La gran ocasión para alcanzar un pacto de rentas

Todo apuntaba a que el intento iba a acabar en fracaso y no fallaron los pronósticos. A petición de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, el Gobierno y los agentes sociales se reunieron el miércoles para negociar un pacto de rentas que haga frente al alza de los precios, algo tan necesario como complicado de fraguar. Las diferencias de partida entre sindicatos y patronal sobre el aumento de salarios para los p...

Todo apuntaba a que el intento iba a acabar en fracaso y no fallaron los pronósticos. A petición de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, el Gobierno y los agentes sociales se reunieron el miércoles para negociar un pacto de rentas que haga frente al alza de los precios, algo tan necesario como complicado de fraguar. Las diferencias de partida entre sindicatos y patronal sobre el aumento de salarios para los próximos años son de sobra conocidas, pero ni se llegaron a poner sobre la mesa, según explicaron las partes al final del encuentro.

Cabe preguntarse entonces de qué se habló durante las dos horas largas que duró la reunión. Según los sindicatos no se llevó ninguna propuesta que pueda hacer vislumbrar el camino para alcanzar un pacto de rentas y se limitó a explicar la situación económica y la imperiosa necesidad de poner coto a los efectos negativos que ha originado la crisis energética y la guerra de Ucrania. Mientras los representantes de los trabajadores consideran clave la recuperación del poder adquisitivo y, además del pacto de rentas, aplicar medidas fiscales; los empresarios sostienen que no se oponen a subir los salarios, pero sí a repercutir la inflación en toda su intensidad porque ello puede provocar una espiral de la inflación en todos los sectores de la economía, a juicio del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Con ese panorama queda todo pendiente para septiembre, que es cuando está prevista la siguiente reunión. El problema radica en que para entonces habrán pasado las vacaciones y, seguramente, lo único que se podrá constatar es que la inflación seguirá desbocada y la inclusión de cláusulas de revisión salarial en función del aumento de los precios al consumo seguirá siendo el caballo de batalla entre los agentes sociales, que si de algo pueden presumir es de que en este periodo han desarrollado el diálogo social hasta firmar 15 acuerdos entre ellos y el Gobierno. Ahora ese diálogo está tocado. El alejamiento se reflejó en las manifestaciones que los sindicatos convocaron el mismo miércoles ante las sedes de las organizaciones empresariales de varias ciudades exigiendo que las empresas participen más en el reparto de la subida de los precios.

Todo indica, por tanto, que la asignatura no se aprobará en septiembre y que esas manifestaciones son el preludio de un otoño caliente. Evitar que se extienda al invierno está, además de en los agentes sociales, en manos del Gobierno, que se resistía a hacer una política de choque. Ahora plantea que “los márgenes empresariales no se amplíen y los salarios crezcan de manera moderada”, en palabras de Calviño, que reconoció que los próximos trimestres “serán muy complejos”, aunque rechazó que se vaya a entrar en recesión como se ha augurado en algunos momentos de pánico en las Bolsas. Eso significa que se deberán evitar los efectos de segunda ronda, es decir, que las empresas no suban los precios de sus productos para mantener los márgenes, lo que a su vez genera pérdida de capacidad adquisitiva si no se suben los salarios proporcionalmente. En el caso del Gobierno, pasa también por revisar las partidas de gasto indexadas al IPC.

La ministra aboga por un acuerdo a tres años, con aumentos moderados de rentas, como solución, así como la inclusión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el pacto que se persigue. Este es otro frente abierto sobre el que ya existe el compromiso de elevarlo en 2023 al 60% del salario medio. Ahora el SMI se sitúa en 1.000 euros mensuales y el salario medio en 1.751 euros.

Para Calviño lo importante es un acuerdo que permita ofrecer confianza y estabilidad a empresas y a trabajadores. Asimismo, ha asegurado que España cumplirá el compromiso de estabilidad, es decir, el déficit se situará por debajo del 3% del PIB en 2025 y la deuda pública bajará del 110% del PIB. En realidad, lo que hace es poner en valor la petición hecha en enero pasado por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la que adelantaba la necesidad de que los agentes económicos (empresarios, sindicatos y sector público) se pusieran de acuerdo para alcanzar ese pacto de rentas que lleve a una moderación de precios y a enfriar la economía. Y ahí aparece otra invitada al debate, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que tiene cosas que decir. Para la dirigente de Unidas Podemos, los empresarios tienen que dejar de bloquear los convenios. “No es momento de moderar los salarios, sino de promover subidas que ayuden a paliar el impacto de la inflación”, manifestó.