Un juez argentino rechaza la extradición de un presunto etarra
Está acusado de un atentado frustrado contra agentes de la Policía Nacional en 1984
El juez argentino Claudio Bonadío ha fallado esta noche en contra de la petición de extradición de Jesús María Lariz Iriondo, a quien la justicia española acusa de haber participado en un atentado frustrado con coche bomba en 1984.
La decisión de la justicia argentina se basa en que el delito por el que se pedía la extradición, la participación en un intento de homicidio de agentes de la Policía Nacional en Eibar (Guipúzcoa) en 1984, ha prescrito. Según la acusación, Lariz ayudó al robo de un coche y a la colocación de explosivos en su interior para, finalmente, detonarlo sin alcanzar s...
El juez argentino Claudio Bonadío ha fallado esta noche en contra de la petición de extradición de Jesús María Lariz Iriondo, a quien la justicia española acusa de haber participado en un atentado frustrado con coche bomba en 1984.
La decisión de la justicia argentina se basa en que el delito por el que se pedía la extradición, la participación en un intento de homicidio de agentes de la Policía Nacional en Eibar (Guipúzcoa) en 1984, ha prescrito. Según la acusación, Lariz ayudó al robo de un coche y a la colocación de explosivos en su interior para, finalmente, detonarlo sin alcanzar su objetivo.
Lariz residía en Uruguay desde 1992, un país que rechazó su extradición a España en dos ocasiones. Uruguay finalmente proceedió a su expulsión a Argentina, país en el que fue detenido justo a su llegada.
Lariz afirmó durante el juicio que no tenía relación alguna con la organización terrorista ETA, para interpelar después al juez: "¿Cómo me va a extraditar a un país donde se tortura a presos vascos?". La decisión judicial fue celebrada con aplausos por numerosos militantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de izquierda locales.
El proceso de extradición, que se rige conforme al tratado firmado entre España y Argentina, se sustancia en el país latinoamericano mediante un juicio, en el que el Juez determina si concurren los requisitos para extraditar al acusado. La intervención de los gobiernos de ambos países se limita a tramitar las respectivas decisiones judiciales.