Los coordinadores de bienestar de los centros educativos: sobrecargados de trabajo y con poca o nula remuneración a los dos años de implantarse

Begoña Terlera es profesora de Economía en un centro educativo de Pontevedra (Galicia) y desde hace más de 20 años se dedica a la convivencia y el bienestar de los alumnos. Sin embargo, la primera vez que le solicitaron ser coordinadora de bienestar, hace dos años, dudó en aceptar. “No era que no lo quería porque no creyese en lo que se hacía, sino porque es demasiado trabajo”, cuenta. Aceptó porque estaba capacitada para hacerlo y no quería perder la oportunidad. “Creo en lo que hago, no me arrepiento, pero claro que a mí me come muchas horas extra”, agrega. La figura del coordinador de biene...

Begoña Terlera es profesora de Economía en un centro educativo de Pontevedra (Galicia) y desde hace más de 20 años se dedica a la convivencia y el bienestar de los alumnos. Sin embargo, la primera vez que le solicitaron ser coordinadora de bienestar, hace dos años, dudó en aceptar. “No era que no lo quería porque no creyese en lo que se hacía, sino porque es demasiado trabajo”, cuenta. Aceptó porque estaba capacitada para hacerlo y no quería perder la oportunidad. “Creo en lo que hago, no me arrepiento, pero claro que a mí me come muchas horas extra”, agrega. La figura del coordinador de bienestar se instauró en 2021 con la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que preveía que empezara a funcionar en los centros educativos en el curso 2022-2023. Dos años después, docentes, organizaciones y sindicatos aseguran que quienes desarrollan esta labor —encargada de prevenir la violencia en institutos— están sobrecargados, no reciben la remuneración correspondiente y existen grandes obstáculos en la implementación de cada comunidad autónoma.

El centro donde trabaja Begoña, con unos 600 alumnos de entre 12 y 18 años, es uno con relativo éxito en el bienestar y convivencia, según considera ella. Desde hace varios años existía un equipo, integrado por cuatro profesores de diferentes materias, que se encargaba de estas tareas. Así, cuando la designaron coordinadora de bienestar, solo debieron cambiarle de nombre al puesto que ella ya desempeñaba. Sin embargo, su trabajo no es fácil: “El verdadero problema son las horas. Es imposible”. Begoña explica que dentro de su horario lectivo como docente de economía, tiene liberada solo dos horas semanales y dos guardias de recreo para las tareas de coordinadora de bienestar. La realidad es diferente: dedica todos los recreos y todas sus horas extra a esto. “Es un esfuerzo importante, llega un momento en el que dices ‘no puedo más”.

Las funciones del coordinador de bienestar, estipuladas en el artículo 35 de la LOPIVI, se resumen en cuestiones de formación, coordinación, detección, intervención y prevención de la violencia para asegurar el máximo bienestar de los alumnos. Debe velar porque se pongan en marcha los mecanismos más eficaces para generar entornos seguros y el buen trato. “Si lo quieres hacer bien, lleva mucho tiempo”, reclama Begoña. Y tiempo es, justamente, lo que no tiene garantizado. “Cuando hablas con un alumno se debe tener tiempo para conversar, preguntar, hacer seguimiento”, dice.

Cada comunidad autónoma debe reglamentar la LOPIVI de acuerdo con las necesidades de su territorio. Pero este ha sido uno de los grandes problemas, advierte Paula San Pedro, responsable de incidencia política de Educo, organización que ha mantenido un seguimiento de la implementación de los coordinadores de bienestar. “Cuando se aterriza [la figura del coordinador] es que se genera una enorme brecha”, dice. Muchas comunidades autónomas lo hacen mediante circulares al inicio de año, no por regulación autonómica: “Hemos pasado de algo obligatorio a una cuestión comunicativa, toda la fuerza de la ley se pierde”, explica. En Canarias, por ejemplo, se emite una resolución cada inicio de curso. En Aragón, se hace una instrucción cada inicio de año. Por su parte, Cataluña ha puesto en marcha la figura a partir de este año.

Esto trae diversos problemas como la falta de inversión para esta figura que, finalmente, influye en otros aspectos. Por ejemplo, algunos de los docentes que hacen de coordinador son elegidos, únicamente, porque disponen de más horas libres, no porque tengan el perfil indicado, advierte. Además, cada autonomía debe dar formaciones a los coordinadores de bienestar, pero los especialistas explican que en la mayoría no son suficientes o son solo teóricas y luego no hay acompañamiento. Por lo que, “aparte de que no tienen las características necesarias, están solos”, agrega San Pedro, y la mayoría no están remunerados.

Isabel Galvín, secretaria general de enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, comenta que muchos coordinadores de bienestar quieren dimitir por la sobrecarga laboral. “En algunos centros nadie quiere asumir esta figura”, dice. Explica que este trabajo tiene enormes tareas y responsabilidades —de las que depende el bienestar emocional y social de los alumnos— que recaen en una figura que también tiene que cumplir con todas sus otras tareas de docencia, sin horas libres y sin remuneración. “En Madrid la implementación es a costa de más trabajo para los mismos profesionales”, declara.

La implementación de esta figura se realizó de manera desigual en cada comunidad y, en muchas, sin información precisa, por lo que, los mismos docentes se han organizado por chats de Telegram o WhatsApp para formarse en la materia y tener apoyo. Junto con Begoña trabaja Andrés Cabana, profesor de matemáticas que está en el equipo de convivencia desde hace más de una década. Cuenta que, por la experiencia que tienen, los llaman desde otros centros para dar formaciones a otros docentes en diferentes provincias. “El año pasado fui a dar cinco o seis formaciones”, cuenta. “Hay algunos donde hay muchos interesados y otros no. En uno eran 60 profes en total y 40 querían recibir la formación”, dice.

Paula San Pedro explica que actualmente las escuelas pasan por un contexto social donde cada vez hay mayor nivel de violencia y desprotección. Pese a ello, “a los equipos docentes no se les está dando la formación, el tiempo y la remuneración que les corresponde para hacer la labor”, dice. Y añade: “Las administraciones no están haciendo todo lo que se debería para poner en práctica el espíritu de la ley”.

Las tres comunidades consultadas explican que brindan formación a los coordinadores. La remuneración también varía dependiendo de la autonomía. En Canarias el monto oscila entre 30 y 40 euros al mes, como a un profesor tutor, según indicaron. En Cataluña se comenzará a remunerar este año y supondrá una inversión anual de 3,9 millones de euros, aunque no indican cuál será el monto específicamente para los 3.400 coordinadores que hay. En Aragón aseguran que al inicio del curso no se había recibido la financiación que anunció verbalmente el Ministerio.

El informe Estudio del discurso de odio en la escuela, publicado por Cotec, advierte de que la figura del coordinador no se identifica claramente en la comunidad educativa. “Es curioso porque yo desde el curso pasado tengo el cargo de coordinadora de bienestar. Pero a mí no me han dado ningún curso”, explica una de las personas entrevistadas para el informe. Otro comenta: “Todavía no sabemos cuál es la función del coordinador de bienestar y protección, porque no se ha desarrollado la normativa”.

Óscar Belmonte, especialista de Educación en Derechos de UNICEF, comenta que hay un aspecto normativo que no se ha hecho bien en gran parte de las comunidades. Agrega que, a pesar de que prácticamente en todas las comunidades se haya nombrado a un coordinador por centro, la labor que están haciendo es insignificante por la falta de apoyo. “Los coordinadores deben crear un espacio seguro y protector en la escuela y asegurar una respuesta institucional del centro y si no se hace puede tener graves consecuencias en la salud mental de los jóvenes”, explica.