Cataluña insta a los centros educativos a regular el uso de los móviles para el próximo curso

Cataluña quiere poner orden al uso de los móviles en los centros educativos, especialmente en secundaria, porque actualmente se dan múltiples casuísticas y una encuesta del Departamento de Educación revela que solo la mitad de centros cuenta con una regulación, y el 23% ya los prohíbe. Pero el departamento no es partidario de decretar una prohibición generalizada. “...

Cataluña quiere poner orden al uso de los móviles en los centros educativos, especialmente en secundaria, porque actualmente se dan múltiples casuísticas y una encuesta del Departamento de Educación revela que solo la mitad de centros cuenta con una regulación, y el 23% ya los prohíbe. Pero el departamento no es partidario de decretar una prohibición generalizada. “Prohibir cuesta poco, pero no es la vía, porque entonces, ¿dónde queda el debate con las familias y los alumnos? Hay que debatirlo en los centros y que conste en las normas de funcionamiento de cada uno”, aseguró la consejera de Educación, Anna Simó, hace unas semanas en una comparecencia en el Parlament.

Por eso, ha optado por abrir un proceso de debate para recoger la opinión de profesores, familias, alumnos e incluso pediatras. Con esta información, en enero el departamento enviará unas directrices a los centros para que puedan elaborar su propia regulación, previo debate también con su comunidad educativa. “La regulación no ha de ser puramente administrativa, sino educativa. Hay que generar un debate en los centros, hacer partícipes a todos los sectores porque eso es lo que genera consensos a la hora de hacer la normativa”, ha terciado este jueves Ignasi Garcia Plata, secretario de Transformación Educativa de la Generalitat.

Según la encuesta, realizada a finales del curso pasado entre todos los centros de primaria y secundaria, actualmente, un 23% de centros asegura que ya prohíbe el uso de los móviles y que así lo recoge en las normas de funcionamiento del centro. El estudio, en el que participaron el 86% de centros educativos (de un total de 3.400) públicos y concertados, también revela que más de la mitad (un 53%) ya cuenta con unas normas escritas que regulan estos dispositivos en grados muy diferentes. De estos, uno de cada cuatro centros directamente obliga a los alumnos a dejar el móvil en casa, mientras que el 3% permite un uso libre, y casi un 12% solo lo permiten en el recreo.

De hecho, la realidad de los institutos es muy variada. Los hay que obligan a los alumnos a depositar el móvil en unas taquillas y no los pueden recuperar hasta el final de la jornada. A falta de taquillas, en otros se insta a guardarlos en la mochila. Y en cuanto al uso, no se permite durante las clases, a no ser que sea por una cuestión académica —para realizar una práctica, por ejemplo—, mientras que las normas son más variadas en cuanto al permiso de su uso en los pasillos o durante la hora del patio.

El Departamento de Educación ha admitido este jueves que la encuesta puede haber quedado un poco obsoleta —se hizo en primavera—, ya que este curso ha habido un aluvión de institutos en que se ha prohibido el uso del móvil, incluso en el recreo, con el argumento de facilitar la socialización de los alumnos. Pero muchas veces estas normas no aparecen en el reglamento interno de los centros, hecho que cambiará a partir del próximo curso.

Para que los centros puedan elaborar sus normas, el Departamento de Educación les enviará en enero el marco de regulación general. “Lo que se pretende es homogeneizar los elementos de referencia que se tienen que regular”, ha terciado Garcia Plata. Y seguidamente ha detallado que se trata de que todos los centros —tanto escuelas como institutos, públicos y concertados— definan el uso de los móviles tanto durante la jornada lectiva, como en el recreo, en los pasillos, el comedor o las actividades extraescolares, entre otros ámbitos. Con ello, Educación pretende provocar una reflexión sobre el uso de los dispositivos y sus riesgos, y alejarse de la simple prohibición para optar por educar y enseñar a utilizarlos correctamente. “Tenemos que formar al alumno en la tecnología porque formará parte de ellos durante toda la vida y advertirlos de los riesgos del abuso”, ha indicado Garcia Plata.

Previamente a la redacción de este marco regulatorio común, el Departamento ha encargado un informe al Consejo Escolar de Cataluña, el máximo organismo consultivo formado por la Administración, docentes, familias, sindicatos y patronales. Este informe recogerá las conclusiones de los diferentes debates que durante este mes realizarán una decena de consejos escolares territoriales, empezando este jueves por Barcelona y Vic. Paralelamente, se organizarán jornadas monográficas protagonizadas por familias y otras por alumnos de Formación Profesional, para que expliquen su experiencia reciente con los móviles en el instituto. El informe —que debe estar listo a mediados de diciembre— también contemplará las valoraciones de una veintena de centros que ya cuentan con una regulación, las de la junta central de directores, la Sociedad Catalana de Pediatría, así como estudios anteriores del propio Consejo Escolar y documentos elaborados por instituciones como la Unesco.

No obstante, para Educación lo importante no es tanto la regulación como el paso previo: el debate en el seno de cada centro entre todos los miembros de la comunidad educativa que debe desembocar en esas normas. “La regulación debe tener un carácter educativo, por eso es necesario que haya debate en el consejo escolar de los centros, donde opinen alumnos y familias. Porque eso le da profundidad al debate, porque la reflexión se extiende también al uso en el ámbito doméstico”, ha defendido el secretario.

La implicación de las familias

Ni el Departamento de Educación ni el profesorado quieren que el debate sobre si es necesario restringir el uso del móvil se focalice exclusivamente en la escuela y piden un debate más extensivo, apuntando directamente a las familias. “La educación sobre los dispositivos tiene más profundidad si se implican las familias, hay que hacerlas partícipes del proceso porque son ellas las que entregan el móvil a sus hijos”, ha aseverado Garcia Plata.

Precisamente, la edad a la que los adolescentes reciben su primer móvil es un aspecto que la Generalitat quiere incorporar al debate, y por eso también quiere que las escuelas de primaria realicen su regulación y reflexionen sobre ello, ya que existe la costumbre generalizada de regalar el teléfono a los 12 años, coincidiendo con el cambio de primaria a secundaria. Un hábito que muchas familias luchan por cambiar —y que Educación ha aplaudido— y por ello se han empezado a organizar a través de chats masivos buscando apoyos para retardar ese ritual hasta los 16 años. El primer grupo brotó en el barrio del Poblenou de Barcelona, pero rápidamente se ha expandido como una mancha de aceite a otros municipios catalanes, e incluso ha dado el salto a otras comunidades, mostrando así una inquietud de muchas familias, hasta ahora oculta, pero que aspira a ser masiva.

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