Un psicoterapeuta para valorar una epidemia mundial

Del 8-M al 8-J van tres meses, más de 3.000 folios de investigación judicial y un seísmo político con cuatro informes policiales y forenses como epicentro. La causa abierta por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel no solo ha saltado de los juzgados a la arena política, sino que deja ya en las páginas del sumario a una serie de protagonistas con una voz que retumba en las portadas de los medios cada vez que se pronuncian. Son la propia juez, famosa por su ...

Del 8-M al 8-J van tres meses, más de 3.000 folios de investigación judicial y un seísmo político con cuatro informes policiales y forenses como epicentro. La causa abierta por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel no solo ha saltado de los juzgados a la arena política, sino que deja ya en las páginas del sumario a una serie de protagonistas con una voz que retumba en las portadas de los medios cada vez que se pronuncian. Son la propia juez, famosa por su instrucción del caso máster; o la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que actuó en el juicio del procés; o los guardias civiles que, con su primera valoración documental, introdujeron en la trama al cesado coronel Diego Pérez de los Cobos y al señalado ministro Fernando Grande-Marlaska. Pero también Julio Lorenzo, un desconocido médico forense, que irrumpió este 8 de junio con un nuevo informe donde apunta al Gobierno.

No es la primera vez que Lorenzo se pronuncia en este caso. Ya lo hizo el 19 de abril, cuando emitió un primer dictamen de apenas dos páginas donde rechazaba que se pudiera saber si alguien se infectó de coronavirus en las manifestaciones bajo sospecha. Pero añadía, una pequeña pulla: “De haberse evitado, se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”. Nada comparable, eso sí, con el segundo documento que envió el pasado lunes a la juez, donde a lo largo de 59 páginas cargadas de valoraciones y comentarios personales contra la gestión de la crisis sanitaria, afirma que “se veía venir”, que no se tomaron las medidas oportunas, que se debían haber prohibido las movilizaciones desde febrero y que las autoridades conocían los riesgos.

El forense —que se presenta en su web como “médico psicoterapeuta”, sin referencias a conocimientos avanzados sobre epidemiología— sabía la repercusión que iban a tener sus palabras. Su informe arranca con una llamativa introducción donde destaca la trascendencia mediática y política de la causa, y defiende su “imparcialidad”. “Anticipándome a esos pensamientos de algunas personas y grupos. Debo manifestar que, ya antes de ser médico forense nos enseñaron 'aborrece el delito y compadece al delincuente”, escribe Lorenzo, que aterrizó en el juzgado de instrucción 51 de Madrid, encabezado por Rodríguez-Medel, en 2013 y que ha participado antes en otros procedimientos de relevancia. Su intervención fue clave en la investigación abierta tras la muerte de Enrique Morente, cuando determinó que los médicos le atendieron de forma “adecuada”. Entonces, la familia del cantaor trató de recusarlo sin éxito al considerar que, debido a su formación de psiquiatra, no estaba capacitado para elaborar un informe, documento al que llegó a calificar de “tomadura de pelo”.

“Sería irrelevante que el forense del caso 8-M sea Legionario de Cristo si su trabajo fuera profesional. Pero, cuando no aporta evidencia científica más allá de la fe y escribe párrafos vergonzantes, ayuda a entender las cosas”, arremetía el martes el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, después de que se le vinculara a la organización Regnum Christi, relacionada con la congregación católica ultraconservadora. Como avanzó el digital El Plural, este colectivo tiene publicado en su blog y redes sociales una entrevista con él donde se declara miembro, además de participar en al menos una charla respaldada por este grupo y presentarlo como “parte de la Comisión Territorial para la Revisión de los Estatutos del Regnum Christi”.

Su nombre también consta en el panel del Congreso organizado en 2006 por la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas, donde ofreció una conferencia titulada La terapia del perdón en una sociedad endurecida. En esa misma convención se programaron otras conferencias como Diferencias sexuales y prevención de la homosexualidad, y la clausura corrió a cargo de Juan Antonio Reig, obispo de Alcalá de Henares y conocido por respaldar “terapias para curar la homosexualidad”.

EL PAÍS se ha puesto en contacto con Lorenzo, que no ha querido manifestarse sobre todos estos detalles: “No es posible, ya que el asunto judicial está en curso y no debo, ni puedo, realizar manifestaciones sobre ello, por obvias razones. Mis informes, todos y no solo este que hoy está en boga, se entregan solamente a los jueces”, ha respondido a través de un correo electrónico.

La derecha se lanza al ataque

La derecha se ha agarrado con fuerza a las palabras del forense. “Es un informe demoledor. Señala que ‘la hecatombe se veía venir’, que el Gobierno subestimó la gravedad de la covid, y que actuó tarde y mal. Afirma que justo después de las manifestaciones la situación ya era dramática. Lo sabían”, se lanzó Pablo Casado (PP) el mismo lunes. El Gobierno, mientras tanto, se defiende. “Seguimos todas las recomendaciones y, de acuerdo con los casos que nos notificaban las comunidades autónomas, no había en aquel momento evidencia de transmisión comunitaria sostenida en nuestro país, había evidencia de transmisión con brotes locales”, explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el martes.

“Siempre hemos actuado valorando toda la información epidemiológica disponible. No hemos menospreciado ningún riesgo y todas las respuestas que hemos dado a la pandemia se han tomado con la mayor celeridad posible”, añadió Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), también señalado por el forense en el segundo informe que ha aportado a una causa donde solo se encuentra imputado por prevaricación al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco.

Respuesta a la Abogacía

La Abogacía del Estado, que defiende en este caso a Franco, ya cargó en un escrito contra el primer informe de Lorenzo. Según expuso este órgano, la polémica afirmación del forense en ese documento —“De haberse evitado [las movilizaciones], se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”— estaba “huérfana de apoyo técnico”. “No tiene ningún sustento científico, ni técnico. Y el forense no la razona, ni argumenta, ni la apoya en ningún dato objetivo”, decía, antes de añadir: “Máxime cuando las opiniones de los expertos niegan la relevancia en términos de expansión de un evento de las características de una manifestación (en un espacio abierto, sin que sea frecuente un contacto estrecho entre los participantes) en relación con la exposición al virus que se pudo producir esos días en el desarrollo ordinario de la vida social en Madrid”

Lorenzo aprovecha su segundo informe para responder que “no hace falta mucha explicación para comprender que, [en las concentraciones], las distancias interpersonales son menores de dos metros”: “Es lógico y hasta la ministra Irene Montero lo reconocía en varias ocasiones durante su espontánea —y por lo tanto sincera— manifestación ante unas cámaras de televisión”, en referencia al off the record utilizado por la Guardia Civil para afianzar su tesis del caso 8-M. Y Rodríguez-Medel ha defendido en un auto la “clara utilidad” de su opinión: “Permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento en el periodo que nos ocupa de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio, y también determinar desde cuándo se tiene ese conocimiento (clave a efectos de valorar si, en su caso, se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia)”.