España rechaza un plan migratorio que no incluya cuotas de reparto

Bruselas pretende reforzar el control de entrada en territorio europeo para limitar los flujos de inmigración irregular, pero descarta fijar cuotas para repartir obligatoriamente a las personas que hayan logrado entrar en la UE. Este planteamiento choca con una de las principales reivindicaciones españolas: más allá de una distribución de los solicitantes de asilo, Madrid reclama un reparto obligatorio de los migrantes r...

Bruselas pretende reforzar el control de entrada en territorio europeo para limitar los flujos de inmigración irregular, pero descarta fijar cuotas para repartir obligatoriamente a las personas que hayan logrado entrar en la UE. Este planteamiento choca con una de las principales reivindicaciones españolas: más allá de una distribución de los solicitantes de asilo, Madrid reclama un reparto obligatorio de los migrantes rescatados en el mar. Sin este compromiso, fuentes españolas temen que el sistema ideado por la Comisión solo sirva para recargar aún más la responsabilidad a los países con frontera exterior.

España se encuentra en una posición muy delicada para la negociación porque su problemática, vinculada sobre todo a las llegadas irregulares desde Marruecos, no coincide del todo con la de otros países del Mediterráneo. Al mismo tiempo, se encuentra bajo presión, como el resto de países de primera línea, por parte de los socios del interior, que exigen el freno de los llamados movimientos secundarios, es decir, el paso de los migrantes irregulares desde el país de entrada a terceros Estados de la UE.

El Gobierno ha intentado navegar entre esos dos bandos buscando los puntos de coincidencia con ambos. En Bruselas, ha presentado aportaciones junto a Alemania y Francia a favor de un expeditivo sistema de control de las solicitudes de asilo en la misma frontera y de medidas para evitar los movimientos secundarios. La propuesta, recogida en un documento aportado por España, Alemania, Francia e Italia al que ha tenido acceso EL PAÍS, reconoce la “excesiva carga” que soportan algunos Estados miembros.

De igual manera, España ha buscado consolidar un frente con los países del sur, con quienes comparte la responsabilidad de recibir y acoger a decenas de miles de migrantes llegados irregularmente por vía marítima. Los mediterráneos más afectados —España, Italia, Grecia y Malta— defienden que los migrantes que entran en territorio europeo deben ser distribuidos entre los Estados miembros a través de un mecanismo obligatorio de reparto. Esto incluye a los rescatados en alta mar en operaciones de búsqueda y rescate, una prerrogativa importante en el caso español porque Salvamento Marítimo tiene un papel fundamental en el auxilio de migrantes en apuros en el mar. Los países del sur rechazan la responsabilidad que hasta ahora asumen los países de entrada de tramitar las solicitudes y acoger a todos los demandantes de asilo que entren por su costa.

Esa doble estrategia, sin embargo, no ha dado grandes resultados. España corre el riesgo de quedarse en terreno de nadie en la recta final de los preparativos del pacto migratorio por parte de la Comisión. Bruselas está tomando muy en cuenta las demandas de los países del norte y del este y de algunos del sur, como Italia. Pero no parece que, por ahora, la posición española se haya abierto paso hacia las propuestas del Ejecutivo comunitario.

Fuentes españolas asumen la “dificultad” de esta negociación y recuerdan que las primeras propuestas datan de 2016 y, desde entonces, no ha sido posible lograr un acuerdo. Los últimos encontronazos se vieron a finales del año pasado, cuando el eje francoalemán impulsó la creación de un mecanismo temporal de reparto de inmigrantes llegados por vía marítima que solo incluyó a Italia y Malta. El plan dejaba fuera a Grecia y España que, en aquel momento, así como ahora, asumían un volumen mayor de entradas que sus socios del Mediterráneo central. Entonces España rechazó aceptar ninguna solución que no tuviese en cuenta su frontera y el acuerdo finalmente se cerró en septiembre con la adhesión de solo seis países, además de Francia y Alemania. Desde su firma, solo unas 1.800 personas llegadas a Malta e Italia han sido distribuidas entre estos Estados miembros, pero el mecanismo es lento y burocrático y, a pesar de la caída del número de llegadas, aún faltan más de 800 personas por repartir, según datos de la Comisión Europea obtenidos por EL PAÍS.

Búsqueda de consenso

Fuentes diplomáticas creen que la Comisión presidida por Ursula Von der Leyen está intentando incorporar elementos que puedan contentar a todos los socios, en un esfuerzo por superar las enormes divergencias que han mantenido bloqueado el expediente migratorio desde 2015, pero que su empeño en apaciguar los ánimos puede acabar diluyendo el acuerdo. El nuevo pacto migratorio debe reconciliar las necesidades de los países en primera línea fronteriza con la realidad de que la mayoría de los migrantes irregulares acaban en países del interior como Alemania, Francia, Bélgica o Suecia. Berlín recuerda que solo el 3% de los migrantes irregulares que se desplazan desde la periferia hacia otro Estado son devueltos al país de entrada.

Von der Leyen se fijó el pacto migratorio como uno de sus principales objetivos al asumir el cargo. La crisis sanitaria y económica provocada por la covid-19 ha retrasado los preparativos. Y el desplome de las llegadas irregulares ha restado presión en los Estados para abordar una de las negociaciones más complejas y explosivas que tiene por delante el club. Bruselas confía en relanzar el debate en las próximas semanas. Y Alemania, que asumirá la presidencia semestral de la UE el próximo 1 de julio, tiene intención de llegar a un acuerdo político sobre el calendario y las fases para cerrar el pacto el próximo otoño. Pero ese acuerdo podría requerir un año más de negociación, según fuentes diplomáticas.

Rechazo polaco y húngaro a reformar el asilo

Bruselas también debe conjugar la voluntad de crear una política común de asilo, mayoritaria entre los socios comunitarios, con el tajante rechazo de Budapest y Varsovia a colaborar en mecanismos como el reparto de refugiados a los que atribuyen un pernicioso efecto llamada. En la actualidad, el 75% de las peticiones de asilo se concentran en cinco Estados, con España, Alemania y Francia en los puestos de cabeza. España tiene en esta cuestión un perfil muy particular y radicalmente distinto al de los países de su entorno, donde los solicitantes de asilo mayoritarios son afganos, sirios e iraquíes. En España, más del 80% de los solicitantes de asilo que se reciben son latinoamericanos y su reubicación por el continente europeo resulta, en su caso, menos coherente.