Ayuso recorta en 246 millones los fondos previstos para Ciencia tras su pacto con los rectores

“Les anuncio que en el próximo Consejo de Gobierno se va a aprobar el séptimo Plan Regional de Investigación, Innovación y en Innovación Tecnológica [PRICIT 2026-2029] dotado con 752 millones. En definitiva, tenemos la mejor educación desde las escuelas infantiles a la Universidad”, anunció este jueves la presidenta madrileña en la Asamblea Regional. Lo que Isabel Díaz Ayuso no dijo es que el presupuesto inicial previsto por la Dirección General de Investigación no era de 752 millones, sino de 998,2.

La Consejería de Economía y Hacienda se desvincula del tijeretazo cuando se pregunta si la cuantía rebajada a Ciencia va a pagar el plan plurianual de financiación de las universidades públicas. Y también la de Educación, Ciencia y Universidades: “Programas tan importantes como el PRICIT son fruto de muchos meses de trabajo, reuniones y borradores que acaban cristalizando en el texto final que se aprueba, que es el único válido”.

El Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid ―al que asisten, además del Gobierno autonómico, los vicerrectores de Investigación y directores de institutos científicos― tenía que haberse activado con la nueva legislatura a mediados de 2023, pero no se conformó hasta enero de 2025. Su creación era obligatoria para aprobar el siguiente PRICIT. EL PAÍS ha accedido a dos actas y el documento de trabajo que muestran que lo que se ha presentado como un hito para la educación pública madrileña supone, en realidad, una bajada de fondos sobre lo previsto inicialmente en la propuesta de la dirección general, lo que provocó las quejas de los consejeros.

En julio, la dirección general publicó el plan con 998,2 millones. Se vio en una reunión en la que la Consejería de Economía y Hacienda puso de manifiesto sus reticencias para aceptar esa cifra a tres años. El presidente del consejo, según el acta, se comprometió a mandar “una carta de apoyo al presupuesto presentado” por las “dificultades presupuestarias”. Los asistentes se felicitaron de que la cuantía fuese a crecer un 63%, en 382 millones, lo que no ha ocurrido.

El documento de trabajo del PRICIT de julio contemplaba dividir en tres años y seis ejes los 998,2 millones. La estructura se mantiene en el programa presentado por Ayuso, pero con 246,2 millones menos. Dinero para atraer talento, pagar infraestructuras y doctorados industriales, fomentar la internacionalización, la innovación, la transferencia de conocimiento y la ciencia abierta o para simplificar la administración. La partida de investigación se reparte entre las 14 universidades públicas y privadas de Madrid y los centros y fundaciones que hacen ciencia en la región y que no dependen del Estado.

De facto, las universidades públicas aumentan la partida para pagar los sueldos y los gastos corrientes, mientras pierden fondos para hacer ciencia. La noticia no les pilla por sorpresa a los rectores porque sus vicerrectores de Investigación acuden a los consejos. El convocado en octubre se pasó a noviembre y, días antes de celebrarse este, se canceló al tiempo que progresaban las negociaciones para el plan plurianual.

Ese octubre, Mercedes Zarzalejo fue nombrada viceconsejera de Educación y en febrero, consejera. Y, tal y como reconoció en el pleno este jueves Ayuso, desde entonces ella negoció el plan junto a los consejeros de Economía (Rocío Albert) y Presidencia (Miguel Ángel García Martín), y los rectores de las seis universidades públicas. El acuerdo se selló el pasado martes con todo boato, pese a ser claramente deficiente. Ha habido un movimiento pendular. Mientras subía la partida para los campus, bajaba para Ciencia.

En el acta del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid de este enero, cuando las negociaciones con los rectores estaban ya avanzadas, ya consta la rebaja de 246,2 millones respecto a la previsión inicial. La partida crece un 34% respecto al PRICIT 2022-2025, pero sigue resultando insuficiente y así lo manifiestan los consejeros en el acta. “Finalmente, se debate si el presupuesto resulta suficiente comparado con el PRICIT anterior, que ascendía a 561 millones, sin contar los 50 millones de REACT [fondos europeos]. Aunque se reconoce un incremento del 34%, el Consejo, excepto Mónica Martínez, quiere que quede constancia de que considera que sigue siendo un presupuesto inferior a las necesidades y capacidades del Sistema Madrileño de Investigación e Innovación Tecnológica”.

La citada Mónica Martínez Castalleda es directora del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario desde diciembre de 2023, y, por tanto, ha sido nombrada por el Ejecutivo de Ayuso. También este equipo designó a otros directores que, sin embargo, mostraron en el consejo su descontento ante un escenario muy sombrío. En otro extracto del acta, se remarca: “Se señala que el presupuesto destinado a investigación es insuficiente”.

“El PRICIT tenía que estar aprobado en 2025 para entrar en vigor en 2026. Que vayamos tarde es un ejemplo de cómo el Gobierno de Ayuso entiende la ciencia”, se queja la arqueóloga y profesora Alicia Torija, diputada de Más Madrid y miembro de la comisión de Ciencia en la Asamblea. Su partido pidió 1.500 millones para el período 2023-2031.

El “acuerdo histórico”

En el pleno, Ayuso se enorgulleció de “un acuerdo histórico de 14.800 millones hasta el año 2031. Nuevas medidas por nuestro compromiso que va a ir a más”, dijo. Pero, en realidad, a esa partida hay que quitarle muchas capas. Aunque este diario no es capaz de conocer todos los conceptos, las plataformas por la universidad pública calculan que en realidad no se llega a los 9.000 millones en cinco años.

A los 14.800 millones hay que restarle los 2.500 millones que el Gobierno de Ayuso pretende que recauden las universidades públicas, no se sabe de qué manera. Esa es, pues, una aspiración y no una inyección de dinero público. También hay que quitarle en torno a un 20% de la partida, lo recaudado por las tasas y las matrículas que pagan las familias. Y eso sin descontar la inflación de en torno al 3% que se va a acumular cada uno de los cinco años.

Por otra parte, solo ha trascendido la nota de prensa. Ni el Ejecutivo de Ayuso ni los rectores han mostrado el documento. La oscuridad es total. Este periódico ha enviado una veintena de preguntas a la consejería y la respuesta se concentra en un párrafo: “La información sobre el nuevo modelo de financiación que ofreció el pasado martes la Comunidad de Madrid es pública, y fue ampliada ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Nos remitimos a todas las explicaciones ya ofrecidas”. Los memes sobre el cerrojazo informativo ya corren por los grupos de WhatsApp de la comunidad universitaria: “Si el acuerdo firmado es tan bueno... ¿por qué nos negáis el derecho a leerlo", se lee en uno de ellos sobre una foto de la firma del martes de Ayuso con los rectores.