Es la hora de la universalidad
Un inmigrante recibe asesoramiento en la asociación Karibu. / SAMUEL SÁNCHEZ
Dos principios esenciales de la sanidad española hasta agosto de 2012 fueron la universalidad y la gratuidad, ambas sustentadas en los impuestos que todos pagamos. Que todo el mundo, sin importar condición social, situación administrativa o económica, pudiera tener acceso a un médico, a un diagnóstico, a un tratamiento. Eso se acabó con el Real Decreto-Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno en abril de ese año, que estipuló que todas las personas sin residencia legal en España perderían la condición de beneficiario de la salud pública. En dos años, unas 840.000 personas se quedaron sin su tarjeta sanitaria, según datos del Ministerio de Sanidad.
Hoy, 31 de marzo, el ministro de este área, Alfonso Alonso, ha sorprendido con un anuncio: que el Gobierno rectifica y a partir de ahora se brindará atención primaria a los inmigrantes sin papeles. Por razones prácticas, por evitar la saturación de las urgencias, por salud pública… Hubiera estado bien que añadiera un “por humanidad”, pura y dura. En todo caso, es un avance en las arduas discusiones que desde hace dos años mantienen sobre este asunto el Gobierno y (o frente a) casi todos los partidos políticos (todos se comprometieron públicamente a restituir la sanidad universal salvo Ciudadanos y el PP) y otros agentes sociales. Hasta la ONU lo vio inaceptable.
Es un avance, pero es insuficiente y está lleno de claroscuros, de preguntas, ya que el ministro ha aclarado que, aunque se dé atención primaria, lo que no se va a devolver es la tarjeta sanitaria -se dará un documento temporal-. Entonces ¿se van a seguir emitiendo facturas a quien no la tenga? ¿Se va a derivar a especialistas a quien lo necesite o se quedarán en lo que les digan en el centro de salud? ¿Se va a hacer un seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas? ¿Se les va a dar medicación gratuita? Hasta ahora, este tipo de pacientes seguían recibiendo sus medicinas si habían sido diagnosticados antes de la reforma sanitaria. Los de después, no. Que se les dé o no de manera subvencionada, como a los que sí tienen tarjeta, también es fundamental, pues las personas con menos recursos se encontraron con que les era imposible pagar el 100% del coste. ¿Esto cambiará?
Campaña ¿Cuándo hemos dejado de ser humanos? de Red Acoge en contra de la exclusión sanitaria
“Nos genera dudas la forma en que se plasmará este cambio legislativo. No sabemos si al igual que ocurrió con la exclusión, el Gobierno recurrirá a un nuevo Real Decreto-Ley que impedirá la discusión de la norma en el Parlamento”, explica Inés Díez, responsable del área Jurídica de Red Acoge, una de las organizaciones que ha denunciado reiteradamente la exclusión sanitaria.
Todos estos interrogantes no tienen respuesta todavía “Se va a empezar a estudiar con las comunidades”, asegura una portavoz del Ministerio de Sanidad. “Pero -advierte- no tener tarjeta no significa que no tengas derecho a que te atiendan si enfermas”. Desde el Ministerio enumeran aquellos casos en los que un inmigrante sin residencia legal tienen derecho a ser asistido: embarazadas y menores de edad sí; pacientes con enfermedades de declaración obligatoria (como VIH o tuberculosis), también, al igual que aquellos con patologías mentales.
Campaña #Sanichollo de Médicos del Mundo contra la exclusión sanitaria
En la práctica, no es así. En este tiempo conocimos historias de final trágico como la de Alpha Pam, que murió de tuberculosis en Palma de Mallorca después de que se le negara auxilio. El caso ha sido recientemente reabierto por la Audiencia de Palma. Supimos también de la muerte de Soledad Torrico en Valencia tras cinco días pidiendo auxilio en diversos centros de salud. El informe de la ONG Médicos del Mundo titulado Dos años de reforma sanitaria; más vidas humanas en riesgo reveló numerosísimos casos de personas que no fueron atendidas cuando sí tenían derecho a serlo. Como el de Samira, marroquí de 34 años con cáncer de cuello de útero a la que se le niega la atención médica por no cumplir un trámite administrativo. No fueron los únicos. El colectivo ciudadano Yo Sí Sanidad Universal y la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC) documentaron 319 casos de exclusión sanitaria entre diciembre de 2013 y junio de 2014.
Vídeo sobre la muerte de Alpha Pam
En muchos casos, la desatención sanitaria ni siquiera estaba justificada por la nueva normativa. Médicos del Mundo detectó queen Madrid no se aplicaba correctamente en el 50% de los 500 casos que documentaron. “Sucede porque este Real Decreto se ha aplicado de manera arbitraria por cada Comunidad y, dentro de ellas, por parte de cada funcionario”, explica Manuel Espinel, médico y portavoz de Médicos del Mundo. “Ha habido hospitales que facturaban en urgencias o no daban la medicación de manera gratuita por lo que puede ser cierto grado de xenofobia o una pésima información sobre la normativa”.
¿Sólo desinformación? Llevamos casi tres años de reforma sanitaria, no parece muy sensato hablar de una falta de conocimiento. “Ha habido una gran dejación por parte de algunos gobiernos autonómicos porque no se estaba cumpliendo el Real Decreto y no se ha tomado ninguna medida al respecto”, critica Espinel.
Vídeo de Red Acoge sobre las consecuencias de la exclusión sanitaria en boca de un médico.
Que las comunidades puedan decidir sobre cómo regular la asistencia sanitaria es lo que ha provocado tantas desigualdades. Pero precisamente en esta capacidad también está la clave del cambio. A día de hoy, hay seis autonomías que siguen prestando asistencia sanitaria a personas sin papeles: Andalucía, Canarias, Asturias, Cataluña, País Vasco y Navarra. Las cuatro primeras, directamente, ignoraron la norma haciendo valer su capacidad de decidir en cómo regular su sanidad. En los dos últimos casos hubo por medio demandas de la Abogacía del Estado. Pero el Tribunal Constitucional les quitó la razón y estas comunidades también diseñaron sus propias leyes autonómicas.
Para Manuel Espinel, este paso que da ahora el Gobierno central podría aprovecharse para que todas las autonomías restituyeran la universalidad y la gratuidad de la atención sanitaria. “Pueden asumir su derecho a dar todos los servicios, como ya dijo el Constitucional”, asevera el portavoz de Médicos del Mundo.
Las comunidades no pueden decidir sobre el copago farmacéutico ya que esto depende del Ministerio de Sanidad y el ministro hoy ha dicho que este aspecto no se va a tocar pese a que los pacientes con menos recursos se están viendo muy afectados por ello. “Hay muchas personas que no tienen acceso a medicación que necesitan, y máxime cuando son enfermedades como el cáncer u otras crónicas como cardiopatías, diabetes, problemas respiratorios, insuficiencias renales...” enumera Espinel.
Dejando, pues, el copago a un lado, queda demostrado que brindar una atención sanitaria pública a todo el mundo no es una cuestión de poder sino de querer. Si ya lo están haciendo seis comunidades autónomas y lo respalda el Constitucional, lo pueden hacer el resto de autonomías independientemente de lo que el Ministerio regule. Y ahora que este abre ligeramente las puertas, es el momento de tomar ejemplo de Andalucía, de País Vasco y del resto para restituir un derecho que nunca debió desaparecer.
Los inmigrantes no gastan más
“La exclusión sanitaria se ha visto agravada por todo el discurso de las comunidades autónomas criminalizando a los inmigrantes por un mal uso de la atención sanitaria o por saturar las urgencias cuando no es así: los inmigrantes no hacen un uso abusivo de la sanidad”, afirma Manuel Espinel, médico y portavoz de Médicos del Mundo. Los datos del Ministerio de Hacienda lo demuestran: el coste farmacéutico por cada paciente español es de 374 euros frente a los 73,70 del extranjero. Además, la estimación de gasto público en sanidad empleado en el colectivo inmigrante es del 6,5%. "Las urgencias se saturan por el debilitamiento de la atención primaria, la reducción del personal sanitario y la falta de políticas de promoción y educación sanitaria que promueven un mejor uso", indica el doctor.
“Se ha promovido la xenofobia. Mucha gente piensa: si no pagan y no contribuyen, ¿por qué van a tener derecho?. La universalidad se basa en los impuestos generales como el IRPF o el IVA. Como todos y todas pagamos impuestos, no se cobra la asistencia sanitaria en el lugar de prestación. Por tanto, no es gratuita, la sostenemos todos y todas con nuestros impuestos. Y los inmigrantes pagan estos impuestos porque consumen”, aclara Espinel. “Sin embargo, existe la creencia de que este servicio se paga con nuestras cotizaciones, y no es así: la Seguridad Social financia el régimen de pensiones, las mutuas para accidentes de trabajo o el seguro de desempleo, no la sanidad”, insiste.
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