El Gobierno va a aumentar los fondos que recibe la educación concertada

El Ministerio de Educación se dispone a abrir la negociación con las patronales de los colegios concertados para actualizar los fondos que estos centros privados reciben del Estado. El ministerio pretende cumplir con ello la previsión contenida en la ley educativa, la Lomloe, aprobada en 2020, que contempla dicha revisión. El primer paso, explica a EL PAÍS el secretario de Estado de Educación, ...

El Ministerio de Educación se dispone a abrir la negociación con las patronales de los colegios concertados para actualizar los fondos que estos centros privados reciben del Estado. El ministerio pretende cumplir con ello la previsión contenida en la ley educativa, la Lomloe, aprobada en 2020, que contempla dicha revisión. El primer paso, explica a EL PAÍS el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, consistirá en establecer de forma objetiva cuál es “el coste real del servicio educativo” que presta la enseñanza concertada, y a partir de ahí se procederá a recalcular las partidas que reciben los centros. Ambas partes asumen que ello implicará más dinero. Educación espera, en paralelo, un compromiso en materia de transparencia en los procesos de admisión y gratuidad real de la escuela concertada, es decir, en la eliminación de las cuotas obligatorias que cobra buena parte de ellos.

Se trata de un tema delicado por varias razones. Una parte importante de los defensores de la escuela pública, cercanos políticamente al Gobierno, son también partidarios de eliminar o, al menos, de reducir el peso de la educación concertada, de modo que un paso en el sentido contrario, aumentando los fondos públicos, generará muy probablemente rechazo. Los colegios concertados, además, recaudan una gran cantidad de dinero en cuotas al margen de la ley. EsadeEcPol lo estimó en 1.000 millones al año en un informe publicado en abril. Como consecuencia de ello y de otras tácticas para seleccionar a los estudiantes en los procesos de admisión que utilizan buena parte de los centros, España presenta la mayor brecha socioeconómica entre el alumnado de centros públicos y concertados del mundo desarrollado, según advirtió Save the Children en un informe publicado en septiembre. De ahí que el ministerio quiera “analizar en profundidad” la cuestión de las cuotas y los procesos de admisión en la educación concertada, que matricula a un 29% de los estudiantes. La pública acoge al 67% y la privada sin subvencionar, al 4%.

La disposición adicional número 29 de la Lomloe señala: “En el seno de la Conferencia Sectorial se constituirá una comisión, en la que participarán las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad. Sus conclusiones deberán incorporarse en el plan de incremento del gasto público” que la misma ley prevé desarrollar. Los conciertos se componen de tres elementos que pagan las administraciones. Uno integrado por el sueldo de los docentes y los pagos a la seguridad social. Otro que incluye los complementos salariales (como la antigüedad), las sustituciones, y el sueldo de los directores. Y un tercero, de funcionamiento, que incluye costes como el del personal de administración y servicios, el mantenimiento y la conservación de los centros.

Estudios como los de Esade y Save the Children concluyen que la educación concertada está infrafinanciada ―en línea con lo que reclaman las patronales del sector, las más importantes de las cuales son Escuelas Católicas y Cece―, es decir, que las cantidades que reciben no cubren el coste del servicio educativo. Pero ambos informes contienen matices importantes. El primer informe, basado en estadísticas del INE, limita dicha infrafinanciación al 38% de los centros concertados. Y advierte que, al mismo tiempo, entre un 15% y un 17% de colegios (según la etapa educativa) no solo están bien financiados por el Estado, sino que cobran cuotas a las familias por conceptos que superan claramente el coste de los servicios mientras reciben de las arcas públicas 1.250 millones de euros al año. El informe concluye que retirarles los conciertos por incumplir la legislación permitiría a las administraciones cubrir sobradamente lo que se debería pagar a los centros infrafinanciados para que dejaran de estarlo: 240 millones de euros. El informe de Save the Children plantea, por su parte, vincular la mejora de la financiación pública de los colegios concertados al porcentaje de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica que acoja cada centro, como una forma de atajar la gran segregación por motivo de renta que se da entre dicha red escolar y la pública.

“El ministerio, y el resto de administraciones, tienen la obligación de garantizar el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación y de atender a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. La concertada no puede ser un instrumento de segregación del alumnado”, afirma el número dos de Educación citando la Lomloe. Y las cuotas, añade De la Rosa, son “un obstáculo para garantizar la escolarización en estos centros sin que se discrimine al alumnado con menos posibilidades económicas”.

Cuatro décadas sin funcionar

El actual modelo de educación concertada se creó a mediados de los años ochenta bajo la premisa de que, a cambio de ser subvencionados por el Estado, los centros privados ofrecerían enseñanza gratuita y no discriminarían al alumnado en la escolarización. Algo que no ha ocurrido. El informe de Esade, elaborado por Lucas Gortazar, Ángel Martínez y Xavier Bonal, señala que el incumplimiento del mandato original se ha mantenido hasta ahora debido a la existencia de un equilibrio que ofrecía a los implicados pocos incentivos para cambiar. La administración se ahorraba dinero pagando menos de lo que supondría cubrir todo el servicio educativo (aunque, según los autores, la infrafinanciación solo afecta al 38% de los colegios); los centros tenían una excusa para cobrar dinero a las familias sin que los poderes públicos persiguieran dicha práctica ilegal, y una parte de las familias conseguían “acceder a centros con mayor selección social” (es decir, en muchos casos, sin pobres ni migrantes) “a cambio de pagar lo que para muchas es un modesto copago”. Menor en todo caso de lo que les costaría llevar a sus hijos a centros privados sin subvencionar, como denuncia la patronal de estos últimos, Cicae.

Mejorar la financiación puede ayudar, como apuntan Esade y Save the Children, a que los concertados dejen de cobrar cuotas y usar tretas para seleccionar al alumnado (por ejemplo, dando prioridad en la matrícula a los hijos de antiguos alumnos o a los niños que han asistido a etapas no gratuitas, como el 0-3, de la misma empresa o de otra con la que hayan establecido acuerdos). Pero lograr un compromiso así no será fácil. Para empezar porque su supervisión requeriría, en principio, la implicación de las comunidades autónomas. Y la mayor parte de ellas están ahora gobernadas por el PP, un partido que no se ha caracterizado por vigilar a la concertada, sino por favorecerla en detrimento de la pública.