El Gobierno apunta que el confinamiento para los asintomáticos sería voluntario

El Gobierno aún no tiene nada claro cómo desarrollará uno de los principales planes para el llamado desescalamiento, esto es el confinamiento en hoteles y otro tipo de instalaciones de los positivos asintomáticos. En los últimos días ha habido declaraciones contradictorias. El lunes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, apuntó claramente que será un confinamiento voluntario para quien lo desee. Pero después, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apuntó que también se estudiarán fórmulas para los que se nieguen por completo a aislarse. Fuentes del Ejecutivo aclaran que la fórmula no est...

El Gobierno aún no tiene nada claro cómo desarrollará uno de los principales planes para el llamado desescalamiento, esto es el confinamiento en hoteles y otro tipo de instalaciones de los positivos asintomáticos. En los últimos días ha habido declaraciones contradictorias. El lunes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, apuntó claramente que será un confinamiento voluntario para quien lo desee. Pero después, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apuntó que también se estudiarán fórmulas para los que se nieguen por completo a aislarse. Fuentes del Ejecutivo aclaran que la fórmula no está cerrada porque no es inminente su aplicación, pero la idea es que sea voluntario.

“Es una opción que podría ser para personas que así lo soliciten, bien porque sus domicilios no reúnen condiciones para el aislamiento o por otro tipo de consideraciones”, sentenció Illa en una rueda de prensa a mediodía. El domingo, el presidente Pedro Sánchez pidió a los líderes autonómicos, en una reunión por videoconferencia, que le faciliten una lista de instalaciones posibles para trasladar a positivos asintomáticos cuando se generalice el uso de los test y se pueda identificar con claridad a estos colectivos.

La idea que maneja el Gobierno para empezar a relajar el confinamiento en cuanto se pueda —aunque Sánchez ya avisó de que habrá más prórrogas del periodo de alarma— es similar al plan que se ha utilizado en países asiáticos, que implica hacer test masivos y utilizar también la tecnología para localizar de la forma más precisa posible dónde están los contagiados, en especial los asintomáticos, que son los más peligrosos puesto que al sentirse bien creen que no contagian y se mueven más y contribuyen a difundir el virus. Para ejecutar esa idea, está pensando en aislar a esos asintomáticos en hoteles o instalaciones adecuadas. Illa admitió que el Ejecutivo trabaja en “distintas opciones”, pero “siempre en el marco de una actitud de prudencia”.

Cada vez que algún responsable del Ejecutivo plantea este asunto, añade inmediatamente que todo se hará dentro del respeto a los derechos fundamentales. Ese es el problema. Una cosa es prohibir a todo el mundo que salga de casa más que para lo imprescindible y otra obligar a los ciudadanos a que abandonen sus domicilios si no quieren hacerlo. Por la tarde, el ministro de Justicia detalló un poco más el análisis jurídico.

Admitió que Sanidad “aún no tiene articulado” el sistema y planteó una serie de escenarios posibles. “¿Qué diríamos todos nosotros si conociendo que alguien es positivo no se aísla voluntariamente?”, se preguntó para explicar después los casos más evidentes. “No podemos homogeneizar todos los supuestos. Por ejemplo, si alguien vive con sus padres octogenarios y da positivo en un test, puede pedir llévenme a un sitio para no contagiar a mis padres. Puede haber otro caso, de aquel que de manera voluntaria no quiere estar solo en su casa si es positivo por miedo, algo muy humano. Y, por último, está el reticente, el asintomático que puede contagiar y tiene la obligación de no hacerlo. El Código Penal establece la posibilidad de condenar al que voluntariamente contagia. ¿Y si no quiere irse? Ahí está el debate, pero sí les digo que el estado de alarma no supone una rebaja del Estado de derecho. En absoluto. Por eso se pedirán los informes pertinentes y se actuará”, dijo Campo dejando claro que de momento se trata de un debate interno en el Gobierno y un elemento central del plan de salida, pero no una medida desarrollada jurídicamente.

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