Combatir el fraude

Aunque el fraude fiscal en España, equivalente a más del 20% del PIB, causa daños irreparables a la sociedad, los Gobiernos se han limitado a aplicar normas más o menos rutinarias para combatirlo, particularmente desde 1996. La supuesta acción legal del fraude consiste en investigar con algún detalle las declaraciones tributarias conocidas (el camino trillado) y arañar, con escasos recursos y baja información, en las “bases imponibles ocultas” que constituyen el grueso de la evasión. El fraude fiscal es un problema de Estado, no una perturbación momentánea que se corrige con planes fiscales ge...

Aunque el fraude fiscal en España, equivalente a más del 20% del PIB, causa daños irreparables a la sociedad, los Gobiernos se han limitado a aplicar normas más o menos rutinarias para combatirlo, particularmente desde 1996. La supuesta acción legal del fraude consiste en investigar con algún detalle las declaraciones tributarias conocidas (el camino trillado) y arañar, con escasos recursos y baja información, en las “bases imponibles ocultas” que constituyen el grueso de la evasión. El fraude fiscal es un problema de Estado, no una perturbación momentánea que se corrige con planes fiscales generalistas; mientras no se considere como tal, los ciudadanos percibirán que la fiscalidad es injusta porque existe un volumen considerable de rentas que escapan al control de la Hacienda pública.

Combatir el fraude fiscal no consiste en presentar vistosos planes a bombo y platillo y confiar en que su aplicación hará desaparecer mágicamente el problema. La evasión tributaria puede atacarse con cualquier plan; pero hay que cambiar la orientación y la actitud de las acciones administrativas. Para empezar, es necesario aplicar todos los recursos disponibles al afloramiento de las rentas ocultas (eso significa relegar el menudeo de la inspección de las declaraciones sabidas a un segundo o tercer plano); al mismo tiempo, hay que aumentar el número de inspectores, subinspectores y técnicos de Hacienda, porque el número de funcionarios dedicados a la persecución del fraude es el más bajo de Europa por cada 1.000 habitante; modificar la legislación para que, por ejemplo, la máxima cantidad de pago en efectivo sea de 1.000 euros, se considere delito fiscal la evasión de cantidades a partir de 50.000 euros y se simplifiquen los engorrosos trámites judiciales que permiten demorar el pago de la deuda.

Algunas de estas recetas se vienen proponiendo desde antiguo; pero ni la administración se ha tomado el menor interés en aprobarlas ni la Agencia Tributaria las interioriza como normas de conducta. Sin una persecución efectiva del fraude no hay reforma fiscal viable; y sin reforma fiscal la economía carece de credibilidad en cualquier crisis monetaria o de deuda.