PSOE y PP vetan una iniciativa del tripartito para que se hable catalán en el Senado
Sólo se pueden usar todas las lenguas oficiales en la Comisión General de las Comunidades Autónomas
Los dos grandes partidos se pusieron de acuerdo esta mañana en rechazar una iniciativa de la Entesa catalana en el Senado, el grupo de PSC, ERC e ICV que representa al tripartito catalán, para oficializar el uso de todas las lenguas oficiales en la Cámara alta. Ha sido durante la tramitación de una reforma del Reglamento del Senado que nada tenía que ver con este asunto. El grupo catalán ha aprovechado para presentar una enmienda en este sentido, que ha sido rechazada por PSOE y PP. Es la primera vez que un grupo presenta en negro sobre blanco una reforma del Reglamento para que se hablen toda...
Los dos grandes partidos se pusieron de acuerdo esta mañana en rechazar una iniciativa de la Entesa catalana en el Senado, el grupo de PSC, ERC e ICV que representa al tripartito catalán, para oficializar el uso de todas las lenguas oficiales en la Cámara alta. Ha sido durante la tramitación de una reforma del Reglamento del Senado que nada tenía que ver con este asunto. El grupo catalán ha aprovechado para presentar una enmienda en este sentido, que ha sido rechazada por PSOE y PP. Es la primera vez que un grupo presenta en negro sobre blanco una reforma del Reglamento para que se hablen todas las lenguas en el Senado y lo somete a votación.
Actualmente, sólo se pueden usar todas las lenguas oficiales en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, un foro exclusivo del Senado donde literalmente los ministros tienen que ponerse auriculares con traducción simultánea para escuchar algunas intervenciones. La comisión apenas tiene actividad. La iniciativa de la Entesa pretendía generalizar este uso a todo el Senado, con la vista puesta especialmente en el Pleno y en las sesiones de control al Gobierno. Mientras en el Congreso la prohibición de hablar catalán o euskera es taxativa, en el Senado, por considerarse aún "cámara de representación territorial", hay cierta manga ancha para hablar en catalán o en euskera, pero sin respaldo reglamentario.
La enmienda fue defendida y votada por el senador de ERC Carles Bonet, pero es respaldada por los 16 senadores de la Entesa, de los cuales 10 son del PSC. Es la primera vez que PSC y PSOE chocan directamente por el uso de las lenguas en las Cortes Generales.
La enmienda recogía, en forma de modificación del Reglamento, algo que ya ha votado a favor la Cámara alta en al menos dos ocasiones, a finales de la legislatura pasada y a principios de esta, aunque con la oposición del PP. Aparte de que se trataba de una iniciativa precipitada para la profundidad de la reforma que propone (supondría poner traducción simultánea en todas las comisiones y en pleno en cuestión de una semana), el PSOE justificó esta mañana su oposición en que la postura del PP hace imposible el consenso que considera mínimamente exigible en un asunto así.
Sin embargo, lo que se discutía esta mañana tampoco tenía el consenso suficiente. Se trata de una reforma del Reglamento para crear tantas comisiones como departamentos tiene el Gobierno. Así se ha hecho también en el Congreso, con una nueva comisión de Política Territorial para el control ordinario de la nueva vicepresidencia tercera de Manuel Chaves. Sin embargo, en el Senado ya existen dos comisiones, la General de Comunidades Autónomas y la de Entidades Locales, que se ocupan de temas territoriales y que no existen en el Congreso.
El PP se abstuvo en la votación de esta mañana (todavía queda la fase de aprobación por el Pleno) con este argumento y también con la queja de que todas las funciones de la comisión de Administraciones Públicas pasen a la de Constitucional, al haber sido asumidas por la vicepresidenta primera. A pesar de los matices, es algo insólito que un grupo no respalde la modificación de las comisiones para adecuarse a la estructura del Gobierno, algo que se hace automáticamente en otras cámaras.
El PSOE ya aprobó otra reforma del Reglamento con el PP en contra. A finales de 2007, se modificó el procedimiento para la designación de magistrados del Tribunal Constitucional de forma que las comunidades autónomas pudieran hacer propuestas de candidatos. La oposición del PP, que recurrió al Constitucional y fracasó, ha llevado a un bloqueo sin precedentes en la elección de cuatro magistrados, pendiente desde entonces.