Pocas palabras resumen el sentimiento de la quincena de personas entrevistadas en este reportaje: “Algo falla. Algo no estamos haciendo bien”. Hablan de la gestión de las 28,5 millones de hectáreas forestales de España. De este 56% de superficie del territorio del que nadie se acuerda cuando termina el verano y se apagan los incendios, por muy devastadores o trágicos que hayan sido. Este año, según el sistema de vigilancia satelital Copernicus, ya van 385.373 hectáreas quemadas, una destrucción...

Pocas palabras resumen el sentimiento de la quincena de personas entrevistadas en este reportaje: “Algo falla. Algo no estamos haciendo bien”. Hablan de la gestión de las 28,5 millones de hectáreas forestales de España. De este 56% de superficie del territorio del que nadie se acuerda cuando termina el verano y se apagan los incendios, por muy devastadores o trágicos que hayan sido. Este año, según el sistema de vigilancia satelital Copernicus, ya van 385.373 hectáreas quemadas, una destrucción sin comparación en su estadística, que arranca en 2006.

Más allá del fuego está el bosque. Un bosque que poco a poco deja de tener conexión con los pueblos porque estos envejecen, la población se concentra en las ciudades y se pierde la práctica de la agricultura extensiva. Eso ocurre en el país que según Eurostat tiene la mayor superficie forestal de la UE tras Suecia (28 millones de hectáreas) y Finlandia (22 millones), pero cuya generación de valor añadido en sus casi 18 millones de hectáreas arboladas está por debajo de la que consiguen esos u otros Estados, como Estonia o Letonia.

Dependiendo del año, el precio de las cortas (talas) de madera —que en las últimas dos décadas han variado en la horquilla que va de los 13 millones de metros cúbicos de 2010 a los 20 millones de 2022—, no ha pasado de los 1.000 millones de euros en origen. El bosque traducido a producción, representa, según quién lo mida, entre el 0,7% y el 1,7% del PIB. Miguel Ángel Duralde, presidente de Asemfo, Asociación Nacional de Empresas Forestales, explica por correo electrónico que la tasa de cortas anuales apenas alcanza el 40% del crecimiento del conjunto de las masas forestales, mientras que la media europea supera el 60%, y que esa retirada de biomasa se centra principalmente en especies de crecimiento rápido (aproximadamente el 80% de las talas se realizan sobre el eucalipto, los pinos y el chopo), “con lo que el resto de las masas forestales casi no se aprovechan, generando un incremento de biomasa muy importante cada año, biomasa que durante la época de peligro de incendios empezamos a llamar combustible”. Cada día en la provincia de Madrid, calcula, el volumen de madera aumenta en 850 metros cúbicos.

Una delgada línea une el dinero con las copas de los árboles y el cambio climático. Sin la rentabilidad de las comunidades locales no se fija población. Sin población no hay limpieza. Sin limpieza, el monte se vuelve amenazante, de nuevo por la actividad humana que normalmente provoca los fuegos. Un círculo vicioso que por desgracia no se para con motobombas.

Ana Belén Noriega, directora de PEFC, una organización no gubernamental que promueve la gestión forestal sostenible a través de la certificación de los montes y sus productos, habla de que hay que actuar en varios sentidos: “Nos ocupamos de la salud de las ciudades, nos ocupamos del campo con la PAC, pero del monte no. Se habla de conservar; pero hay que gestionar sosteniblemente para conservar. El fin es la conservación, pero el medio es la gestión forestal con tres patas: la económica, la social y la medioambiental”.

En el sector aún escuecen las palabras pronunciadas este verano por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuando dijo al hilo de los incendios que en su comunidad hay “demasiados bosques”. Quizá lo que haya es demasiada simplificación al hablar de un problema poliédrico. Las masas forestales, recuerda Juan Picos, profesor de Selvicultura en la Universidad de Vigo, son la mayor infraestructura biológica en Europa y la mayor fuente de recursos biológicos no alimentarios. Viven de ellas aproximadamente 476.300 personas en el continente, 33.500 en España, en datos de Eurostat. Pero suman metros cúbicos de problemas: insuficiente financiación, deficiente seguridad jurídica, escasa rentabilidad de muchas producciones… Más leña para un fuego que acaba convirtiendo en cenizas el paisaje.

Incendios recurrentes

“Los incendios han venido para quedarse, tenemos que trabajar preventivamente para minimizar sus efectos. Dejarnos ir no soluciona el problema. El sector forestal sufre las consecuencias y es a la vez el que tiene la capacidad de darle la vuelta a las cosas”. Cree Picos que si algo tiene su profesión, con 175 años de antigüedad, es que facilita herramientas para trabajar en una superficie de bosque pensando en unas metas, “que pueden ser recreativas, productivas, mixtas… Nadie pretende que el 100% de los montes sean de producción intensiva. A veces me duele cuando veo los debates que se generan alrededor de la selvicultura. Son necesarias áreas de conservación, como también lo son las que generen productos que ayuden a la transición ecológica”.

Una de esas herramientas son los planes de gestión. Muy pocos montes privados cuentan con una planificación de uso que incluye los aspectos climáticos. Solo el 18% están certificados bajo el paraguas de algún estándar internacional (PEFC o FSC) que garantiza un determinado manejo del monte y la certificación de cadena de custodia de sus productos. Gonzalo Anguita, director del Forest Stewardship Council (FSC) en España, refiere un estudio realizado en Portugal que demostró que el suelo certificado “se quema menos”. Faltan luces largas, cree Elier Ojeda, presidente de la Federación de Aserraderos y Rematistas de Galicia, porque un árbol puede tardar en crecer 15, 20 o 40 años, y una legislatura solo dura cuatro. “Después de tantos años de incendios deberíamos tener unidad en la clase política para adoptar medidas a medio y largo plazo, pero nos ponen en el centro de un partido de pimpón”.

Yaisa Córdoba, profesora del máster en Derecho Ambiental de la Unir, cree que un buen punto de partida es dejar de ver el bosque solo desde la óptica técnica, olvidando los aspectos sociales o administrativos. “Hay que tener en cuenta que no todo el terreno forestal es igual y no aporta lo mismo según qué tipo de bosques. Estrictamente hablando, no podemos modificar las condiciones meteorológicas o la topografía. Tampoco podemos apelar a la buena voluntad para recuperar el campo. Un punto de partida es darle un valor económico a esa recuperación”. Y en ese ejercicio pide generosidad: “Todos tenemos visiones de lo que es recuperar el monte, pero hay que pensar no solo lo que es mejor para nosotros, sino cómo generar un desarrollo sostenible con vistas a los incendios, a las inundaciones, a los riesgos del cambio climático”.

El problema es que puede haber cuatro millones de opiniones distintas sobre lo mismo. Ese es, según Asemfo, el número de propietarios de las masas arbóreas del país. Según el anuario estadístico del Ministerio de Transición Ecológica, el 72% está en manos privadas, ya sean empresas, personas individualmente o en régimen de copropiedad, propiedad comunitaria (como pasa con los montes vecinales de mano común gallegos que tienen su origen en el derecho germánico) o a través de las sociedades de montes que emanan del derecho romano. Cristina Bugarín, abogada, conoce bien ese terreno. “La primera ley de montes vecinales es de 1968, desarrollada en el reglamento de 1970. A partir de ahí comienza la clasificación”. Y las clasificaciones que se realizaron en el franquismo, recuerda, estuvieron muy mal hechas, “pero nadie decía nada porque nadie se atrevía”. De aquellos lodos, estos pleitos. Sobre todo en cuestiones de deslindes y de reivindicaciones de propiedad de montes vecinales cedidos en su día para instalaciones públicas.

Volviendo a la estructura de propiedad, Begoña Abellanas, profesora del Departamento Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba, traslada que el actual aprovechamiento del monte tiene mucho que ver con esa gran complicación que es el mapa de propietarios, donde además se estima que cerca de dos millones de hectáreas no tienen dueño conocido. “Hay una gran disparidad de situaciones. El aprovechamiento forestal no es como el agrícola; para que tenga cierto rendimiento tiene que tener dimensión”. En cambio, la tendencia es la contraria, las herencias subdividen la propiedad hasta el infinito, lo que crea innumerables barreras.

Héctor Rodríguez, director de Agribusiness de CBRE, percibe que muchos fondos de inversión quieren entrar en el sector agrícola, pero ninguno en el forestal, al contrario de lo que ocurre en otros países, donde sí han visto que invertir en capital natural “es invertir con perspectiva, con rentabilidad, apostando por la biodiversidad y los créditos de carbono”. Regino Coca, fundador de Cocampo, una plataforma de compraventa y el arrendamiento de fincas rústicas, dice algo parecido. “En España los montes no dan dinero. Una parte significativa de la superficie forestal en España ha perdido competitividad para su explotación maderera, tanto por la caída de su uso en ciertas industrias como por la competencia internacional con menores costes. Cuando la explotación no es rentable, el valor económico de ese suelo tiende a ser bajo o nulo”.

Poco valor añadido

De media, los bosques de los países de la UE generaron 174 euros en valor añadido por hectárea en 2022: en España fueron 49 euros. La patronal Asemfo cree que una medida fundamental para cambiar las cifras de rentabilidad sería promover la agrupación de propietarios, tal y como está impulsando la Confederación de Selvicultores de España. Para ello, cuenta Miguel Ángel Duralde, sería importante “promulgar la Ley de Montes de Socios, aparcada desde hace un año en el Senado, porque facilitará y promoverá la gestión activa de miles y miles de hectáreas de propiedad privada” de las que se desconocen los dueños. Otra medida, pide, es mejorar la fiscalidad forestal: “El ministerio cuenta con una propuesta encima de la mesa elaborada por COSE y apoyada por el conjunto de agentes de la cadena de valor forestal y grupos ecologistas”.

En la comunidad de montes de Antas, en el Ayuntamiento de A Lama (Pontevedra), han sabido enfrentarse a muchos de los problemas descritos antes. En ese paisaje cuajado de robles que atraviesan las aguas limpias del río Verdugo, un grupo de mujeres decidieron recuperar una propiedad comunal de 500 hectáreas. La directiva anterior que llevaba la gestión se había desentendido tras perder un juicio con los vecinos por un problema de lindes. Les expropiaron una plantación de 25 años de antigüedad y les costó 10 años volver a poner aquello en pie. “Fue muy complicado los cinco primeros años. Conseguimos entender y transmitir que el monte cumple la doble función de protección para la aldea y de ser un ente vivo”. Cortaron y vendieron los eucaliptos, apostaron por una gestión diversificada basada en el pino y en introducir ganado (vacas cachenas y caballos de raza autóctona) para mantener limpias las fincas. Hasta hoy han gestionado un volumen de subvenciones cercano a los 1,5 millones de euros y han pactado con una gran industria las talas, tratamientos y desbroces según un reparto al 50% del fruto del monte. Y les funciona.

Xosé Mera es responsable de desarrollo forestal en Finsa, una de las mayores empresas del sector (1.208 millones de facturación, con un consumo de madera de 3,5 millones de metros cúbicos anuales) con quien han pactado las comuneras de Antas. Preside también Arume, una asociación en la que está representada toda la cadena de transformación maderera. En Galicia, calcula, el monte traslada a la economía 43.000 millones de euros y aporta al PIB de la región el 1,9%. Pero incluso aquí, en la comunidad más productiva (con el 7,5% de la superficie arbolada del país, realiza el 58% de las cortas de madera, en datos de 2023) hace falta mejorar la gestión del territorio aumentando la prevención. “No parece que tenga mucho sentido que la gran partida del presupuesto se destine a extinción. Donde hay riqueza, el monte no arde porque la gente le pone interés, pero si desaparecen los cortafuegos, los matorrales llegan a las casas, a terrenos que antes estaban trabajados”. Mera también apunta a problemas de plagas que agudiza el cambio climático que no se resolverán sin investigación forestal. En una de sus fincas en As Pontes, Finsa cuenta con 500 hectáreas de frondosas, coníferas y eucaliptos. Están ensayando modelos multifuncionales con ganado, para la producción de setas y apicultura. “Hay modelos variados para combinar la producción de madera con el cuidado medioambiental, para integrar el factor humano en el territorio, fijar carbono y darle mucho más valor al monte del que le damos”.

Ence, la otra gran empresa beneficiada por la explotación forestal en España, gestiona cerca de 70.000 hectáreas de patrimonio forestal. Este año solo ha visto quemarse 50, el 0,07% del total, “por la gestión forestal activa que lleva a cabo la compañía en sus superficies”, según responde por correo electrónico. Acusada de fomentar el monocultivo de una especie, el eucalipto, que reduce la biodiversidad y denostada por grupos ambientalistas por mantener la fábrica de Pontevedra a orillas de la ría, la compañía impulsó en noviembre de 2023 un programa que engloba todas sus acciones en gestión sostenible: desde lo que hace en sus fincas a cómo asesora a los propietarios a los que compra, la venta de planta en los viveros o la investigación. Han realizado 2.000 asesoramientos en un área de 4.000 hectáreas y tienen lo que llaman el “manual de herederos forestales”, una guía para quien ha recibido tierras tras un fallecimiento y no sabe qué hacer con ellas.

¿No tocar el monte?

Estas y otras iniciativas, como las que realizan muchas agrupaciones de propietarios en los montes de Soria, son ejemplos de buenas prácticas que no son mayoritarias. Lo malo, lamenta Begoña Abellanas, es que en la opinión pública se ha instalado la idea de que cortar un árbol es, en sí mismo, malo. “Hay una mayoría que piensa que los montes se están deforestando, se ha pretendido ver que el aprovechamiento es negativo, que era mejor no tocar el monte. Pero cualquier decisión generalista no es buena, no hay una solución única, y pensar que esto se va a resolver solo a base de inversión [en medios de extinción] es una utopía”.

Juan Picos transita el mismo camino: “En Galicia tenemos un sector industrial, pero en otras comunidades se ha dilapidado. Cualquiera de nuestros aserraderos grandes es pequeño al lado de los extranjeros. Hay problemas de innovación; tenemos que fomentar la cooperación y debemos generar productos válidos, estandarizables, de calidad suficiente con nuestra madera, no imitar lo que hace un sueco con su madera de abeto”. O como señala desde Unións Agrarias-UPA Jacobo Feijóo, responsable de desarrollo rural: “Con ordenación y mejora genética podríamos producir un 50% más sin aumentar la superficie. Pero con el abandono podemos pasar de 100 a cero en una sola generación. El reto va a estar en saber dinamizar la propiedad particular y en cómo hacemos para proteger el territorio con menos agricultores y ganaderos”. Sin ese esfuerzo, los incendios seguirán abriendo los informativos cada verano.

Juan Picos transita el mismo camino: “En Galicia tenemos un sector industrial, pero en otras comunidades se ha dilapidado. Cualquiera de nuestros aserraderos grandes es pequeño al lado de los extranjeros. Hay problemas de innovación; tenemos que fomentar la cooperación y debemos generar productos válidos, estandarizables, de calidad suficiente con nuestra madera, no imitar lo que hace un sueco con su madera de abeto”. O como señala desde Unións Agrarias-UPA Jacobo Feijóo, responsable de desarrollo rural: “Con ordenación y mejora genética podríamos producir un 50% más sin aumentar la superficie. Pero con el abandono podemos pasar de 100 a cero en una sola generación. El reto va a estar en saber dinamizar la propiedad particular y en cómo hacemos para proteger el territorio con menos agricultores y ganaderos”.

Más madera, menos emisiones

Un euro el metro cuadrado. O como mucho, dos. Eso es lo que llegan a pagar algunos tribunales de expropiación por el monte. Un precio 2.000 veces menor que el del mismo metro cuadrado en una vivienda media en España. El dato es una metáfora de la distancia sideral que hay entre la construcción y la selvicultura. “Tenemos una industria bien desarrollada en primera transformación, en el señor que compra un tronco y lo convierte en otra cosa. Nos falta la segunda transformación”, reflexiona Jacobo Feijóo, responsable de Desarrollo Rural de Unións Agrarias-UPA Galicia. Quizá se quede corto. Juan Antonio Gómez-Pintado, promotor , quiere acercar esos dos mundos a través de la industrialización de la construcción con madera y acaba de constituir una asociación para la gestión forestal y la edificación. En una de sus empresas del grupo Vía Ágora llevan tres años trabajando en ello. “En España estamos importando madera de Francia, Austria o Alemania, que nos ganan por goleada. Pero no aprovechamos lo que tenemos”, lamenta. Ve en la madera un material definitivo para reducir drásticamente las emisiones en un sector que a penas lo dedica a tablero, pasta de papel y o a hacer fantásticos palés de transporte que se desechan tras un solo uso. “Nosotros fabricamos entramado ligero de madera para fachadas, tenemos estructuras de baños industrializados que podemos hacer en madera… no todo va a ser en ese material, pero abogamos por introducirlo de forma híbrida junto al hormigón y el acero”.

Captura de carbono

Mientras crecen, los árboles secuestran carbono en aproximadamente una tonelada de CO2 equivalente por metro cúbico de madera fresca. Ese carbono permanece “encerrado” en el material durante los años que se utilice. Es cierto que la huella de carbono de una construcción dependerá de muchas otras cosas, como las condiciones en las que ha crecido el material o en cómo se ha transportado, pero la madera juega con ventaja, porque el hormigón o el acero se producen a partir de recursos minerales cuya extracción puede dañar ecosistemas, emitir contaminantes o utilizar grandes cantidades de agua.

El precio de no usar la madera se ha visto este verano, desliza Feijóo: “En dos meses se vertieron 18 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera ¿y sabe cuánto emite en un año la construcción? 3,5 millones de toneladas”, interpela. La taxonomía europea establece estándares de calidad y resistencia para la madera utilizada en la construcción y los gobiernos están empezando a fomentar este material por razones ambientales y como una manera de dar valor los recursos de sus territorios. Y no solo vale para casas unifamiliares. Hay edificios en altura, como el Tomás Bretón de Madrid, que llevan años sostenidos por estructuras de madera. En Moaña (Pontevedra) se está construyendo un centro de salud que será el mayor edificio en madera de Galicia con una mezcla de pino autóctono y abeto importado. Y en Ogíjares (Granada) el año pasado se levantó, en un proyecto en el que participó la universidad, la primera vivienda del país construida con madera laminada de chopo procedente de la Sierra de Cazorla. Son ejemplos, además, que presentan consumos de energía bajos o casi nulos.

Daniel Ibáñez, director del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) e impulsor de la red Massmadera, también cree que es el material que mejor combina la industrialización y la sostenibilidad. Se apoya en el desarrollo, desde los años 80 del siglo pasado, de la tecnología CLT (cross laminated timber o madera contralaminada), con la que trabajan industrias del País Vasco, Cataluña y Galicia. El sistema utiliza capas sobrepuestas, normalmente de pino o abeto, que se encolan y se prensan dando como resultado un producto apto para hacer vigas, pilares, y paneles destinados a forjados, cubiertas o muros, que puede alcanzar longitudes de hasta 18 metros y anchuras de tres metros. “Tiene además dos ventajas: permite unos plazos de construcción mucho menores y tiene una huella de carbono baja”. Sin embargo, en España la madera maciza industrializada solo se aplica al 1% de la edificación.

“Es un producto muy industrializable”, apoya Juan Picos, de la Universidad de Vigo. “Solo con que maderificásemos el 5% de la construcción podría ser suficiente… podemos dejar de importar algunos materiales, los productos de madera técnica son competitivos si los fabricásemos en España, hay un camino interesante, son pequeñas revoluciones que hay que hacer”.

También hay desafíos, como su resistencia al fuego, la trazabilidad, los (bajos) conocimientos técnicos de las personas que trabajan en el sector, la limitada cadena de suministro, los precios, o incluso una competencia exterior cada vez más lejana. En China, India o Brasil ya se han lanzado programas de plantación intensivos que podrían aumentar la disponibilidad de madera en el futuro. Gómez Pintado echa cuentas: si en cinco años el 10% de la edificación residencial en España incorpora madera estructural, podría generarse un consumo de unos 270.000 metros cúbicos al año. Las cuentas de la vieja llevadas a la nueva economía.