Salud, dinero, amor (y votos)

Una canción popular dice que hay tres cosas importantes en la vida: la salud, el dinero y el amor. Las encuestas que toman el pulso a las preferencias de los ciudadanos españoles nos muestran cómo las ordenamos. Parece que lo que más nos preocupa es la salud, física y mental. Le siguen en importancia los hijos, familiares y amigos, mientras que asignamos al dinero y al trabajo una menor ponderación.

Ante la cercanía de nuevos ...

Una canción popular dice que hay tres cosas importantes en la vida: la salud, el dinero y el amor. Las encuestas que toman el pulso a las preferencias de los ciudadanos españoles nos muestran cómo las ordenamos. Parece que lo que más nos preocupa es la salud, física y mental. Le siguen en importancia los hijos, familiares y amigos, mientras que asignamos al dinero y al trabajo una menor ponderación.

Ante la cercanía de nuevos procesos electorales, podríamos pensar que las opciones de voto de la mayoría de los electores deberían estar determinadas por el grado en que los actuales gobernantes —o quienes se presentan como alternativa— consiguen promover avances en esos ámbitos, sobre todo en las condiciones de vida y el estado de salud. Ciertamente, dada la crispación que caracteriza las relaciones de la clase política, se hace difícil pensar en cómo puede promover esta última la mejora de las relaciones afectivas. Eso no significa que sea un objetivo renunciable, ya que cuando el sector público desarrolla determinadas políticas puede fomentar valores de justicia, solidaridad y responsabilidad social, lo que debería tener repercusiones sobre el bienestar afectivo de los ciudadanos.

En la formación de las preferencias de estos, a priori deberían tener también un papel importante no solo los logros en las distintas dimensiones, sino cómo se distribuyen entre la población. Según la teoría económica de la democracia, si tanto políticos como votantes actúan de manera competitiva —los partidos ofrecen programas que pretenden maximizar sus votos y los votantes optan por los que les reportan un bienestar esperado mayor—, las características del llamado votante mediano determinarán el tipo de posibles políticas.

Un elemento básico es la renta de ese votante mediano. Si hay muchos votantes con rentas medias o bajas, los partidos que quieran maximizar sus votos propondrán políticas redistributivas de mayor intensidad. Según la encuesta de condiciones de vida, un 32% de la población vive en hogares con rentas bajas y otro 33% lo hace en el estrato siguiente de rentas medio-bajas. No es extraño, por tanto, que las políticas redistributivas reciban un fuerte apoyo social. Una gran mayoría (casi 9 de cada 10 ciudadanos) declara que el Estado debería intervenir para reducir las diferencias de renta entre ricos y pobres. Esta preocupación por la equidad no se ciñe a la distribución de la renta, sino que abarca otras dimensiones, entre las que destaca la salud.

Aunque los datos disponibles para evaluar las diferencias en el reparto de ambas variables no permiten trazar un retrato muy actualizado, es posible ordenar los resultados de las regiones españolas, espacios en los que, junto con los municipios, se celebrarán las próximas elecciones. Si la renta se mide por unidades de consumo con la fuente citada, teniendo en cuenta, por tanto, el tamaño y la composición de los hogares, destacan dos comunidades —las forales— claramente por encima del resto (una renta un 26% mayor que la media española), seguidas, a cierta distancia, por Madrid y Cataluña. En el extremo opuesto se ubican Murcia, Andalucía y Extremadura.

La ordenación de las comunidades según la desigualdad en el reparto de esa renta es algo diferente, ya que, aunque permanece un patrón norte-sur diferenciado, queda matizado por excepciones notables, como su elevada magnitud en la Comunidad de Madrid, solo superada en el último año por Andalucía y Canarias. La mayor desigualdad de Madrid es un rasgo constante desde hace décadas. Siendo cierto que en la mayoría de los países de la OCDE las desigualdades han aumentado en las regiones con grandes áreas metropolitanas, debido al crecimiento de las diferencias salariales entre los trabajadores de mayor cualificación y el resto, sobre todo en los servicios financieros y los de mayor contenido tecnológico, los niveles de desigualdad de esta comunidad son considerablemente superiores a los de las más parecidas en renta. No parece irrelevante el particular diseño de su sistema de impuestos y prestaciones.

Si, además del dinero, como nos recuerda la canción, la salud nos parece otra cuestión relevante en la toma de decisiones, pueden ser también determinantes del voto las diferencias que declaran los propios ciudadanos respecto a esta dimensión. Aunque el estado de salud autopercibido no es la mejor variable para analizar las diferencias de salud entre comunidades, sino cómo contribuye la gestión de los servicios públicos a su mejora, el carácter subjetivo de ese indicador enlaza bien con las preocupaciones de los votantes. En general, es en las comunidades más ricas donde los ciudadanos declaran un mejor estado de salud, mientras lo contrario sucede en las más envejecidas (Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia) y no en las de menor renta. Esos valores medios esconden diferencias notables dentro de cada comunidad. La desigualdad en el estado de salud es pequeña en Galicia y País Vasco, cercana a la media nacional en Madrid, Navarra y las Castillas, y mayor en el Arco Mediterráneo.

Una mejor información sobre ambas dimensiones del bienestar, renta y salud, podría contribuir a que los votantes definieran mejor su mapa de preferencias. Existen, sin embargo, límites importantes para que un mayor conocimiento se traslade a las urnas en una determinada dirección. El primero es que la ideología sigue siendo el factor dominante en la formación de esas preferencias. En segundo lugar, la equivalencia entre el votante mediano y el ciudadano medio es limitada, dado el alto porcentaje de posibles votantes que no participan en las elecciones, sobre todo entre los grupos de menor renta. Como muestran los datos de la Fundación FOESSA, en algunos de los barrios más pobres de España, la participación electoral no llega al 20%.

En tercer lugar, la regla de la mayoría en la que se basan los procesos electorales requiere un número de votos de al menos la mitad más uno. Para que el grupo de renta baja pudiera inclinar las decisiones colectivas hacia medidas que favorezcan sus intereses, necesitaría aliarse con otros estratos de población. En la práctica, algunas de las políticas más relevantes, como las tributarias, benefician más a otros grupos que a los que tienen menos ingresos.

Finalmente, podría suceder algo todavía más sencillo, que es que los votantes simplemente tengan otras preocupaciones.

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