El Gobierno saca adelante el decreto de justicia con la mayoría de la investidura y sin Ciudadanos
El Ejecutivo recupera a ERC, mientras el partido de Inés Arrimadas respalda las medidas económicas
El Gobierno vuelve a la mayoría que logró en la investidura de Pedro Sánchez para sacar adelante el decreto de medidas para la justicia, que ha sido aprobado con el apoyo del PNV y ERC, y sin Ciudadanos. Esquerra Republicana ha decidido finalmente apoyar los dos reales decretos que el Gobierno ha conseguido convalidar en la sesión del Congreso de este miércoles, el de reorganización de la justicia ante el parón generado por la covid-19 y...
El Gobierno vuelve a la mayoría que logró en la investidura de Pedro Sánchez para sacar adelante el decreto de medidas para la justicia, que ha sido aprobado con el apoyo del PNV y ERC, y sin Ciudadanos. Esquerra Republicana ha decidido finalmente apoyar los dos reales decretos que el Gobierno ha conseguido convalidar en la sesión del Congreso de este miércoles, el de reorganización de la justicia ante el parón generado por la covid-19 y el de medidas urgentes para la economía y el empleo. En cambio, Ciudadanos se ha caído del respaldo al decreto de justicia, aunque sí ha apoyado las medidas económicas. Los decretos, que serán tramitados como proyecto de ley por procedimiento de urgencia, han tenido el voto en contra de PP y Vox y la abstención de Bildu.
El pleno de hoy demuestra que la votación de la cuarta prórroga no ha dado paso a una nueva mayoría estable, y el apoyo de Ciudadanos a las medidas del Gobierno dependerá de cada caso. A la vez, ERC vuelve a acercarse al Ejecutivo: después de su no al estado de alarma, hoy le ha salvado de que no decayeran las medidas de justicia, porque tras el rechazo de Ciudadanos la norma no tenía apoyos suficientes. Al final, ha salido adelante con 178 votos afirmativos, dos menos que la mayoría de la investidura de Sánchez. El decreto de medidas económicas ha logrado una mayoría más holgada, de 201 votos a favor.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha agradecido a las distintas comunidades autónomas por su compromiso con la elaboración del texto, con especial referencia a Cataluña. La diputada Carolina Telechea, de ERC, ha pedido que ese apoyo vaya más allá de “las buenas palabras” y ha solicitado que el Gobierno responda por compromisos que tiene pendientes con el departamento de Justicia de la Generalitat, como la deuda para financiar la justicia gratuita o las gratificaciones extraordinarias por la puesta en marcha de 14 nuevos órganos judiciales. Esquerra está a cargo de la cartera de Justicia en la Generalitat y Junts per Catalunya ha votado en contra del decreto ley, con lo cual se escenifica en el Congreso un nuevo desencuentro entre los socios del Govern.
El PNV también ha dado su apoyo a la convalidación del decreto, repitiendo así la suma que permitió la investidura de Pedro Sánchez. El diputado Mikel Legarda ha lamentado que muchas de las medidas son “un brindis al sol” y ha compartido sus críticas a las expresadas por miembros del grupo mixto, como Bildu, Junts per Catalunya o la CUP respecto a que no tiene sentido poner como medida estrella la telematización de procesos cuando la realidad de los juzgados es aún muy analógica. “Falta inversión, formación y herrramientas”, ha agregado Legarda.
Ciudadanos, por su parte, sigue la filosofía de votación a votación, e insiste en que su apoyo a la prórroga de la alarma no ha inaugurado una alianza estable con el Gobierno. La formación de Inés Arrimadas no ha apoyado hoy el decreto ley de justicia contra el colapso por la pandemia. “Usted ha incendiado el campo de la justicia”, ha criticado el portavoz de Cs, Edmundo Bal, al ministro Campo, en un juego de palabras con su apellido. “Hoy le tenemos que votar que no. Esto es lo que se llama política útil. Mano tendida, pero exigiendo consenso. No unilateralidad e improvisación”, ha defendido el portavoz de Cs.
La negociación entre el Gobierno y Cs encalló en las últimas 48 horas porque el Ejecutivo, según fuentes del partido de Arrimadas, “no movió ficha” y se mantuvo firme en la propuesta de habilitar el mes de agosto para los juicios. En opinión de Cs, esa medida perjudicaría a los pequeños y medianos abogados, procuradores y peritos, que no podrían disfrutar de vacaciones porque al habilitar el mes correrán los plazos judiciales.
La habilitación de los juzgados durante el mes de agosto era también un escollo para el PNV, aunque finalmente ha votado a favor. El decreto aprobado en Consejo de Ministros establece que agosto sea hábil del 11 al 31, con el objetivo de tratar de paliar el colapso en la justicia, tras dos meses de parón por el estado de alarma. Durante el confinamiento, las oficinas judiciales han llevado a cabo tan solo el 20% del trabajo que habrían realizado en circunstancias normales, ha explicado el ministro de Justicia durante el pleno. Eso significa que los próximos meses tendrán que atender los asuntos que se generen más el 80% de trabajo atrasado. Con el añadido de que se espera un aumento de litigiosidad por las consecuencias de la crisis. Por ejemplo, según los datos de Justicia, los concursos de acreredores van a aumentar un 246% este año y un 619% para el año que viene. “En la justicia, el colapso puede venir una vez que se levante el estado de alarma", ha advertido Juan Carlos Campo a los grupos desde la tribuna. “La no convalidación del decreto tendría consecuencias dramáticas”, ha alertado.
El ministro de Justicia ha defendido que el decreto ha sido consensuado con las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, y negociado con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y los colegios profesionales. En la negociación participó el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, que es también el responsable de Justicia en el PP, pero Pablo Casado decidió desvincular al PP y han votado en contra. El diputado del PP Carlos Rojas ha cargado en el pleno contra la “caterva de errores y mediocridades” que a su juicio contiene la norma, y contra la falta de consenso con los operadores jurídicos.
El no de Ciudadanos llega después de la reunión telemática del martes entre Pedro Sánchez e Inés Arrimadas para avanzar en posibles acuerdos sobre el estado de alarma y las medidas de reconstrucción económica y social. En ese encuentro, el primero de los contactos semanales que pactaron mantener Sánchez y Arrimadas, la líder de Cs transmitió al presidente que no le garantiza ningún apoyo a priori, pero que sí está dispuesta a ir hablando “votación a votación". El partido no anticipa su apoyo tampoco a la próxima prórroga del estado de alarma. Este miércoles, Arrimadas ha enfatizado en Antena 3 que el Gobierno tendrá que negociar con ellos cada voto. “No le garanticé el apoyo a nada”, ha remarcado.
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