La denuncia contra Fernández

El fiscal Nisman acusa a la presidenta argentina de "fabricar la inocencia" de funcionarios iraníes en un atentado contra una entidad judía

La denuncia del fiscal que investiga el atentado contra la AMIA, Alberto Nisman, contra Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman es de una gravedad inédita y requiere que la justicia actúe con absoluta independencia y responsabilidad, además de celeridad.

Nisman ha reclamado que la jefa de Estado y su ministro de Exteriores sean indagados tras haberles acusado de pretender encubrir y “fabricar la inoc...

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La denuncia del fiscal que investiga el atentado contra la AMIA, Alberto Nisman, contra Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman es de una gravedad inédita y requiere que la justicia actúe con absoluta independencia y responsabilidad, además de celeridad.

Nisman ha reclamado que la jefa de Estado y su ministro de Exteriores sean indagados tras haberles acusado de pretender encubrir y “fabricar la inocencia” de funcionarios iraníes a quienes se les imputa su participación en el atentado contra la mutual judía que se produjo hace más de veinte años y causó 85 muertes. (...)

Según Nisman, una “confabulación criminal” fue “decidida por Cristina Kirchner y puesta en funcionamiento por Timerman”. Ese plan contemplaba “fabricar la inocencia” de los funcionarios iraníes acusados por la voladura del edificio de la entidad judía, montando una pista falsa (...) A cambio, se suscribirían acuerdos de cooperación comercial supuestamente beneficiosos para la Argentina, que incluirían la compra de petróleo y la venta de granos a Irán (...) Lo cierto es que durante los 20 años transcurridos desde el atentado —en 12 de los cuales gobernó el kirchnerismo—, las ilusiones acerca de una justa condena a sus responsables se han eclipsado (...) el vergonzoso memorándum con Irán se proponía privar a nuestra justicia de sus facultades (...)

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Es de esperar que las gravísimas denuncias no terminen como los atentados sufridos por los argentinos en 1992 y en 1994, cubiertos por un nuevo manto de impunidad que impida una responsable investigación judicial.

Buenos Aires, 16 de enero.

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