Los rectores de las universidades públicas andaluzas ven avances en la negociación con la Junta sobre la financiación
Se muestran esperanzados en conseguir una solución que va en la línea de sus reivindicaciones para el abono de los 50 millones que se les adeudan
El pulso entre los rectores de las nueve universidades públicas andaluzas y la Junta a cuenta del incumplimiento por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno de sus compromisos en materia de financiación se suaviza. Es la lectura que los gestores de los campus han hecho después de la trascendental reunión mantenida este martes con el consejero para abordar la transferencia de los 50 millones de euros que se les adeuda del ejercicio de 2024, tal y como han trasladado en un comunicado de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA).
“En esa reunión se avanzó hacia una solución en el sentido de las reivindicaciones que venimos manifestando durante los últimos meses”, indican los rectores en su nota, en la que adelantan que van a seguir manteniendo encuentros con la Consejería de Universidades, Investigación y Innovación para “alcanzar una solución satisfactoria y duradera, que permita cumplir el modelo de financiación y los acuerdos de la Mesa de Negociación”. “De esta forma, podremos continuar desarrollando las funciones que tenemos encomendadas con la máxima calidad y contaremos con los recursos necesarios para atender adecuadamente todas las obligaciones que tenemos en materia de personal”, continúa el comunicado.
Complementos autonómicos
Esas reivindicaciones se centran en dos aspectos fundamentales: consolidar y dar cumplimiento al modelo de financiación, del que faltan por abonar 25 millones comprometidos para 2024, de los que la Junta ha confirmado ―pero no ingresado― 21; y el abono de los complementos autonómicos al personal docente investigador y al técnico, que se fijó en otros 25 millones en un acuerdo que se firmó en junio.
Los rectores esperan que los 25 millones del modelo de financiación que se suscribieron en mayo de 2024, y que se volvieron a reconocer en una adenda incluida en el otro acuerdo que se suscribió en junio en la Mesa de Contratación, se consideren gasto consolidado, para que puedan volver a recibirse en los próximos ejercicios. De esa cantidad, la Junta, forzada por la presión ejercida por los rectores en diciembre ―amenazaron con acudir a los tribunales―, consignó 21, pero faltan por asegurar otros cuatro, que, de acuerdo con las fuentes de la Consejería consultadas, se enmarca dentro de “discrepancias técnicas”.
A los rectores les preocupa el incremento del coste salarial de los funcionarios si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, pues esta cantidad no se ha consignado en el modelo de financiación para 2024, pasando del vacío actual de 55 millones a los 87. Desde la consejería se indica que sí se han previsto un incremento del 2,5% y que, si fuera más, se contemplarían otras vías de financiación.
Sobre los complementos autonómicos, los rectores demandan la transferencia de los 25 millones apalabrados en la Mesa de Negociación para la plantilla de investigadores y técnicos. La Junta, por su parte, ha presentado las cifras reales de beneficiarios, que están por debajo de las previstas en un primer momento, y que supondría, calcula, una merma de cinco millones sobre esa cantidad.