Golpe al euro por receta

E Consejo de Estado considera que el cobro de un euro por receta, que se aplica en Cataluña desde junio pasado y está previsto implantarlo también en la Comunidad de Madrid a partir de enero, es inconstitucional. Dos son las razones que esgrime el Consejo. La primera, que una comunidad autónoma no puede incidir “ni directa ni indirectamente en la fijación de los precios de los medicamentos”, porque esa es una competencia exclusiva del Estado. Y segunda: que el cobro de un euro por receta introduce una desigualdad entre ciudadanos por el hecho de vivir en distintos territorios.

El Gobier...

E Consejo de Estado considera que el cobro de un euro por receta, que se aplica en Cataluña desde junio pasado y está previsto implantarlo también en la Comunidad de Madrid a partir de enero, es inconstitucional. Dos son las razones que esgrime el Consejo. La primera, que una comunidad autónoma no puede incidir “ni directa ni indirectamente en la fijación de los precios de los medicamentos”, porque esa es una competencia exclusiva del Estado. Y segunda: que el cobro de un euro por receta introduce una desigualdad entre ciudadanos por el hecho de vivir en distintos territorios.

El Gobierno catalán ya ha dicho que ni se inmuta por el dictamen, pues tiene otro del órgano consultivo de la Generalitat que dice lo contrario: que el euro por receta no altera el precio del medicamento, porque es una tasa que se aplica a la receta, sutil distinción que de poco sirve a quienes han de pagarlo, pero que abre la puerta a una guerra de consejos consultivos.

¿Qué hará ahora Mariano Rajoy, quien hace poco declaró que no le gusta la medida? El Consejo consultivo ha emitido su dictamen a petición del Ministerio de Sanidad, que cuestionó en su momento la decisión del Parlamento catalán. Pero ahora es una comunidad gobernada por el PP la que se dispone a aplicarla.

Mucho se ha escrito ya sobre este copago que también se califica de repago. El dictamen ha puesto el dedo en la llaga de la desigualdad territorial, pero no ha entrado en otra desigualdad que puede ser lacerante: cuando actúa como una tasa sobre la enfermedad, cuando penaliza especialmente a los ancianos y a quienes sufren patologías crónicas. Tanto el Gobierno catalán como el de la Comunidad de Madrid han defendido que no tiene afán recaudatorio, sino disuasorio.

Efectivamente, la aportación a las finanzas públicas es poco relevante. Puestos a buscar medidas para fomentar el uso racional de los medicamentos, algo muy deseable, había otras opciones menos injustas. Ya han salido los primeros indicios de que a quien disuade es a quienes tienen la doble desgracia de estar más enfermos y ser más pobres, aquellos a quienes les importa unos euros, porque no llegan a fin de mes y lo que pagan por las recetas deben restarlo de lo que gastan en butano.