Redes de seguridad económica ante el cambio tecnológico

El debate sobre la necesaria transformación de la economía de la Unión Europea se ha desplazado velozmente hacia objetivos de seguridad. Este giro puede afectar a muchas dimensiones del modelo económico actual, incluida la inevitable adaptación de los sistemas de impuestos y prestaciones al nuevo entorno. La modernización de estos sistemas es c...

El debate sobre la necesaria transformación de la economía de la Unión Europea se ha desplazado velozmente hacia objetivos de seguridad. Este giro puede afectar a muchas dimensiones del modelo económico actual, incluida la inevitable adaptación de los sistemas de impuestos y prestaciones al nuevo entorno. La modernización de estos sistemas es crucial para afrontar los desafíos en curso sin comprometer la estabilidad social y económica.

Entre las alternativas de reforma gana fuerza la demanda de mecanismos de protección más universales. Lo que antes era un tema restringido a círculos académicos y a algunos movimientos sociales se ha convertido en una cuestión cada vez más presente en el debate. En la última década, se han llevado a cabo varios experimentos de renta básica, que han suscitado un interés creciente sobre su viabilidad como respuesta a la digitalización de la economía y la desaparición de empleos tradicionales. Existe amplia evidencia del aumento de la vulnerabilidad social en los países de renta alta, debido a la aceleración del cambio tecnológico, la internacionalización de la economía y la erosión de las políticas públicas. El reto es proporcionar ingresos a quienes estos procesos excluyen.

Los avances tecnológicos están sustituyendo numerosas tareas rutinarias, particularmente en sectores como las manufacturas, el comercio minorista y las tareas administrativas. Esta dinámica se extiende también a ocupaciones altamente cualificadas, en las que ciertas funciones se automatizan cada vez más. Un efecto es el desplazamiento de un número creciente de trabajadores; otro, la precarización en ocupaciones con ingresos muy inestables y escasas redes de seguridad económica. En etapas anteriores de rápido cambio tecnológico, gran parte de los trabajadores desplazados pudo reubicarse en otros sectores. Lo distintivo de esta transición es que la actual ola de automatización no se limita a los trabajos rutinarios.

Una parte importante del impacto recaerá en los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Muchas tareas rutinarias tradicionalmente desempeñadas por ellos están siendo automatizadas, mientras que la digitalización exige competencias que muchos no han desarrollado. Una alta proporción queda atrapada en empleos mal remunerados e inestables, como los vinculados a plataformas digitales, que apenas cuentan con cobertura de protección social. No sorprende que la pobreza laboral juvenil haya aumentado en las últimas décadas.

A medida que se intensifique la expulsión de trabajadores, serán necesarias redes de seguridad económica distintas de los sistemas actuales de garantía de ingresos. En este contexto, cobran fuerza propuestas como la renta básica universal (RBU), un mecanismo que trata de garantizar estabilidad económica y mayor autonomía personal a todos los ciudadanos. Sus ventajas más citadas son la reducción de la pobreza mediante un ingreso mínimo incondicional y una mayor seguridad frente a la inestabilidad laboral. Un ingreso garantizado permite afrontar períodos de desempleo sin pérdidas severas, al tiempo que facilita procesos más eficientes de búsqueda de empleo.

La RBU incorpora también una dimensión de justicia vinculada a la redistribución de los beneficios de la digitalización. Dado que la automatización incrementa la riqueza agregada, podría convertirse en un mecanismo para extender estas ganancias, en lugar de concentrarlas en unos pocos actores. Además, fomentaría una mayor asunción de riesgos, al permitir emprender proyectos innovadores sin depender exclusivamente de empleos tradicionales. Otra motivación reside en las deficiencias de los sistemas actuales de protección, basados en una rígida división entre empleo y desempleo, poco flexibles para responder a trayectorias laborales irregulares y precarias. La RBU ofrece una alternativa menos burocrática, que evita la estigmatización y mejora el acceso a la protección.

Cabe preguntarse hasta qué punto estos argumentos son realistas. Su revisión plantea más interrogantes que respuestas. En los países con mayores niveles de automatización y digitalización, las tasas de desempleo tienden a ser bajas. Por otra parte, los efectos de la RBU sobre la pobreza y la desigualdad dependen decisivamente de la cuantía fijada y de qué ocurriría con las prestaciones existentes. Algunas propuestas se apoyan en un enfoque presupuestario neutral, que conduce a cuantías muy bajas; otras toman como referencia el umbral de pobreza, lo que implica un coste muy elevado. Debemos preguntarnos, además, si el alcance de los cambios descritos obliga a renunciar de facto al derecho al trabajo de un gran segmento de trabajadores. Mejorar el bienestar de los grupos vulnerables no puede descansar únicamente en transferencias monetarias.

Otro aspecto crítico es el posible efecto desincentivador. Su impacto es incierto, dado que no existen experimentos a gran escala en el mundo real. Es probable que el resultado se sitúe entre las previsiones optimistas de una mayor participación en el mercado laboral y los temores de quienes imaginan una sociedad de ociosos. Algunas estimaciones sugieren que una transferencia monetaria universal y permanente no reduciría de forma significativa el empleo.

En cualquier caso, sin un aumento notable del gasto público solo sería viable una RBU muy modesta. Elevarla exigiría ambiciosas reformas fiscales, difíciles de imaginar en un contexto en el que las tensiones políticas dificultan cualquier consenso. Si, además, el ámbito de implantación fuera el europeo, la RBU solo sería políticamente viable si se adaptara a la diversidad de realidades nacionales. Su financiación requeriría mecanismos de redistribución entre países, lo que podría generar nuevas tensiones.

Pese a estas restricciones, las transformaciones en curso mantienen abierto el debate. Más que una prestación completamente universal, podrían explorarse esquemas más específicos. Dada la creciente vulnerabilidad de los jóvenes, una opción sería una renta básica parcial dirigida a este grupo, vinculada a la formación necesaria para adaptarse a las transformaciones del mercado laboral. Al garantizar cierta seguridad en los ingresos, facilitaría su participación en programas de cualificación y mejora de competencias, en particular de quienes corren el riesgo de no acceder a un primer empleo o de perderlo.

Aunque sería una alternativa parcial, los posibles efectos positivos de esta fórmula justifican su inclusión en la discusión sobre el modelo social de los países europeos. La magnitud de los desafíos actuales y las limitaciones de las redes tradicionales de seguridad hacen necesario el debate sobre una protección más general y flexible.