Periodistas, jueces y políticos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido esta semana estudiar los indultos para los líderes independentistas juzgados y ha manifestado su deseo de que la sentencia no comprometa “el diálogo”. Luego matizó sus palabras, pero no es la primera vez que el mesianismo atolondrado del político produce situaciones que van de la incomodidad a la indignación. Los independentistas y sus apol...

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido esta semana estudiar los indultos para los líderes independentistas juzgados y ha manifestado su deseo de que la sentencia no comprometa “el diálogo”. Luego matizó sus palabras, pero no es la primera vez que el mesianismo atolondrado del político produce situaciones que van de la incomodidad a la indignación. Los independentistas y sus apologetas dan una importancia excesiva a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut como combustible para el secesionismo, pero la promesa de Zapatero de aprobar la norma que llegara de Cataluña fue desafortunada. Tampoco resultó una gran idea la Alianza de Civilizaciones que apadrinó con Erdogan, por no hablar de su mediación en Venezuela. Sorprende que hable de indultos después del controvertido perdón al exbanquero Alfredo Sáenz, concedido cuando el PSOE ya había perdido las elecciones. Pero sorprende todavía más la ligereza hacia la división de poderes y el Estado de derecho.

Vimos algo parecido en el caso de La Manada. El sistema judicial ha funcionado. El debate social generado permitió plantear dudas sobre la legislación e iluminar muchos aspectos. Pero hubo también una buena cantidad de demagogia, deshonestidad e intoxicación: falsedades acerca de la interpretación de los jueces diciendo que no habían creído a la víctima; distorsiones sobre el Código Penal y la naturaleza de los delitos de abuso y agresión sexual, que son dos variantes de la violación; la idea de que la condena inicial era una absolución; ataques personales a los jueces; incluso el pasmoso cuestionamiento del derecho a la defensa. Numerosos periodistas, en lugar de hacer su trabajo informativo, se comportaron como activistas en el mejor de los casos. Algunos, aficionados a denunciar el populismo punitivo, parecían alentarlo en este caso. Los defensores del fact-checking decían que, aquí, lo que contaban eran las percepciones. La irresponsabilidad de los políticos ha seguido después de la sentencia del Supremo: dirigentes de Podemos han atribuido el cambio en la tipificación del delito a la “presión social”, al igual que hizo un político de Vox (unos se felicitaban y otro se lamentaba, pero sus ideas son en muchos sentidos simétricas). El presidente del Gobierno repetía la falacia sobre abuso y violación. Es triste, ciertamente. Pero, a estas alturas, todos sabemos que lo que cuenta es publicar la leyenda. @gascondaniel