La eterna batalla entre las pymes y la Administración: ¿hay demasiada burocracia?

No hay un respiro para las pequeñas y medianas empresas si se piensa en la carga normativa que deben asumir. Esta es una idea extendida entre los asesores legales que ayudan a las pymes en el cumplimiento regulatorio y que ven cómo estos negocios no solo tienen que hacer frente a su actividad diaria para ser rentables, sino que también deben cumplir con una avalancha regulatoria que pesa como una losa y que cambia frecuentemente. Los recursos financieros y humanos suelen escasear, sobre todo en las etapas iniciales, y las exigencias legales añadidas resultan agotadoras. Los especialistas en derecho mercantil y societarios creen que, si las autoridades no apuestan por agilizar los trámites y por simplificar la regulación, se resta competitividad, se reduce el tejido productivo y se crea un impacto económico negativo.

La percepción de esta sobrecarga normativa es generalizada. Así lo confirma Ricard Gené, socio del bufete La Guard, que asegura que muchas empresas llegan a plantearse no cumplir con todas esas regulaciones. “Es tremendo. No tienen ni los medios económicos ni humanos para hacerlo y se exponen a multas”, señala el especialista en derecho mercantil. Y es que, aunque en algunos casos las nuevas normas que se aprueban rigen para empresas de más de 50 empleados, echa en falta una mayor categorización en la aplicación de estas obligaciones a las distintas realidades de las pymes, que suponen cerca del 90% del tejido empresarial en España.

La regulación con mayor impacto son la fiscal y laboral, coinciden los expertos consultados. ¿La razón? Ambas rigen de manera inmediata para prácticamente todas las empresas. En los últimos años, las obligaciones han aumentado y las pymes deben llevar el registro de jornada laboral cumpliendo con unos requisitos legales que, en muchas ocasiones, no quedan claros desde el principio. También deben aprobar los planes de igualdad, controlar la igualdad salarial, realizar la prevención de riesgos laborales, implantar un canal de denuncias y afrontar nuevas obligaciones contables, además de respetar la normativa de protección de datos... Para muchas resulta abrumador y caro, especialmente cuando están en la carrera contra el reloj para alcanzar la rentabilidad.

Los abogados lo ven a diario: hay hartazgo y fatiga psicológica. “El cumplimiento normativo laboral es cada vez más exigente y la Inspección de Trabajo está ahí. Un conflicto con los trabajadores está ahí. Es muy fácil que aflore ese riesgo. En cuanto a la Agencia Tributaria, no solo se traduce en una carga burocrática potente, sino que cualquier error o incumplimiento tiene una repercusión económica inmediata”, explica Javier Berrocal, socio de Santiago Mediano Abogados. El especialista en mercantil lo califica como una tendencia europea a favorecer marcos normativos de mucho control y con sanciones potentes. “Un Endesa o un Banco Santander lo pueden absorber; una pequeña empresa sufre”, explica el experto.

Pero el panorama es el que es y las pymes deben funcionar en este escenario y respetar las reglas del juego. “Todo ello obliga al empresario a profesionalizarse más si quiere ser competitivo y mantenerse en el mercado. Para asegurar la viabilidad a largo plazo, debe enfocarse en una gestión presupuestaria rigurosa y en la optimización constante de todas las áreas”, explica Rafael Viñals, socio codirector de GRA Consultores, que solo ve como solución posible externalizar las actividades de cumplimiento normativo. Y reconoce que “si ya es complicado sacar un negocio adelante, todo esto dificulta aún más el desarrollo empresarial”.

Aunque los empresarios suelen caracterizarse por ser personas inconformistas y ambiciosas, la tónica general es que cualquier nueva ley se perciba como una traba regulatoria, un obstáculo para el desarrollo de su actividad. Sin embargo, al final suele imponerse el pragmatismo y levantan la persiana sabiendo que esto forma parte de su día a día y que deben cumplir con la normativa vigente general y sectorial. No son pocos los que se la juegan y siguen intentando llevar por su cuenta los controles legales, con personal y recursos internos, aunque no exento de riesgos. Pero lo más sensato, reitera Rafel Viñals, es delegar estas funciones en especialistas externos.

La repercusión de una carga regulatoria excesiva puede ir mucho más allá. “Todos estos elementos hacen que, cuando un empresario tiene 30 trabajadores y un plan de crecimiento, se lo piense mucho. Más de uno cree que igual no le compensa crecer y sobrepasar los 50 trabajadores”, reconoce Berrocal. Esto se hace aún más patente en determinados sectores donde la presión normativa es mayor. Y cita como ejemplo el agrícola.

A ello se añade la falta de recursos de la Administración Pública, algunas de cuyas funciones debe internalizar el pequeño empresario. Y es que en numerosos casos son las propias empresas las que deben invertir recursos en ejercer esa función de autocontrol. “La Administración te dice que como no incurras en ese coste para controlar tu propia actividad, te sanciona. Y esto tiene un impacto en la economía”, insiste Javier Berrocal.

¿Debería haber menos controles? Se trata de simplificar, explican los expertos, que apelan a una mayor sensibilidad del legislador con la realidad de las pymes, de los negocios familiares, y con lo que implica un exceso regulatorio. Los controles deben existir, aseguran, pero deben estar más racionalizados y no bloquear el crecimiento de las pymes. ¿La solución? Que las autoridades tomen conciencia del problema, que planteen una normativa más unificada y una reducción de carga administrativa mediante procesos más sencillos. Los pequeños empresarios no siempre cuentan con los recursos para llevar un control normativo y de riesgos legales tan exhaustivo, concluyen.