugado expresident Carle...
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos contra el fallo del Supremo que dictó prisión para la mayoría de los miembros del Gobierno catalán que impulsaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 se va a retrasar hasta marzo o abril del año próximo a causa de la recusación del magistrado de este tribunal Antonio Narváez.
Todos los condenados a penas de prisión por el Supremo y el fugado expresident Carles Puigdemont han recusado a este magistrado para apartarle de la deliberación de los recursos de amparo que han presentado los líderes independentistas. El propósito de fondo de esta cascada de recusaciones es hacer valer en su momento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la tesis de que el Constitucional no es un tribunal imparcial ni se ha constituido debidamente para garantizarlo.
En el Constitucional existe preocupación por las 11 recusaciones basadas en el contenido de una conferencia que pronunció Narváez en Granada en noviembre de 2017. El magistrado dijo que la crisis derivada de los hechos de septiembre y octubre de ese año en Cataluña fue “un golpe de Estado encubierto, mucho más grave por sus consecuencias que el golpe de Estado que se dio en 1981” con el asalto de Tejero al Congreso.
Según fuentes del Constitucional, Narváez va a defender su imparcialidad y no piensa aceptar la recusación ni abstenerse en los recursos del procés, salvo que el pleno le aparte de su resolución. La presentación de una recusación da lugar a una paralización de los procesos en los que interviene el magistrado cuestionado. Ello supone que los recursos no podrán resolverse hasta que se dictamine sobre este incidente procesal.