Política de sálvese quien pueda

El tejido social de la solidaridad en España se debilita. El actual modelo social, económico y político se abre paso entre la crisis financiera y lo hace respaldado por unas élites que desde el poder han ido restando importancia a la solidaridad.

Las dificultades prolongadas a las que se ha visto sometido nuestro país, y de las que todavía no se puede descartar una mayor intensidad, arrojan un mayor déficit democrático, una desigualdad al alza y una extrema pobreza cada vez más aislada. Los incumplimientos, tanto en los compromisos internacionales sobre la ayuda oficial al desarrollo, como con las prestaciones del contrato social que afectan directamente a la cohesión interna de la sociedad española, se nos han presentado como un coste necesario en la factura de esta crisis. Sin embargo, en ambos sentidos (y a diferencia del Gobierno) las ONGD no solo no se han alineado con esta tesis, sino que además su trabajo cuenta con un mayor apoyo de la sociedad civil española, un 59% frente al 20% que otorga al Gobierno, según el Barómetro de Confianza de Edelman 2014.

En el último informe de la Fundación Alternativas, El impacto de la crisis sobre el tejido social solidario de España: efectos y reacción de las ONGD frente a la crisis, tratamos de demostrar la gran complejidad del tejido social solidario en España en materia de cooperación al desarrollo y  cómo las ONGD soportan el mayor peso de la participación de la sociedad civil. A través de cuatro elementos como su base social, la financiación, la educación para el desarrollo y la incidencia política, analizamos su actuación y posicionamientos antes y durante la crisis.

Si bien las ONGD participan desde hace tiempo en la configuración de la política de ayuda, internacional, esta depende mucho del espacio que facilite el Estado. Un Estado que, a su vez, se beneficia de la presencia de estas, en tanto en cuanto ve aumentada su vocación internacional y solidaria, incluso sorteando en ocasiones y a conveniencia sus rígidas estructuras. Las ONGD, a pesar de dicha dependencia, no limitan su actuación a vigilar al Gobierno, sino que extienden su acción a las negociaciones internacionales. Su sola presencia eleva el nivel de las políticas, ya que sus actividades contribuyen al cumplimiento de tareas públicas en la sociedad global. Un espacio trasnacional donde todavía queda pendiente resolver el sistema de rendición de cuentas que las ONGD deben asumir dentro de la política pública de Ayuda.

Con la crisis, el recorte de financiación ha sido mayor que la capacidad de adaptación de los actores de la cooperación al desarrollo. Ante la obligación no solo de sobrevivir, sino de culminar procesos iniciados que involucran a terceros, las ONGD han iniciado un proceso de cambio. Por un lado, la desaparición de las organizaciones más vulnerables. Por su pequeño tamaño y su alta dependencia de fondos públicos, se suprimen ONGD necesarias que por sus características desarrollaban un trabajo de mayor proximidad y sensibilización con y para la sociedad a nivel local.

Del mismo modo, se han producido fusiones que, lejos de ser necesariamente algo negativo (ya que no son pocas las voces críticas sobre la excesiva oferta solidaria y oportunista que el sector alcanzó en la última década), no siempre responden ante la base social que representan. Por otro lado, tienen lugar cambios internos en algunas organizaciones a la hora de establecer prioridades. El de incremento de la externalización de competencias frente a la búsqueda de financiación en aquellas ONGD más grande ha elevado la observancia y responsabilidad frente a estrategias internacionales de desarrollo que superan las limitaciones del interés nacional. Vemos, por tanto, una internacionalización mayor en estas ONGD que a su vez se desvinculan más del Estado pero también, en ocasiones, de su ciudadanía.

De hecho, en la sociedad española persisten dos realidades. Por un lado, el 23% de los españoles que considera “no poder permitirse ayudar” a los países pobres frente al 18% de la media europea y convertirse en el país en el que más ha crecido el rechazo a aumentar los niveles de ayuda (nueve puntos durante el 2012). Y por otro lado, y ante la pregunta sobre lo qué todavía considera muy importante el ciudadano, un 88% de los españoles responde “ayudar a las personas en los países en desarrollo”. Una paradoja que responde al nivel actual de confusión en la sociedad civil española.

Lejos de incidir sobre esta dicotomía y explicar la compatibilidad posible entre la consecución de una acción social solidaria dentro del territorio español y las acciones de cooperación internacional, el Gobierno ha optado por limitar la capacidad ciudadana y acentuar su debilitamiento. Reducir el tejido social solidario en España significa rechazar que estamos en un mundo globalizado, con problemas globales y acomodarnos en otra manera de mirar a la pobreza y de aceptar la desigualdad en vez de combatirla, en una política de sálvese quien pueda.

Kattya Cascante y Erika Rodríguez son autoras de El impacto de la crisis sobre el tejido social solidario de España: efectos y reacción de las ONGD frente a la crisis (Fundación Alternativas y Fundipax, 2014) y coordinadoras, respectivamente, de los paneles Cooperación al Desarrollo y América Latina de la Fundación Alternativas.