Una juez investiga si hubo delito en permitir la marcha del 8-M ante la expansión del coronavirus

Los tribunales comienzan a poner la lupa en la respuesta del Ejecutivo a la crisis del coronavirus. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, responsable del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid e impulsora de la investigación del caso máster que acabó con la carrera política de Cristina Cifuentes, ha acordado abrir diligencias contra el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, por permitir la celebración de ...

Los tribunales comienzan a poner la lupa en la respuesta del Ejecutivo a la crisis del coronavirus. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, responsable del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid e impulsora de la investigación del caso máster que acabó con la carrera política de Cristina Cifuentes, ha acordado abrir diligencias contra el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, por permitir la celebración de actos multitudinarios en la región —entre otros, la marcha del 8-M— pese a la existencia de un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) que ya llamaba, a principios de marzo, a “evitar” este tipo de concentraciones. Según un auto del 23 de marzo, la juez pide a la Guardia Civil y a los forenses que practiquen una batería de pesquisas.

Rodríguez-Medel toma esta decisión al apreciar la existencia de posibles delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional, a raíz de la presentación de la denuncia de un particular. Este relataba en su escrito que en la Comunidad de Madrid se produjeron 77 reuniones multitudinarias desde que el Centro Europeo emitiera su informe. Y, por tanto, la juez quiere averiguar si en el momento en el que la delegación del Gobierno decidió permitirlas “se tenían suficientes datos para prohibirlas legalmente por razones sanitarias”. Pese a ello, la propia magistrada reconoce la dificultad de saber si esta actitud “merece reproche penal” debido a “lo absolutamente excepcional de los hechos” y la falta de jurisprudencia.

Aun así, “resulta imprescindible incoar diligencias previas y practicar las diligencias que se dirán, a fin de clarificar si estamos o no ante hechos delictivos”, prosigue entonces la instructora, que pone sobre la mesa una serie de preguntas planteadas también previamente por el denunciante: “¿El informe del Centro Europeo fue remitido oficialmente a España?, ¿a qué autoridades?, ¿lo recepcionó oficialmente la delegación del Gobierno de Madrid?, ¿se le instó oficialmente a prohibir estas concentraciones en base al mismo o a otro documento oficial que alertara sobre los peligros para la salud pública debido al coronavirus?; por el contrario ¿se dio orden expresa al delegado del Gobierno de Madrid de no prohibirlas?”. “Sobre estas cuestiones, todo son interrogantes”, apostilla Rodríguez-Medel.

Para resolver estas preguntas, la instructora encarga una serie de pesquisas al médico forense y a la Guardia Civil. Entre otras, pide al primero un informe sobre si las manifestaciones “fueron susceptibles de causar un riesgo para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración”. También, si existen evidencias de que este peligro se “materializó”: “A la vista de las personalidades relevantes que acudieron a alguna de dichas manifestaciones y que han resultado contagiadas por el virus”.

Al instituto armado le solicita, por su parte, que siga el rastro del informe del Centro Europeo y si este se difundió entre las administraciones españolas —“Concretamente, si se remitió a la delegación del Gobierno en Madrid”—, además de averiguar si las autoridades sanitarias dieron algún tipo de recomendación o advertencia al órgano encabezado por Franco de cara a las concentraciones.

Aunque Rodríguez-Medel aceptar dar este paso contra Franco, quien también ocupa actualmente el cargo de secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), la juez rechaza abrir diligencias contra el resto de delegados autonómicos del Gobierno y contra el propio presidente, Pedro Sánchez, como pretendía el denunciante. La magistrada recuerda en su auto que carece de competencia territoriales sobre los primeros y que, por su parte, el jefe del Ejecutivo se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo.

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