Sánchez toma árnica en Egipto para su impuesto energético

António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, subido en la tribuna de la Cumbre del Clima, COP27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, en la península del Sinaí, pronunció un discurso reivindicativo que respalda el impuesto a las compañías energéticas. Gran parte del peso de su arenga se lo llevó la petición “a todos los gobiernos” para que impongan ...

António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, subido en la tribuna de la Cumbre del Clima, COP27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, en la península del Sinaí, pronunció un discurso reivindicativo que respalda el impuesto a las compañías energéticas. Gran parte del peso de su arenga se lo llevó la petición “a todos los gobiernos” para que impongan gravámenes a las empresas por las ganancias extraordinarias obtenidas por los aumentos de los precios de la energía. “Reorientemos el dinero para la gente que sufre con el alza de los precios de la energía y los alimentos y para los países que sufren pérdidas y daños por la crisis climática”, dijo el mandatario portugués.

Pedro Sánchez lo escuchó en directo en la ciudad egipcia y no pudo volver más convencido y, quizá, con alguna duda, la que genera que Guterres, que puso el énfasis en las firmas que explotan combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y no mencionó a las eléctricas específicamente, insta a gravar los beneficios y el Gobierno español los ingresos. Pero no parece que Sánchez vaya a ceder. El Ejecutivo estima que aplicar el impuesto sobre los beneficios extraordinarios estaría sometido a la siempre creativa ingeniería financiera que podría desviarlos de la cuenta de pérdidas y ganancias y no reflejarlos como tales.

El impuesto que quiere colocar el Gobierno español, que se encuentra en trámite parlamentario, se ha convertido en un pandemónium, con gran griterío por parte de las grandes empresas, que presionan a los grupos políticos, aliados algunos del Ejecutivo en la investidura (como ERC y PNV) y muy enfebrecidos otros contra el todo (PP y Vox), para retirar o al menos modificar la proposición de ley. Si no ocurre, las compañías amenazan con acudir a los tribunales, como ha advertido Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, el más aguerrido de los ejecutivos del sector.

Siendo la instauración del impuesto ya polémica, el punto más conflictivo radica en gravar los ingresos y no los beneficios extraordinarios con un tipo del 1,2% sobre la cifra de negocios neta siempre que supere los 1.000 millones de euros al año en 2022 y 2023. La previsión es obtener en torno a 2.000 millones anuales que se repartirían entre Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa. Las energéticas, que se lo han tomado como casus belli, sostienen que tiene que cargarse sobre los beneficios, como dice la normativa europea. Aducen que arrastra un problema de doble imposición, ya que ya pagan el impuesto de sociedades (en realidad, el gravamen sería una ampliación de dicho impuesto). En el entorno gubernamental sostienen, no obstante, que tendría encaje en esa normativa porque se puede hacer una excepción si se han establecido medidas nacionales equivalentes con objetivos similares.

ERC cree que el impuesto debe convertirse en finalista (que se destine a la transición energética) y el PNV, siempre muy sensible con las reclamaciones de Iberdrola, ha aprovechado para reclamar al Gobierno que el impuesto sea gestionado por las haciendas forales, petición nada gratuita teniendo en cuenta que la citada eléctrica y la petrolera Petronor (filial de Repsol) están ubicadas en su territorio.

Pero, además del gravamen energético, el Gobierno se ha topado con la oposición de la banca al impuesto (del 4,8% sobre el margen de intereses de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones) que también quiere imponer a este sector y que también está en trámite. Sánchez ha asegurado que lo que pretende es que los que están arriba apoyen a los que están abajo, recordando que en la crisis financiera los españoles costearon con 58.000 millones de euros el rescate a la banca.

El presidente, que llamó a los grupos de la derecha “corifeos del liberalismo”, lanzó una crítica contra el exministro de Economía del Gobierno de Rajoy y actual vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, al que culpó del dictamen crítico del BCE en el que el organismo dice que el impuesto está injustificado. Se da la circunstancia de que el informe no fue redactado por el exministro y contaba con el respaldo del pleno del BCE. Para Sánchez, “a la luz de los beneficios que están disfrutando los bancos en esta crisis, está justificado que arrimen el hombro un poquito con lo que están sufriendo los españoles”.