Terapias indirectas
El crecimiento económico está relacionado directamente con la inversión (privada y pública) y con la demanda. En una fase de intensa contracción de la demanda y de restricciones presupuestarias cobran singular importancia las decisiones que actúan indirectamente sobre la actividad, puesto que no existe capacidad pública de inversión debido a las exigencias de estabilidad de la deuda, la inversión privada tropieza con la ausencia de crédito y la demanda cae con fuerza debido al aumento del desempleo y a las malas expectativas de las rentas familiares. Cuando la acción directa del capital públic...
El crecimiento económico está relacionado directamente con la inversión (privada y pública) y con la demanda. En una fase de intensa contracción de la demanda y de restricciones presupuestarias cobran singular importancia las decisiones que actúan indirectamente sobre la actividad, puesto que no existe capacidad pública de inversión debido a las exigencias de estabilidad de la deuda, la inversión privada tropieza con la ausencia de crédito y la demanda cae con fuerza debido al aumento del desempleo y a las malas expectativas de las rentas familiares. Cuando la acción directa del capital público y privado sobre el crecimiento sufre tantas limitaciones, parece el momento de intensificar las medidas de acción indirecta que pueden facilitar la recuperación cuando repunten la demanda y, en especial, el consumo privado. Estas medidas tienen que ver con el buen gobierno de las instituciones públicas, la liberalización de los mercados y una regulación más eficiente de los trámites burocráticos que ordenan la formalización de negocios, grandes y pequeños.
No todo es voluntarismo en este tipo de aproximaciones económicas indirectas. La reforma y liberalización de los mercados energéticos (combustibles, electricidad) debería orientarse a reducir el coste energético por unidad de producto y, si es constante, aumentaría la competitividad de los productos españoles en el exterior. Desgraciadamente, las liberalizaciones en España han sido más nominales que reales; son consignaciones de buenos deseos en el BOE que no han conseguido disolver los nudos de subidas de precios derivados del control de los mercados. Así que los precedentes no invitan al optimismo, pero este es un buen momento para que la regulación pública impulse más competencia en mercados como la alimentación, los carburantes o la electricidad. Por una parte se aliviaría la presión de los precios derivados de regulaciones defectuosas sobre las rentas domésticas, y por otra se abrirían espacios a nuevas empresas.
El segundo gran incentivo es la simplificación de los trámites burocráticos para crear, instalar o extender empresas. De nuevo hay que distinguir entre lo que proclaman las leyes y lo que se comprueba en la realidad. España sigue siendo un país con excesiva exigencia burocrática, donde crear una empresa requiere casi dos meses de visitas a ventanillas, subdirecciones y oficinas estatales, autonómicas o locales, agravada además por una legislación heterogénea (y frecuentemente contradictoria) en las comunidades autónomas. Se trata de desbrozar esa densa maraña reglamentaria sin perjudicar los supuestos de garantía de calidad y buen servicio para los ciudadanos.
No es posible desarrollar una estrategia de apoyo indirecto sin reforzar la independencia de los organismos reguladores. Del Banco de España, por supuesto, y de la CNMV, que se equivocó al no suspender la cotización de Bankia una vez conocido que el auditor no firmaría las cuentas; pero también de la Comisión Nacional de la Competencia, encargada de velar por la formación transparente de los precios en varios mercados fundamentales para el crecimiento, y de la Comisión Nacional de la Energía. Desafortunadamente, la reforma de los reguladores que propone el Gobierno no refuerza su independencia (más bien la disminuye) ni garantiza su efectividad.