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Sánchez anuncia que el fondo soberano financiará la construcción de 15.000 viviendas al año

El vehículo inversor, denominado España Crece, pretende movilizar 23.000 millones de euros para inmuebles a través del ICO

El presidente del Gobierno, junto a sus ministros durante la presentación, este lunes, del fondo soberano. Foto: Kiko Huesca (EFE) | Vídeo: EPV

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha detallado este lunes que el nuevo fondo soberano planea movilizar 23.000 millones de euros para la construcción de hasta 15.000 viviendas al año destinadas a alquiler asequible. El vehículo inversor, denominado España Crece, fue anunciado el pasado 15 de enero, y contará con los 10.500 millones de euros en préstamos sin utilizar procedentes del Plan de Recuperación europeo, así como con 2.800 millones de euros adicionales en forma de transferencias que no tendrán que devolverse. Estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La intención, sin embargo, es que ese capital rinda mucho más. La expectativa del Ejecutivo es que pueda multiplicarse gracias a instrumentos de deuda hasta los 60.000 millones de euros, y que esa cantidad se duplique a su vez hasta los 120.000 millones de euros gracias a la participación del sector privado. De ese montante total, 23.000 millones irán a vivienda: 14.000 millones con origen público (a través de la inyección al ICO y de la deuda a largo plazo que este pida), y los 9.000 millones restantes, procedentes de inversores privados.

“Tenemos que construir más viviendas, más vivienda pública y asequible, y la falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, ha afirmado Sánchez durante su intervención en el Colegio de Arquitectos de Madrid. El presidente ha asegurado que se tratará del mayor volumen de inversión en condiciones ventajosas movilizado nunca por España para vivienda, y ha invitado a los fondos de inversión, a los de capital riesgo y a otros fondos soberanos a sumarse a la iniciativa. Eso sí, ha dejado claro que el lucro no puede ser el factor fundamental para quienes participen. “Vamos a extender al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para los ciudadanos con dificultades para acceder a una vivienda”.

Eso no significa que las promotoras vayan a trabajar a precio de coste, algo inviable. El presidente del ICO, Manuel Illueca, que en plena crisis de vivienda se enfrenta al reto de cerrar acuerdos para levantar edificios tan rápido como sea posible, explica en conversación con este diario que velarán porque no existan prácticas especulativas, pero también es consciente que se ha de incentivar a los inversores. “Hay una rentabilidad ajustada al riesgo que debemos estar dispuestos a aceptar para que la colaboración público-privada pueda funcionar”, apunta.

Illueca evita poner números a qué porcentaje separa la especulación de la justa retribución. Y afirma que no puede ganar lo mismo quien entre en la fase inicial de construcción de un proyecto, que asume más riesgo, que quien se suma cuando ya está todo hecho para gestionar los alquileres y recibir rentas. Tampoco se puede recompensar igual a quien invierte en zonas de alta demanda frente a quienes arriesguen capital en áreas donde la revalorización del activo y las peticiones de alquiler son más bajas.

La intención, en todo caso, es que la intervención pública sirva para poner en marcha una maquinaria que luego pueda funcionar sola. En ningún caso sustituir de forma permanente al capital privado, sino incentivarlo con medidas como los préstamos a muy largo plazo, de hasta 40 años de duración, que las entidades financieras no conceden, e incluso con quitas parciales de deuda si cumplen determinados requisitos. Así lo argumenta Illueca. “Si la banca privada ve que el negocio funciona. Si el capital privado ve que es un negocio rentable, vamos a tener muchas más viviendas, porque va a ser el sector privado el que las haga. Por eso debemos poner sobre la mesa modelos de negocio que permitan resolver el problema y cuenten con el sector privado, que es una parte mayoritaria de la solución”.

Teniendo en cuenta el ritmo actual de concesión de visados de obra, que en 2025 rondará los 120.000 o 130.000, la promoción de esas 15.000 viviendas sociales incrementaría la oferta en más de un 10% si llega a consumarse. Entre las fórmulas que se contemplan para ahorrar costes aparece la construcción industrializada, que puede recortar los plazos de construcción un 30% y abaratar el metro cuadrado alrededor de un 20%.

Illueca es consciente de que la medida no resuelve de un plumazo la tormenta perfecta que sufre el acceso a la vivienda, pero lo ve como un paso más en la buena dirección. “Al ICO se le puede pedir contribuir a mitigar esos problemas, pero la vivienda asequible no constituye el 100% del problema. Está la parte del acceso a la vivienda en propiedad, la disponibilidad de suelo, los encarecimientos de materiales, la falta de mano de obra… Un conjunto de factores que el país debe ir resolviendo. Nosotros ponemos sobre la mesa una herramienta para construir 15.000 viviendas de alquiler asequible al año. Es mucho poner y transformar".

La vivienda será de este modo uno de los pilares de las inversiones del fondo, junto al de la competitividad de la empresa española, la transición energética y la digitalización. España Crece cumple así con varios objetivos. Busca salvar unos fondos comunitarios que había que reciclar en otro formato para que no caducasen en 2026. Y permite al Gobierno redoblar sus recursos disponibles en un momento de parálisis presupuestaria.

Más allá del anuncio sobre vivienda, Sánchez ha insistido en que el fondo soberano tiene un triple cometido, social, verde y tecnológico. “Nos hemos tomado en serio el informe Draghi, que recuerda que solo cuatro de las 50 mayores tecnológicas del mundo son europeas”, dijo. Y sacó pecho de la situación de la economía tirando de comparaciones: señaló que España tiene menos porcentaje de deuda que Estados Unidos, menos déficit que el conjunto de los países de la zona euro, y una prima de riesgo inferior a la de Francia. Además, citó el informe del Banco de España de la semana pasada, que elevó a más del 2% el crecimiento potencial de la economía española para el periodo 2025-2028 gracias a las mejoras en la productividad y el empleo, y al crecimiento demográfico, con España rozando ya los 50 millones de habitantes.

La presentación de este instrumento estaba prevista para el pasado 19 de enero, pero el accidente de tren de Adamuz el día anterior obligó a Moncloa a aplazar el acto. El fondo soberano español nace como una rara avis entre sus pares. No solo porque suele ser un instrumento utilizado por países que venden materias primas para dar salida a sus excedentes, caso de Noruega o los países del Golfo, sino por el uso de deuda para potenciar su efecto. Una parte de ese dinero será utilizado por el ICO para aportar el capital necesario para construir vivienda de alquiler a precios asequibles.

La idea de que se trata más de un ICO reforzado que de un fondo soberano propiamente dicho es, de hecho, una de las críticas de la oposición. El PP acusa al Ejecutivo de haber creado el instrumento para maquillar su mala ejecución del plan europeo de recuperación y salvar parte de los préstamos del plan de recuperación a los que ha renunciado. “No es un fondo soberano. Un fondo soberano es lo que tienen los países que venden materias primas”, reprochó la semana pasada el vicesecretario económico de la formación, Alberto Nadal.

El Gobierno, sin embargo, defiende que dará continuidad al impulso inversor cuando finalice el mecanismo europeo de recuperación este mismo año. Y ve en la denominación un acierto. “Las etiquetas son importantes. Cuando el presidente dice fondo soberano, hay una idea de autonomía nacional y de política industrial diseñada en España para problemas españoles con una herramienta potente para actuar”, defiende Illueca.

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