La ley amenaza el cortijo de Queipo de Llano en Sevilla

La nueva ley de memoria democrática ha reactivado el debate sobre la exhumación del general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de La Macarena, en Sevilla. El desenlace sobre el destino final de los restos del militar -a quien se le atribuye la responsabilidad de la desaparición y el fusilamiento de 50.000 personas en Andalucía- no es lo único que podría acelerar la nueva norma. Las disposiciones relativas a las auditorías sobre los expolios y las incautaciones realizadas durante el...

La nueva ley de memoria democrática ha reactivado el debate sobre la exhumación del general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de La Macarena, en Sevilla. El desenlace sobre el destino final de los restos del militar -a quien se le atribuye la responsabilidad de la desaparición y el fusilamiento de 50.000 personas en Andalucía- no es lo único que podría acelerar la nueva norma. Las disposiciones relativas a las auditorías sobre los expolios y las incautaciones realizadas durante el franquismo pueden contribuir a esclarecer la titularidad del cortijo de Gambogaz ―donde Queipo murió en 1951, después de adquirirlo en 1937 con fondos procedentes de una suscripción popular y donde trabajaron de manera forzosa presos del régimen― y allanar su conversión en un lugar de la Memoria Histórica, tal y como reclaman asociaciones memorialistas, el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) ―donde se levanta buena parte de la finca― y los herederos del propietario original, Ignacio Vázquez Gutiérrez, pionero en la industrialización y mecanización del campo, y a cuyo nombre siguen estando las escrituras del terreno.

Las 500 hectáreas de Gambogaz constituían una de las fincas más prósperas y rentables de Sevilla cuando pasó a manos de Queipo de Llano el 24 de diciembre de 1937. Ahora, su torre mudéjar y el resto de edificios del cortijo, a orillas del Guadalquivir, forman un conjunto decrépito en absoluto estado de abandono, por el que ladran y cojean los 70 perros famélicos de Luis Santos, antiguo casero y peón agrícola de la finca que lleva 50 años trabajando para los descendientes del general franquista. “Aquí apenas vienen, esto está en ruinas. Solo quieren recoger el dinero que dan las tierras, pero gastar, gastar nada”, indica. Los nietos son Gonzalo García Queipo de LLano, presidente del patronato de la Fundación Pro Infancia Queipo de Llano, y su primo Gonzalo García Yangüela.

La versión más extendida sobre cómo adquirió su abuelo Gambogaz es que fue “un regalo” de la ciudad de Sevilla en agradecimiento por “la salvación de la patria de la barbarie roja” gracias a una colecta popular de 100.000 pesetas en diciembre de 1937. Otra reconocida por el propio Queipo de Llano en una publicación de Abc del 9 de diciembre de 1937, es que la compró él, “no para que yo viva de su renta, sino para obrar en él una reforma agraria”. “Sevilla no regaló nada al general y tampoco hay constancia escrita de que hubiera una suscripción popular para él, pero Queipo, que carecía de bienes y solo tenía los ingresos derivados de su pertenencia al Ejército, no tenía dinero suficiente para adquirir la finca”, señala José Villa, doctor en Derecho y en Historia y que ha terminado una profusa tesis doctoral sobre Gambogaz.

Sí existen testimonios orales de funcionarios del Ayuntamiento y de la Diputación de Sevilla y de sus descendientes que coinciden en que se les detrajo un día de su haber para completar la ofrenda de Queipo, explica el investigador. El propio hijo del general, Gonzalo, en una carta al director publicada por EL PAÍS, el 16 de julio de 1976, reconocía que “los fondos recaudados fueron puestos a disposición” de su padre. “El hecho de que Queipo utilizara ese dinero para adquirir el cortijo podría ser constitutivo de expolio”, advierte Villa. Una idea que comparte José Manuel Vázquez, tataranieto del propietario original de Gambogaz y que, junto a otros primos, también descendientes del terrateniente y todos abogados, han recopilado una gran cantidad de documentos legales y catastrales para desentrañar el origen tan opaco de la venta de esos terrenos. Su afán no es reclamar la propiedad de los terrenos, sino facilitar la vía legal para que pueda recuperarlos el Estado y hacer de ellos un lugar del recuerdo y reconocimiento. "Sería mucho más grande que el Pazo de Meirás”, asegura.

Aunque también subyace, como en el caso de otras víctimas del franquismo, la posibilidad de calmar el desasosiego de su padre durante estos años. “Nuestra abuela siempre contó que en casa se presentaron Queipo, el alcalde de Sevilla, Ramón de Carranza, y otros altos cargos de la Administración de entonces, amenazándolos con una pistola en la mesa para que vendieran los terrenos que faltaban de Gambogaz y que no habían podido adquirir en el 37”, explica Vázquez. “Les amenazaron con llevar a sus hijos al frente y vendieron por 25.000 pesetas. Mi padre nunca se atrevió a reclamar nada por miedo”, insiste. Esa parte que vendieron correspondía a los inmuebles del cortijo, indica el abogado.

Vázquez y sus primos tienen la escritura de propiedad de Gambogaz ―adquirida en 1.858― y que consta en el registro a nombre de su tatarabuelo. Contra quien ha cuestionado la titularidad del cortijo, los Queipo de Llano siempre han esgrimido la escritura de compra-venta de 24 de diciembre de 1937, un legajo al que se refería el hijo del general en la carta a EL PAÍS, pero que la familia nunca han mostrado públicamente y a la que ni Vázquez ni Villa han podido acceder. Gonzalo García Queipo de Llano ha declinado colaborar con este diario para el reportaje. Tanto el investigador como Vázquez creen que la nueva ley podría abrir una vía para acelerar el acceso a este tipo de documentación o para que el Estado pudiera arrogarse esa autoridad. “La Administración siempre va a tener más capacidad que un particular”, señala Vázquez.

Presos como mano de obra

Ambos también sostienen que en esa escritura deben encontrarse nombres o circunstancias que han pesado a la hora de que no salgan a la luz. La adquisición se hizo a través de un testaferro y a nombre de la Fundación Benéfico-Social-Agraria, cuyo presidente era Queipo de Llano y que, según las declaraciones en Abc, tenía como “objetivo repartir la producción entre aquellos obreros que más se hayan distinguido en el trabajo o que más hayan sufrido por la patria”. Ese “generoso rasgo de desprendimiento” daría trabajo y cobijo a “50 o 60 familias de trabajadores en el campo”. Eso, pese a la propaganda, jamás pasó. Es más, en el cortijo trabajaron como mano de obra presos del régimen, tal y como ha documentado Villa en su tesis.

“Siendo necesarios en la Fundación Queipo de Llano del Cortijo de Gambogaz brazos para las faenas de recolección y teniendo en cuenta que ya en otras ocasiones se han utilizado detenidos gubernativos para estos menesteres, se servirá usted designar entre los referidos detenidos en esa prisión a disposición de mi autoridad, 30 de ellos, debiendo quedar en la fundación como tales detenidos a mi disposición”. Este es un extracto de un documento fechado en 1939 y encontrado por Villa en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. El hecho de que se utilizara de forma habitual a presos como mano de obra en el cortijo determinaría para Vázquez el carácter fraudulento de la fundación. “Una fundación cuyas propiedades en 1943 el general volvió a poner a su nombre”, indica.

“Aunque la nueva ley de memoria histórica parece que solo hace alusión a la nulidad de juicios y decisiones de carácter penal, quizás podría extenderse a otras figuras y actos administrativos de carácter fraudulento que también se realizaron por las circunstancias del momento”, explica Vázquez, que también piensa en las compra-venta de carácter dudoso.

La opción de la Ley del Patrimonio

Vázquez cree que si se prueba que hubo expolio en la adquisición de los terrenos, la titularidad debería acabar en manos de la Administración pública y que uno de los grandes beneficiarios podría ser el Ayuntamiento de Camas. Su responsable de Memoria Histórica, Eva Pérez, lleva años batallando por que el cortijo sea declarado Lugar de Memoria, conforme a la ley de Memoria Democrática de Andalucía de 2017. “Eso permitiría que tuviera una placa y que estuviera abierto al público en determinadas ocasiones”, explica.

El consistorio ha descartado incorporarse a la lucha por la recuperación de los terrenos por la vía de cuestionar la propiedad porque no cuentan con apoyo supramunicipal ―"y desde que está el PP en la Junta presionado por Vox, mucho menos en materia de ley de memoria", abunda Pérez―, pero están contemplando alternativas que pasan por la aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico. “La torre del cortijo está declarada Bien de Interés Cultural y los Queipo de Llano la están dejando caer y se niegan a facilitar la entrada. Aplicando la norma podríamos exigir una rehabilitación y garantizar que esté abierto al público algunos días”, indica Pérez.

Los herederos del general han ido vendiendo estos años parcelas de la finca a empresas hortofructícolas con sede en Cataluña. Parte de los terrenos fueron expropiados para la Expo 92. “Hay auditorías que cuestionan que se hayan realizado compraventas sin tener la titularidad registral”, señala Vázquez. “Los Queipo parecen tener prisa por deshacerse de Gambogaz”, abunda. Una impresión que corrobora Santos, apoyado en el muro decrépito de la finca. “Dicen que tienen un título con el que pueden venderla y han venido ya varias personas interesadas”, señala.

“Gambogaz es un símbolo del franquismo en Andalucía”, recuerda Pérez. “No ha pasado un siglo y hay un vacío histórico que debería resolverse cuanto antes para que salga a la luz la verdadera historia de Sevilla”, advierte Vázquez. Unos y otros esperan que la nueva normativa pueda arrojar luz sobre el pasado y servir como lugar de reparación y recuerdo.