Una tirita en una herida sangrante

El Ministerio de Universidades ha elaborado un “borrador para consulta” del real decreto del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), incluyendo la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Las propuestas se justifican con base en ”cuatro realidades incontestables”: ...

El Ministerio de Universidades ha elaborado un “borrador para consulta” del real decreto del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), incluyendo la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Las propuestas se justifican con base en ”cuatro realidades incontestables”: envejecimiento y relevo del profesorado, precariedad, falta de perspectivas profesionales y derechos y escasa internacionalización y movilidad.

El documento modifica las figuras de profesorado contratado, introduciendo las de catedrático y profesor titular contratados (alineándose con Cataluña y País Vasco) y enuncia la equiparación de laborales y funcionarios; consolida la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) –cuando muchos pedían su eliminación– aunque “simplifica” sus requerimientos y trámites; introduce el sorteo en los tribunales, con mayoría de “externos” a la universidad convocante; y define algunos requerimientos de movilidad (nueve meses para profesor titular, nada para catedrático), etcétera. En resumen, una tirita en una herida sangrante. El texto es poco ambicioso y no resuelve los problemas que identifica. Tampoco facilitará que las universidades puedan competir internacionalmente, ni servir al tejido productivo.

Los problemas de la universidad española son conocidos: autonomía, atracción y retención del talento, financiación, rendición de cuentas, etcétera. Resumiendo y simplificando: recursos, gobernanza e incentivos. El borrador aborda el problema del profesorado, donde quizás pueda curar algunos rasguños (antes de que lo hagan los tribunales de justicia), tales como el encadenamiento de contratos de profesores visitantes o la situación de los profesores asociados dedicados solo a la universidad (denominados falsos asociados). Endogamia, clientelismo, favoritismo, localismo son sustantivos frecuentes para referirse al acceso y promoción, pero estas realidades están ausentes.

El resultado dependerá de lo rigurosa que sea cada universidad y departamento en la aplicación de los principios de mérito y capacidad. La propuesta tampoco garantiza, si se ampliasen las plantillas, que se recupere el talento que emigró. Todo dependerá de la financiación disponible.

Pero el modelo de financiación (que depende de cada comunidad autónoma) está ausente. Sabemos que la financiación pública directa es insuficiente y comparada con la de países similares, entre dos y tres veces inferior. Además, los criterios para su asignación se centran en el número de alumnos y son continuistas. Otros países con problemas parecidos han ligado el modelo de financiación a los resultados, incentivando el mejor reclutamiento del personal docente e investigador (PDI). Copiemos de ellos y ampliemos lo que se hizo bien aquí.

1. El Gobierno francés ha definido una estrategia: A) Mejorar las retribuciones del personal de investigación y universidades, alineándolas con las retribuciones de los países de la OCDE y con la función pública. B) Relanzar el empleo científico, asumiendo los procedimientos de reclutamiento internacionales. C) Revalorizar el doctorado. D) Mejorar la entrada en la carrera docente-investigadora y su desarrollo. E) Establecer “contratos plurianuales alineando objetivos y recursos”.

2. La Comisión Europea y la OCDE han recomendado sistemas de financiación plurianual basados en los resultados para España.

3. Se pueden imitar medidas, como las de Italia, con su Evaluación de la Calidad de la Investigación (VQR), cuyos resultados determinan la asignación del 25% de los fondos de financiación de cada universidad, sin duda, un incentivo a reclutar a los mejores.

4. Para mejorar la calidad del reclutamiento, con independencia de elevar la tasa de reposición, se podría aumentar significativamente el cupo actual del 15%, dentro de la Oferta de Empleo Público (OEP) de las universidades, destinado a antiguos investigadores Ramón y Cajal con certificado I3, que se fijó en la ley Montoro de Presupuesto de 2018 y evaluar cómo se ha aplicado por las universidades. La implementación es responsabilidad de las autonomías, pero los ministerios de Universidades y de Ciencia e Innovación deben promover los cambios con la visión de futuro del conjunto del sistema.

Luis Sanz-Menéndez es profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.

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