Aborto en Argentina

En su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se comprometió el pasado domingo a presentar en el plazo de 10 días un proyecto de ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras semanas de gestación. Será el noveno intento de despenalizar el aborto en Argentina, cuyo Código Penal castiga con penas de hasta cuatro años de cárcel a las mujeres que lo hagan fuera de los supuestos legales. La actual normativa solo permite abortar en caso de violación o cuando ponga en riesgo la salud de la madre, pero la aplicación de e...

En su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se comprometió el pasado domingo a presentar en el plazo de 10 días un proyecto de ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras semanas de gestación. Será el noveno intento de despenalizar el aborto en Argentina, cuyo Código Penal castiga con penas de hasta cuatro años de cárcel a las mujeres que lo hagan fuera de los supuestos legales. La actual normativa solo permite abortar en caso de violación o cuando ponga en riesgo la salud de la madre, pero la aplicación de estos supuestos depende de unos protocolos que crean una gran inseguridad jurídica.

Como se ha demostrado tantas veces en los países con legislación prohibicionista, la penalización del aborto no impide los embarazos no deseados y lo único que hace es obligar a las mujeres con menos recursos a abortar en condiciones de clandestinidad que ponen en riesgo su vida. Aunque no hay, por razones obvias, estadísticas fiables, algunos estudios estiman que muere una mujer cada semana por un aborto clandestino.

Las mujeres argentinas llevan años de movilización, con el pañuelo verde como símbolo, para exigir el aborto libre, seguro y gratuito. En 2018 lograron reunir a cerca de un millón de personas en Buenos Aires. Ese año, bajo la presidencia de Mauricio Macri, que se oponía al proyecto, la Cámara de Diputados debatió y aprobó una proposición de ley de despenalización que decayó al llegar al Senado, al ser rechazada por 38 votos contra 31. En la campaña de las presidenciales de octubre pasado el actual presidente defendió la necesidad de cambiar la legislación, esta vez con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, que cuando fue presidenta de Argentina no impulsó la despenalización pero en 2018 votó a favor del proyecto rechazado en el Senado. La marea verde volvió a llenar las calles de Buenos Aires el pasado 19 de febrero para exigir el cumplimiento del compromiso.

El peronismo tiene ahora mayoría en el Senado, pero existe inquietud entre los partidarios del cambio porque no todos los parlamentarios de esta fuerza política están de acuerdo con la despenalización. Un país avanzado como la Argentina no puede condenar a las mujeres a elegir entre seguir con un embarazo no deseado o poner en riesgo su vida en un aborto clandestino. Este nuevo intento debería ser el definitivo. El proyecto de ley irá acompañado de una medida que puede allanar la discusión en ciertos sectores de la Iglesia católica: la concesión de ayudas económicas durante dos años para las mujeres sin recursos que quieran llevar adelante el embarazo. La despenalización del aborto en Argentina sería un importante estímulo pera un cambio en el resto de países latinoamericanos que todavía lo castigan con penas de cárcel.