Diferencias en la empresa promotora ponen en peligro la construcción de un polémico campo de golf en la Costa del Sol

Una de las mayores inversiones a medio plazo planeadas en la Costa del Sol, la construcción de un campo de golf de 18 hoyos con hoteles junto a los acantilados de Maro (Nerja), afronta un periodo incierto. Bárbara Gutiérrez-Maturana-Larios, una de las cuatro personas accionistas del holding Mazacruz, sociedad que promueve a través de su firma Salsa Inmobiliaria la construcción del complejo turístico, asegura que la compañía no está en condiciones de levantarlo. “Ahora mismo no tenemos la capacidad real de ...

Una de las mayores inversiones a medio plazo planeadas en la Costa del Sol, la construcción de un campo de golf de 18 hoyos con hoteles junto a los acantilados de Maro (Nerja), afronta un periodo incierto. Bárbara Gutiérrez-Maturana-Larios, una de las cuatro personas accionistas del holding Mazacruz, sociedad que promueve a través de su firma Salsa Inmobiliaria la construcción del complejo turístico, asegura que la compañía no está en condiciones de levantarlo. “Ahora mismo no tenemos la capacidad real de comprometernos con un proyecto de estas dimensiones”, asegura Gutiérrez-Maturana. Dice que es “imposible”. No solo porque no tienen activos para iniciar una inversión que supera los 300 millones de euros, sino también porque tanto ella como su hermana Christina y su madre Bárbara Kalachnikoff han solicitado la liquidación de la empresa por diferencias en la gestión, de la que se encarga su hermano Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna. El proceso se encuentra en el Tribunal Constitucional.

“No somos unos empresarios anónimos en Málaga. Tenemos una responsabilidad por nuestra historia. Y hacer un proyecto que no eleva la calidad de la provincia ni de su empleo no tiene sentido”, subraya Gutiérrez-Maturana-Larios, que critica el trabajo de su hermano, actual consejero delegado. Las tres mujeres tienen casi tres cuartas partes de las acciones y Altuna algo más del 25% restante. Él es parte minoritaria, pero sus participaciones valen por tres en virtud de la donación que le hizo su padre, el marqués de Paúl, según explica el abogado Bernardo Cremades. “No tiene la mayoría de capital, pero sí la mayoría de los votos”, insiste el letrado, quien explica que la liquidación de la compañía quedó acordada en primavera de 2017 tras un arbitraje ejercido por Rafael Jiménez de Parga. El consejero delegado lo recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde le dieron la razón. Las otras tres accionistas pidieron entonces un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que lo admitió a trámite el pasado septiembre y aún no se ha pronunciado. “Estamos en un conflicto y no me parece correcto el anuncio de proyectos que la empresa no puede hacer”, subraya Gutiérrez-Maturana-Larios.

Con la sociedad en un proceso judicial y sin capacidad económica, según una de las accionistas, la web de Salsa Inmobiliaria publicó a mediados de abril el proyecto. “Maro Golf es un nuevo proyecto ilusionante en el que estamos trabajando”, explica el texto en la página. Lo acompaña un vídeo donde se explican los detalles: está dibujado con hotel incluido en una parcela —propiedad de la firma— de un millón de metros cuadrados de extensión en los acantilados de Maro, una pedanía de Nerja donde residen unos 700 habitantes. En otra finca al norte de la carretera Nacional 340 se plantea también un hotel de cinco estrellas de gran lujo y un máximo de 680 viviendas. Todo en diez años, con una inversión de 311 millones de euros y la creación de 1.600 empleos, según la empresa. Fue el primer campo de golf en promoverse después de que la Junta de Andalucía modificara por decreto 27 leyes por la vía de urgencia el 2 de abril. Un hecho recurrido por el Gobierno, que ha solicitado su suspensión inmediata.

El plan inmobiliario cuenta con un fuerte rechazo social, reunido en la iniciativa Otro Maro y Nerja es posible y manifestado en la recogida de más de 18.000 firmas para evitar su construcción. Sin embargo, el Ayuntamiento de Nerja —liderado por el PP, que en su programa electoral incluía un campo de golf— apoya el proyecto “limitándolo siempre “a que esté sujeto a la normativa”, según explicó a EL PAÍS Nieves Atencia, concejal de urbanismo nerjeña, quien definió al proyecto como “un sueño empresarial”. El consistorio publicó en marzo un convenio que preveía “compensar” a Salsa Inmobiliaria por una serie de suelos que el municipio ha ido solicitando en los últimos años a la empresa. El acuerdo incluye la recalificación de suelo y un pago de 1,2 millones de euros de la inmobiliaria a las arcas municipales. En el Ayuntamiento dicen no saber nada de los problemas de la empresa. “Empezar un proyecto así y dejarlo a medias puede ser un desastre”, dice Bárbara Gutiérrez-Maturana-Larios.

Mazacruz es una sociedad bajo la que se ubican Salsa Inmobiliaria, Salsa Patrimonio y Salsa Agrícola. Esta última gestiona el cultivo de aguacate en grandes terrenos en la comarca de la Axarquía. Las dos primeras administran edificios —muchos en la calle Larios, la arteria principal y más cara de Málaga— y fincas donde los Larios pasaron de cultivar caña de azúcar a promover viviendas. El holding también incluye La Dehesa de los Llanos, explotación agrícola y ganadera de 10.000 hectáreas en Albacete. La plantilla global supera los 150 trabajadores y el patrimonio total está valorado en más de 600 millones. “Pero la empresa tiene problemas de capital”, subraya la hermana del consejero delegado, con quien este periódico no ha conseguido ponerse en contacto.

El convenio para la construcción del campo de golf se encuentran en periodo de alegaciones. Ecologistas en Acción presentó el pasado 4 de junio 16 alegaciones a la construcción del campo de golf referidos “a aspectos formales, morales, políticos y jurídicos” que la asociación “ha encontrado inaceptables”, según recoge el documento. La entidad considera que el convenio entre la empresa y el Ayuntamiento “está desfasado”, que el campo de golf y las viviendas “son innecesarias” y critica el “daño irreparable” sobre bienes patrimoniales, fauna y flora de la zona que tendría el proyecto.