Del dicho al hecho
Diez años después de la entrada en vigor de la ley sobre comercio de armas aún queda mucho por cumplir
Un importante paso adelante, pero no definitivo. Así valoramos la entrada en vigor hace 10 años de la Ley española sobre comercio de armas. Cuando en 1994 lanzamos la campaña “Secretos que Matan” sobre la transparencia en el comercio de armas buscábamos saber qué armas vendía España y a dónde. Ese era un elemento clave en esa ley, de cuya entrada en vigor hoy se cumplen diez años, una buena ocasión para hacer balance.
La melodía de la Ley suena bien, pues supone rendir cuentas ante el Parlamento con un informe semestral y anual sobre las exportaciones de armas que cada vez es más detallado y una comparecencia parlamentaria anual. Sin embargo, las razones de las ventas de armas Marca España siguen siendo secretas.
La prueba del algodón reside en saber si el Gobierno cumple la premisa máxima de la Ley: denegar, suspender o revocar las autorizaciones cuando existan indicios racionales de que puedan utilizarse en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad, exacerbar tensiones o conflictos, ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, para la represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, o vayan a países con evidencia de desvío.
Del dicho (lo que establece la Ley) al hecho (su aplicación), hay un trecho. Los informes sobre las exportaciones españolas de armas de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón señalan numerosas operaciones preocupantes en estos 10 años y recomendaciones para mejorar el análisis de riesgo de las exportaciones, la transparencia, el control posventa y el control parlamentario que, para las autorizaciones más sensibles, debe ser previo a la autorización, como ocurre por ejemplo en EE. UU., el mayor exportador de armas mundial.
En estos 10 años España ha multiplicado por cuatro sus exportaciones de armas, de poco más de 1.000 a más de 4.000 millones de euros, resultado de una política decidida de aumentar las exportaciones de armas, un asunto que daría para otro artículo.
En el último lustro hemos identificado decenas de ventas de armas preocupantes, prueba de la necesidad de revisar la aplicación de la ley. Algunas de las operaciones son destinos recurrentes como Arabia Saudí, que desde hace casi tres años encabeza una coalición que ha llevado a cabo más de 15.000 bombardeos en Yemen, un tercio de ellos a objetivos no militares. Yemen es un país al borde de la hambruna, en el que se han cometido decenas de presuntos crímenes de guerra como bombardeos de escuelas, mercados y hospitales. Desde el inicio de la campaña de incesantes bombardeos de la coalición saudí en marzo de 2015, España ha vendido a Arabia Saudí armas como munición, granadas y aviones de reabastecimiento en vuelo por valor de 728 millones de euros, muchas de ellas desde el puerto de Bilbao.
Entre otras operaciones preocupantes en estos últimos cinco años destaca la venta a Colombia de aviones y munición susceptible de ser utilizados en violaciones graves de derechos humanos, o las exportaciones de armas de caza y tiro deportivo a Ghana. También se han vendido armas pequeñas, municiones y vehículos a Bahréin, por el riesgo de uso en la represión de la disidencia interna y en el conflicto de Yemen; diversos tipos de armas a Israel; a Brasil, pese a las violaciones graves de derechos humanos de la Policía Militar; armas, aviones y vehículos al ejército de Egipto, pese al riesgo de utilización en la represión de protestas o las graves violaciones del derecho internacional cometidas en la Península del Sinaí, Yemen y Libia. Y no hay que olvidar las granadas de mortero y los vehículos blindados vendidos entre 2014 y 2015 a Irak, pese al riesgo de uso en la comisión de crímenes de guerra, y otras atrocidades en el conflicto armado interno y el riesgo de que caigan en manos del Daesh.
No todo son malas noticias. España ha denegado exportaciones de gas lacrimógeno a la policía egipcia, cohetes a Israel y material antidisturbios a Venezuela, a donde llevan suspendidas las ventas desde abril de 2014. Son algunas muestras de una buena aplicación de la ley, pero no es suficiente. Se necesita voluntad política para aplicar la ley y evaluar su aplicación para corregir las deficiencias detectadas. Por ello hemos propuesto a los grupos parlamentarios que aprueben la creación de una Subcomisión que revise la aplicación de la Ley 53/2007 y recomiende medidas para su mejora. La pelota está en manos del Congreso, que debe garantizar que España no es cómplice de la comisión de atrocidades con armas Marca España.
Alberto Estévez es coordinador de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón.