El Gobierno planea un vuelco para que el aprendizaje en la escuela sea menos memorístico
Educación elabora un nuevo currículo que sustituye el modelo enciclopédico de la ‘ley Wert’ por otro basado en aplicar los conocimientos, en línea con lo que han hecho Portugal, Finlandia, Escocia y Quebec
El Ministerio de Educación quiere cambiar en profundidad la forma en que se aprende en la escuela. Después de la aprobación de la nueva ley educativa, la ley Celaá, el ministerio ha iniciado la reforma del currículo, una pieza central del sistema educativo que abarca aquello que los alumnos estudian en la escuela y cómo debe ser evaluado. Los dos primeros documentos de ese cambio, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, suponen la...
El Ministerio de Educación quiere cambiar en profundidad la forma en que se aprende en la escuela. Después de la aprobación de la nueva ley educativa, la ley Celaá, el ministerio ha iniciado la reforma del currículo, una pieza central del sistema educativo que abarca aquello que los alumnos estudian en la escuela y cómo debe ser evaluado. Los dos primeros documentos de ese cambio, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, suponen la sustitución del sistema enciclopédico, consistente en largos listados de hechos y conceptos, que los alumnos debían poder repetir, implantado tras la ley Wert, por otro en el que los alumnos aprendan a aplicar los conocimientos, lo que se conoce por modelo competencial, que es el defendido por instituciones internacionales como la UE y la OCDE y el que han implantado en los últimos años Portugal, Finlandia, Quebec, Gales y Escocia.
La reforma dibuja un currículo menos sobrecargado de contenidos exhaustivos, en el que sin dejar de lado los saberes culturales esenciales los alumnos terminen siendo capaces de interrelacionar los contenidos que van aprendiendo y de resolver problemas. Promueve el trabajo por ámbitos (la mezcla de varias materias en una misma clase), la docencia compartida (dos profesores en el aula a la vez) y el trabajo colaborativo de los estudiantes. Al mismo tiempo, el nuevo modelo elaborado por el departamento que dirige la ministra Isabel Celaá da más autonomía a los centros educativos, para que estos diseñen sus propios proyectos adaptados a la realidad de su alumnado.
En vez de decirle exactamente a los profesores qué deben enseñar casi semana a semana en cada asignatura, como hace el actual currículo de la ley Wert utilizando largas listas de hechos y conceptos, el nuevo modelo es mucho más abierto. Se centra en definir qué deben conocer y saber hacer los alumnos al terminar la primaria y la secundaria. Y, para cerrar un poco más las trayectorias, establece unos “criterios de evaluación” (esto es, elementos que los profesores deben comprobar que los alumnos saben) en 4º de Educación Primaria y en 2º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Orientar a los profesores
Se trata de los mismos cursos en los que la ley prevé que se realicen pruebas diagnósticas, que serán censales (para todos los alumnos) pero tendrán un fin informativo, sin consecuencias en el expediente de los estudiantes. Para facilitar el trabajo de los profesores que quieran contar con una mayor guía, el Ministerio de Educación también publicará “orientaciones metodológicas” con ejemplos de cómo plantear los aprendizajes en clase.
La reforma, según se desprende de los documentos (uno referido a la nueva estructura y el otro a las metas que debe alcanzar el alumnado al concluir la educación básica), pretende alcanzar un difícil equilibrio. Por un lado, dar libertad a los centros educativos, que serán los que acabarán de definir cómo estructurar el aprendizaje trimestre a trimestre para llegar a las metas fijadas en el currículo, lo que el ministerio espera que facilite las buenas prácticas docentes y la innovación adaptadas al entorno de las escuelas e institutos. Y por otro, mantener la equidad, asegurándose de que en todos se aprenden una serie de elementos esenciales.
El nuevo currículo empieza por establecer el llamado “perfil de salida del alumnado”. Es decir, qué deben saber hacer los estudiantes al terminar la primaria y la ESO para desenvolverse como “ciudadanos y futuros profesionales en un mundo interconectado, global y cambiante”. Esas grandes metas se basan en las competencias clave (lingüística, plurilingüe, matemática, científica y tecnológica, ciudadana y otras) definidas por la UE, y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobados por la ONU (resolver los conflictos de forma pacífica, promover la salud personal y colectiva, actuar frente a los problemas medioambientales, promover la igualdad entre mujeres y hombres).
Siguiente etapa
En la siguiente fase de elaboración del currículo (que ya está siendo abordada por expertos de cada disciplina y concluirá en unos meses), el ministerio establecerá cómo alcanzar esas competencias clave en cada una de las asignaturas, así como los saberes básicos o contenidos que deben haber aprendido los alumnos al terminar cada etapa y, a modo de jalones, en los cursos intermedios de primaria y secundaria.
España presenta ahora unas tasas de abandono escolar temprano (los jóvenes de 18 a 24 años que tienen como mucho el título de la ESO) y de repetición de curso muy superiores a la media de la UE y la OCDE. En el primer caso se eleva al 16% y en el segundo, al 28,7%, frente a unos promedios del 10% y del 11,3%. Además de proporcionar a los alumnos un aprendizaje más práctico, centrado en lograr que sean capaces de hacer cosas más que de repetir contenidos en un examen, el nuevo currículo también aspira a reducir el elevado número de alumnos que se pierden por el camino, intentando garantizar que todos alcancen, al menos, lo que algunos expertos llaman una “renta cultural mínima”.
El momento de las autonomías
En las últimas décadas, los currículos han sido elaborados por el Gobierno y las comunidades autónomas, y ahora, con la nueva ley, los centros también podrán fijar una parte. Los dos primeros documentos de la reforma son solo una primera entrega de la parte que debe establecer el Ministerio de Educación. Cuando haya terminado toda su parte, que es lo que se conoce como enseñanzas mínimas, el ministerio habrá fijado un 50% del currículo en las comunidades con lengua cooficial y un 60% en las que no la tienen. Eso quiere decir que, aunque el Gobierno quiere imprimir a la forma de aprender en la escuela un giro muy competencial y aplicado, alguna comunidad podría aprobar normas en sentido contrario, manteniendo el modelo enciclopédico de la ley Wert.
Para intentar que el resultado sea coherente y que dé tiempo a terminar el trabajo antes del momento en que el nuevo currículo debe entregar en vigor (entre el curso 2022-2023 y el siguiente, según los niveles), el ministerio ya está trabajando con las comunidades autónomas, a las que ha enviado este martes los dos primeros documentos, que son susceptibles de ser modificados.
Para facilitar el cambio, Educación está también en contacto con las editoriales, que son las principales mediadoras entre el currículo y los docentes a través de los libros de texto y los cada vez más variados materiales educativos que crean.
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