Presión sobre el BCE
El Constitucional alemán admite la autonomía del banco, pero descalifica la compra de bonos
La decisión del Constitucional alemán de remitir al Tribunal de Luxemburgo el programa de compra ilimitada de bonos (que nunca se puso en marcha), anunciado por el Banco Central Europeo (BCE) para cortar la especulación contra la deuda soberana de varios países, es una determinación jurídica impecable y reveladora. Con ella, los juristas de Karlsruhe reconocen que el BCE es una institución independiente de las autoridades nacionales e inatacable desde las instituciones alemanas. La independencia formal no evita las presiones políticas, pero sí impide que las decisiones de la autoridad monetari...
La decisión del Constitucional alemán de remitir al Tribunal de Luxemburgo el programa de compra ilimitada de bonos (que nunca se puso en marcha), anunciado por el Banco Central Europeo (BCE) para cortar la especulación contra la deuda soberana de varios países, es una determinación jurídica impecable y reveladora. Con ella, los juristas de Karlsruhe reconocen que el BCE es una institución independiente de las autoridades nacionales e inatacable desde las instituciones alemanas. La independencia formal no evita las presiones políticas, pero sí impide que las decisiones de la autoridad monetaria sean anuladas desde instancias nacionales. Si los constitucionalistas alemanes sospechan que la institución que preside Draghi se ha extralimitado en sus funciones, es obligado que apelen al tribunal competente.
El conflicto es viejo. La ortodoxia imperante en el Bundesbank sostiene que el BCE debe limitarse al control de la inflación; así pues, Mario Draghi se habría extralimitado cuando anunció la disponibilidad del banco a aplicar, en caso de necesidad, el programa de OMP (Outright Monetary Transactions, compras directas de activos). El Constitucional alemán, que acierta al remitir el caso a Luxemburgo, no se resiste a pronunciarse al respecto: “Existen razones para asumir que excede el mandato en política monetaria del BCE e infringe los poderes de los Estados miembros y, por tanto, viola la prohibición de financiación monetaria de los presupuestos”.
Pero si la decisión jurídica es correcta, en términos políticos es muy discutible: con este movimiento, el tribunal alemán dificulta, o quizá bloquea en la práctica, la capacidad de Draghi para actuar en caso necesario mientras Luxemburgo no se pronuncie. La posibilidad de que este tipo de bloqueos jurídicos se multiplique justifica por sí sola la necesidad de que el euro cuente con un Tesoro propio, porque los parches reticentes que ha aceptado el Gobierno alemán —quien, en su día, aceptó la compra de bonos proclamada por Draghi— no resuelven el problema de fondo.
Editoriales anteriores
La presión de los grupos monetarios ortodoxos del área alemana (Holanda, Austria, Finlandia) explica en parte la resistencia del BCE a tomar decisiones monetarias no convencionales para cortar la caída de la inflación y favorecer el crecimiento. Draghi no solo necesita más tiempo para analizar la situación, como anunció el jueves, sino un alivio político a la vigilancia obsesiva de los monetaristas ortodoxos.