Hasta 1.000 euros de cuota: muchos colegios concertados siguen cobrando a los padres pese a la nueva ley
La ley educativa en vigor desde 2021 (Lomloe) prohíbe a los centros recaudar dinero de manera obligatoria y exige que las actividades complementarias estén fuera del horario escolar
El cobro de cuotas a las familias en los colegios concertados no cesa. A pesar de la prohibición expresa a este tipo de pagos que se recoge en la Lomloe, aprobada en diciembre de 2020, son muchos los centros concertados que continúan percibiendo dinero de las familias inscritas. Así se recoge en el octavo estudio que han elaborado conjuntamente la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa) y la Asociación de ...
El cobro de cuotas a las familias en los colegios concertados no cesa. A pesar de la prohibición expresa a este tipo de pagos que se recoge en la Lomloe, aprobada en diciembre de 2020, son muchos los centros concertados que continúan percibiendo dinero de las familias inscritas. Así se recoge en el octavo estudio que han elaborado conjuntamente la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), presentado este jueves, donde analizan la información recibida de una muestra de 330 colegios repartidos por ocho comunidades autónomas, de los que el 87% sigue cobrando cuotas a los padres.
De media, las familias de las escuelas de esa muestra pagan 122 euros mensuales para que sus hijos estudien en un centro concertado, aunque existen diferencias considerables entre los propios centros y entre las comunidades. Cataluña, por ejemplo, se sitúa en la cima de las que más cobran de la muestra analizada, con una cuota base promedio de 214 euros y con colegios como el St. Paul’s School, donde se pagan 1.000 euros al mes, mientras que en el Mare de Déu del Roser les Planes se exige un pago de 33 euros. Aragón y Galicia, en cambio, tienen un promedio de menos de 50 euros mensuales, el más bajo de las comunidades analizadas en el estudio.
La ley educativa aprobada hace casi tres años explicita que ni los centros públicos ni los privados concertados podrán “imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”. El objetivo de la norma es garantizar la no discriminación del alumnado “por motivos socioeconómicos”, según se recoge en el artículo 88.
Para evitar incurrir en una ilegalidad, los colegios concertados analizados defienden que los pagos son aportaciones voluntarias, aunque en el 60% no mencionan en la entrevista con los padres la voluntariedad del pago y el 15% lo menciona en la documentación que ofrece.
También en la Lomloe se advierte de que las actividades complementarias “que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro”. Un hecho que contrasta con los datos del estudio, en el que se refleja que el 61% de los colegios coloca las actividades complementarias entre las 12 del mediodía y las dos de la tarde.
Los pagos se esconden bajo distinta nomenclatura. La más habitual es la de aportación o donación, un 39% de las veces, seguida de cuota (32%), actividades complementarias (23%) y proyecto educativo (6%). Pero el objetivo es el mismo: cobrar a las familias.
Desde que se empezó a realizar el estudio hace ocho años, la cifra de colegios concertados que cobran a las familias apenas ha variado y se ha mantenido alrededor del 90%. Una situación que denuncia la presidenta de Ceapa, Leticia Cardenal: “No hay mejora con el tema de las cuotas, cada curso que pasa seguimos igual”. “Hablamos de colegios en los que prima el negocio por encima del proyecto educativo”, añade Cardenal. Unas protestas a las que se suma la presidenta de Cicae, Elena Cid, quien califica la situación de “competencia desleal”, aunque matiza que “hay diferencias entre las escuelas concertadas”.
De los 28.470 centros educativos que hay en España, 19.155 son de titularidad pública, mientras que los otros 9.315 son concertados y privados. De los 8,2 millones de alumnos matriculados en la enseñanza obligatoria, el 32,6% del total estudia en la concertada y privada, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional del curso escolar 2021/2022.
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