Los activistas atacados necesitan ayuda urgente

Imagina que lideras una organización feminista sin fines de lucro en Egipto. Tu trabajo implica empoderar a las mujeres y presionar al Gobierno para que respete y proteja sus derechos. En un Egipto represivo, a las autoridades no les gusta lo que haces y quieren que lo dejes. Por eso, te atacan: te prohíben viajar, congelan todos tus activos y te acusan de recibir fondos extranjeros ilegales para tu organización, lo que te podría llevar a prisión de por vida si eres declarado culpable por los tribunales notoriamente parciales egipcios. En interrogatorios agresivos y amenazantes, los funcionarios te presionan para que cierres tu entidad voluntariamente, o las cosas podrían empeorar para ti.

¿Entonces, qué haces? Como un activista de derechos determinado, por supuesto, tienes la intención de desafiar este ataque a tus libertades fundamentales de expresión y asociación. Pero necesitas ayuda urgente para contraatacar. Una cosa que puedes hacer es solicitar fondos de emergencia para la atención de crisis que otras organizaciones ofrecen específicamente para casos como el tuyo, y así poder lanzar una campaña legal y social contra la amenaza del Estado.

De hecho, esto es lo que hizo la jefa de una organización de la sociedad civil feminista egipcia, y muchas otras activistas y entidades, para enfrentar con éxito un escenario así. Los fondos que se desembolsaron rápidamente le permitieron continuar su trabajo al mismo tiempo que establecía un diálogo con varios representantes gubernamentales sobre la importancia de la sociedad civil en Egipto, y lanzó una campaña en los medios para atraer la atención y el apoyo internacional. El resultado: ella y su organización tuvieron la libertad de seguir su labor gracias a estos esfuerzos.

Sorprendentemente, el 96% de la población mundial vive actualmente en países donde sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica no se respetan y protegen adecuadamente, según el informe Monitor de Civicus, una plataforma online que rastrea las amenazas a la sociedad civil en países de todo el planeta. Estamos presenciando niveles de restricciones de estos derechos sin precedentes.

El apoyo económico de emergencia ha llevado a la enmienda y derogación de leyes y proyectos de ley que amenazan a la sociedad civil, activistas y defensores de los derechos humanos en Zambia, Nigeria, Mongolia o la República Democrática del Congo

Los subsidios para crisis, emergencias y resistencia, también conocidos como mecanismos de respuesta rápida (RRM, por sus siglas en inglés) se han convertido en un salvavidas para muchas organizaciones de la sociedad civil y grupos, que se están convirtiendo cada vez más en blanco de ataques y violaciones sin precedentes por parte de fuerzas estatales y no estatales en un intento de restringir las libertades y reducir el espacio cívico.

Estos mecanismos están diseñados para entregar de manera expeditiva subvenciones a corto plazo, de hasta 10.000 dólares en promedio, con muy pocos requisitos. Esto permite a las organizaciones y los grupos movilizar rápidamente los recursos necesarios para responder de manera efectiva a las amenazas y llevar a cabo su trabajo en espacios altamente restringidos y cerrados.

La buena noticia es que el uso de mecanismos de respuesta rápida está en aumento y cada vez más donantes locales e internacionales, agencias de ayuda y redes de derechos humanos están dispuestos a hacer donaciones de emergencia a las organizaciones, movimientos y grupos en riesgo. Pero el desafío a menudo es obtener el dinero y ayudarles puede resultar mucho más difícil, lento y más arriesgado de lo que se piensa.

Las barreras son a menudo geográficas, logísticas y legales. La alianza global de la sociedad civil Civicus estableció un Fondo de Respuesta a Crisis en 2007 y ha otorgado casi 350 subvenciones en África, Oriente Medio, Asia, Eurasia, América Latina y el Caribe. Los desafíos con los que se ha enfrentado este Fondo incluyen el procesamiento de las aplicaciones en plazo, las verificaciones de las organizaciones y los grupos afectados, las barreras lingüísticas y la capacidad del personal. Las solicitudes de financiación a menudo se rechazan cuando las organizaciones solicitantes están fuera del mandato del Fondo o no cumplen con los requisitos mínimos.

Proporcionar fondos de respuesta rápida es especialmente difícil para las organizaciones que trabajan en espacios cívicos restringidos o cerrados, donde operan ilegalmente y los activistas corren el riesgo de ser encarcelados y represaliados, o donde hay restricciones a la financiación extranjera. En estos casos, la seguridad es una prioridad máxima, por lo que la ayuda se desembolsa rápidamente y de la forma más cuidadosa posible. Desafortunadamente, la legislación contra estas entidades y activistas se ha vuelto cada vez más común. Según un informe reciente de Amnistía Internacional, al menos 50 países han aprobado en los últimos años leyes arbitrarias que limitan el trabajo de las entidades y dificultan su acceso a financiación.

Es necesario encontrar soluciones innovadoras para apoyar a organizaciones que están enfrentando problemas a través de estos mecanismos de financiación de emergencia. Este es el foco de la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2019, que se ha celebrado esta semana en Belgrado, Serbia.

También hay barreras lingüísticas y de visibilidad que dificultan llegar a grupos y organizaciones de la sociedad civil minoritarias, especialmente debido a la dependencia excesiva de los procesos digitales que excluyen a muchos grupos vulnerables. Por ejemplo, llegar de manera proactiva a los grupos indígenas o que no entienden los idiomas más hablados sigue siendo un desafío para quienes pueden prestarles ayuda, como el Fondo de Respuesta a Crisis de Civicus. La respuesta ha sido mejorar los procesos de traducción para conectar mejor con estos grupos y asegurar el alcance, la sostenibilidad y la rendición de cuentas.

Con todo, los fondos de respuesta rápida han contribuido a lograr victorias en muchos países. Este apoyo ha llevado a la enmienda y derogación de leyes y proyectos de ley que amenazan a la sociedad civil, activistas y defensores de los derechos humanos en Zambia, Nigeria, Mongolia, la República Democrática del Congo y Moldavia, por ejemplo.

Pero, para que los mecanismos de respuesta rápida funcionen mejor, de manera más segura, más rápida y más inclusiva, necesitamos ver a todas las partes interesadas —líderes de la sociedad civil, organizaciones y grupos, donantes y mecanismos de respuesta tanto rápidos como tradicionales—, colaborar estratégicamente a nivel local y global, y aprender unos de otros.

Lesego Moshikaro es investigador sobre financiación de respuesta rápida con Civicus, una alianza global de organizaciones de la sociedad civil. Yessenia Soto es miembro del equipo de participación comunitaria en la misma organización.

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