El Gobierno blinda la presencia de Iglesias en la comisión que controla los servicios secretos

El Gobierno ha aprovechado el decreto ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto social y económico del coronavirus para blindar la presencia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la comisión que controla los servicios secretos. El decreto ley, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, incluye una disposición final que modifica la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia de 2002, por la que se rig...

El Gobierno ha aprovechado el decreto ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto social y económico del coronavirus para blindar la presencia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la comisión que controla los servicios secretos. El decreto ley, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, incluye una disposición final que modifica la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia de 2002, por la que se rige la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.

Según la nueva redacción, dicha comisión estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe el presidente e integrada, además, “por los vicepresidentes del Gobierno designados por el presidente del Gobierno” y por las ministras de Exteriores y Defensa, además del ministro del Interior, la ministra de Economía, el director del gabinete del presidente, el secretario de Estado de Seguridad y la directora del CNI, que actuará como secretaria". Hasta ahora solo figuraba como miembro de la comisión un único vicepresidente, que era quien la presidía.

El Gobierno aprobó el 25 de febrero un decreto por el que ampliaba la composición de dicha comisión para incluir en la misma al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. La medida fue inmediatamente recurrida por Vox, que presentó un recurso ante el Tribunal Supremo y pidió la suspensión cautelar de su entrada en vigor, alegando que se trataba de modificar fraudulentamente una ley por la vía de un decreto, una norma de rango inferior. Con la disposición final aprobada ayer, cuyo contenido adelantó El Confidencial, el Gobierno sortea este recurso pues, incluso si el Supremo diera la razón a Vox, Iglesias seguiría en la comisión en virtud del nuevo decreto ley.

Entre las funciones de la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia figuran la de proponer los objetivos anuales del CNI, que se plasman en la Directiva de Inteligencia firmada por el presidente del Gobierno; realizar un seguimiento de su desarrollo; y velar por la coordinación del servicio secreto con los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil. Su presencia en la comisión permitirá a Iglesias acceder a los secretos de Estado, pero le obligará legalmente a guardar reserva sobre los mismos.

Cuando se aprobó el decreto el Gobierno aseguró que, aunque la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, estuviera ausente, Iglesias no presidiría la comisión, sino que lo haría la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya que el vicepresidente segundo no figuraba entre los miembros de la misma o enumerados por la ley. Curiosamente, en la nueva redacción de este artículo, se identifica a los actuales miembros del Gobierno por su género (habla de “la ministra” de Defensa, “la ministra” de Exteriores o “el ministro del Interior”); en cambio, dice que la comisión será presidida por “el vicepresidente que designe el presidente del Gobierno”. En masculino.

En el debate celebrado este miércoles en el pleno del Congreso, el presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de “poco decorosa” la modificación de la ley de la CNI a través del decreto ley de medidas urgentes contra los efectos de la pandemia.

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