Ayuso rectifica y rebaja de un millón a 300.000 euros las multas máximas a los universitarios por atentados a la libertad de expresión

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rectifica y rebaja la pena a los estudiantes por atentar contra la libertad de expresión de un millón de euros a 300.000 euros en el borrador de la ley de educación superior (LESUC) que prepara. Por contra, se ...

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rectifica y rebaja la pena a los estudiantes por atentar contra la libertad de expresión de un millón de euros a 300.000 euros en el borrador de la ley de educación superior (LESUC) que prepara. Por contra, se mantiene la condena de hasta 15.000 euros por poner una pancarta o la “falta de decoro institucional” y hasta 100.000 por participar en escraches o manifestarse sin autorización (en realidad no hay que pedir permiso, es un derecho fundamental garantizado en la Constitución).

La descripción de las infracciones con la calificación de “muy grave” ya no es tan vaga como en la versión del borrador de junio. Entonces se afirmó que se penaría con hasta un millón de euros “no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra”. O que serán castigados los universitarios por “no cumplir o permitir que se incumpla la Constitución, se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario”. Ahora, el nuevo borrador de la norma es mucho más concreto. Se castigará con esa cuantía por “impedir o dificultar, por acción u omisión, los procesos electorales regulados por la ley en el campus universitario; así como permitir la celebración de referéndum ilegales”.

La Consejería de Educación no entra a valorar la rebaja en las penas, pero sí que explica en qué punto está la tramitación de la LESUC. “Estamos trabajando y escuchando a toda la comunidad educativa para elaborar una ley que concite el máximo consenso. El siguiente paso será someter el texto del anteproyecto al trámite de audiencia e información pública, previo a su aprobación en Consejo de Gobierno, y posterior envío a la Asamblea de Madrid para su discusión y eventual aprobación”. Saldrá adelante con la mayoría absoluta del PP, pero tendrá enfrente a los seis rectores de la pública y una comunidad universitaria cada vez más sublevada por los recortes.

“Creemos que esta ley es un atentado a las libertades políticas, al principio de asociación y organización de los estudiantes. Es un poco cómico que la persona que se define como la gran defensora de la libertad, legisle un régimen sancionador”, opina Andrés Sánchez, secretario del Frente de Estudiantes en Madrid.

“Lo que quiere es criminalizar cualquier tipo de protesta. 15.000 euros por poner una pancarta es casi dictatorial. Apostamos por la paralización de este borrador de ley”, prosigue Sánchez, sorprendido que el propio Consejo de Gobierno (consejeros y Ayuso) castigue las faltas muy graves. Es decir, penaliza quien legisla. Las leves, en cambio, dependen del director general de Universidades y las graves del consejero de Educación.

En Madrid no son habituales los conflictos durante los procesos electorales internos. Aunque en los últimos comicios de la Complutense, en 2023, un grupo de siete personas —del que formaba parte el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Dancausa, y cuatro asesores del Ayuntamiento de Madrid (PP)— fueron detenidos por la policía porque portaban sobres con la papeleta de Joaquín Goyache, quien resultó elegido rector, el día de las elecciones (práctica prohibida la jornada de las votaciones, en las que no se puede hacer campaña electoral).

Este código disciplinario choca con la Ley de convivencia (2022), aprobada en tiempos de Manuel Castells y con alcance en toda España a través del reglamento interno de los campus públicos. Los expertos en derecho observan también una colisión de la norma con la Constitución, pues el artículo 27.10 está consagrado a la autonomía universitaria. Por esa razón estas multas no les quitan el sueño a los rectores de las universidades públicas de Madrid, asfixiadas en su financiación y en armas contra la LESUC porque consideran que hay una injerencia en su autonomía.

Los referéndum ilegales en los campus no tienen precedente en la Comunidad de Madrid. En Cataluña durante el proces sí se produjeron altercados en Barcelona y han continuado contra el colectivo S´ha Acabat, una asociación contraria a la independencia catalana. Tampoco hay en la capital pancartas a favor de ETA ―ni en el País Vasco, la organización terrorista anunció su cese definitivo en 2011―, pero son referentes que Ayuso usa constantemente.

“A lo largo de los años, hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto cómo han acosado y han montado escraches a profesores y alumnos, impidiendo conferencias en libertad”, afirmó en 2022. “O persiguen, por ejemplo, a los alumnos de S’ha Acabat para que no puedan ir libremente a su universidad, a la facultad en Cataluña”.

“Toda la izquierda tiene colonizada la universidad pública Complutense de Madrid”, denunció Ayuso en un pleno de la Asamblea madrileña el pasado noviembre. En la Complutense, que la condecoró como alumna ilustre entre grandes protestas de los estudiantes, se concentra toda la atención de la presidenta regional. Concretamente, se focaliza en la facultad de Ciencias Políticas del campus de Somosaguas ―construido por el dictador Francisco Franco en el extrarradio de la capital para evitar las protestas universitarias― donde se viven constantes momentos de tensión entre estudiantes de extremos ideológicos.

Esther del Campo, decana de Políticas, remarca sus esfuerzos para evitar que haya incidentes. “En el marco de estas protestas pro Palestina, las universidades trabajamos para que no haya ningún delito de odio”, insiste. “Cuando hay una actividad académica que se atiene a principios democráticos tiene que poder celebrarse”. En los últimos tiempos visitan la facultad políticos de Vox que van acompañados de famosos agitadores sociales en redes, y miembros de extrema izquierda les esperan en la puerta. Normalmente, la actividad no se llega a celebrar por motivos de seguridad.

Cuando en junio EL PAÍS publicó en exclusiva las multas disciplinarias que contemplaba la LESUC, Ayuso negó la mayor en la red social X: “Esta noticia es falsa”. Seguidamente, midiendo sus palabras, el consejero del ramo, Emilio Viciana, la desmintió. Universidades también se pronunció: “Cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid haga público el texto, los servicios jurídicos del ministerio lo analizarán minuciosamente para defender la autonomía universitaria protegida por la Constitución Española”.

En 2021 se aprobó la Ley de Convivencia Universitaria, que suplía un régimen disciplinario de 1954, firmado por Franco y que incluye un régimen sancionador para los estudiantes. En paralelo, el Estatuto del Empleado Público (1986) se aplica a los trabajadores de los campus. Hay, por tanto, un paraguas sancionador nacional por encima de las intenciones de Ayuso. Muchos señalan las similitudes de este conflicto con la ofensiva de Donald Trump contra las universidades estadounidenses, a las que acusa de “comunistas”.

El último borrador de la LESUC alude múltiples veces a las “libertades de expresión, reunión y cátedra”, independientemente de que se esté legislando sobre el protocolo de acoso laboral, las principales funciones de una universidad o el papel del rector o los alumnos.