Trabajo activará la vía penal contra Uber Eats si no contrata de forma inmediata a sus repartidores autónomos

El Ministerio de Trabajo da un paso más para conseguir que la única gran empresa de reparto de comida que sigue operando con autónomos en España cambie su modelo. Fuentes del departamento de Yolanda Díaz indican que si Uber Eats no cambia su modelo en enero, cuando finaliza...

El Ministerio de Trabajo da un paso más para conseguir que la única gran empresa de reparto de comida que sigue operando con autónomos en España cambie su modelo. Fuentes del departamento de Yolanda Díaz indican que si Uber Eats no cambia su modelo en enero, cuando finalizará la investigación de Inspección que adelantó EL PAÍS, activarán la vía penal contra la empresa como ya hicieron con Glovo. Aquello condujo a la apertura de un proceso penal que involucra al máximo responsable de la compañía, horizonte con el que Trabajo amenaza a los dirigentes de Uber Eats.

Desde el ministerio indican que si Uber Eats cambia a tiempo de modelo se podría desactivar esta amenaza penal, aunque hay otros actores —como los propios repartidores que se sientan afectados— que podrían impulsarla si el ministerio no lo hace. Contactada por este diario, la empresa prefiere no hacer declaraciones sobre este anuncio, pero fuentes del sector ven un cambio de modelo a la vuelta de la esquina. Indican que Uber Eats da cada vez más peso a sus asalariados y menos a sus autónomos, preparando el camino para volver a un esquema de asalariados, como el que ya rige en Just Eat y en Glovo (tras años en rebelión), los otros dos grandes actores del sector.

Esta vez, la vía que tomará Trabajo —si Uber Eats no cambia de modelo— es un poco diferente a la que emprendió con Glovo. Entonces, el ministerio elaboró un informe en el que detallaba cientos de casos concretos de empleados que deberían ser asalariados pero repartían para Glovo como trabajadores por cuenta propia. Ese informe se sustanciaba en la labor de Inspección de varios años, que ya había conducido a sanciones, miles de altas de oficio y requerimientos para que enmendase esta actuación.

Ese último aspecto conecta con el segundo punto del artículo 311 del Código Penal, que amenaza con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a 12 meses a los que “impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”. Ese último punto, tras años de resistencia de Glovo contra esas peticiones y castigos de Inspección, sustanciaba la denuncia de Trabajo.

Ahora, según detallan fuentes del ministerio, la denuncia descansaría sobre el primer punto del artículo 311. Establece castigos a “los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual”.

Desde el ministerio indican que esta vez no van a esperar a una sucesión de requerimientos de Inspección y a constatar si se cumplen o no. Irán a la vía penal en cuanto tengan el soporte documental para hacerlo. Y ello sucederá a principios del año que viene, cuando Inspección finalizará la investigación particular a la empresa que trascendió en julio. Fuentes del ministerio indican que el expediente estará listo previsiblemente en los primeros compases de enero, y que llegará con toda seguridad antes de que acabe el primer mes del año.

¿Cambio de modelo?

A la vez, fuentes del ministerio precisan que Uber Eats está a tiempo de enmendar su actuación y evitar que acudan a la vía penal. Es decir, la sanción administrativa de Inspección ya está a punto, pero la denuncia penal se puede desactivar si cambian de modelo antes de que se emita el expediente. Esta es la posición del ministerio, pero la denuncia podría proceder de otros actores, como los trabajadores autónomos, así que no se puede descartar esta vía aunque Uber Eats rectifique a tiempo. Las mismas fuentes del ministerio indican que Uber Eats ha entregado toda la documentación que se le ha requerido con celeridad.

El modelo de Uber Eats en España es híbrido: una parte trabaja asalariada a través de subcontratas [que en el sector se conocen como flotas] y otra lo hace por cuenta propia, como autónomos. La compañía no detalla a cuántos repartidores emplea en cada tipología. Varias fuentes del sector sostienen que Uber Eats ha reducido “muchísimo” el peso de los autónomos en su operativa y que ha reforzado a los asalariados. Esto es un anticipo, advierten las mismas fuentes, de que se está preparando para cambiar de modelo definitivamente “en breve” y que volverá a una operativa solo con asalariados.

Antes de este modelo híbrido, Uber Eats ha funcionado con otros sistemas de trabajo. Al inicio, cuando Deliveroo también era parte del mercado, solo operaba con autónomos, situación que cambió en 2021. Con la aprobación de la ley rider viró hacia un modelo laboral, el que hoy mantiene para los coches VTC. No hay autónomos, pero tampoco empleados directamente por la compañía, así que operan con subcontratas. Entonces Glovo no se movió, persistió en su operativa de autónomos, lo que cambió poco después la estrategia de Uber Eats.

En agosto de 2022 anunció un nuevo giro: Uber Eats volvía a abrir la puerta a los repartidores por cuenta propia. Pasaba a un modelo híbrido, el que aún mantiene en vigor, en el que unos repartidores son asalariados vía flotas y otros son autónomos. La otra gran empresa, Just Eat, mantuvo el rumbo y persistió en su modelo de asalariados. Glovo opera plenamente con asalariados desde el 1 de julio, mientras prosigue el proceso penal contra su máximo dirigente, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Defensa de su modelo

Uber Eats viene defendiendo que su nueva forma de operar con autónomos sí respeta la ley rider, en esencia porque, explican, la app no les da órdenes, da libertad al repartidor. Según especifica la compañía, el repartidor conoce el detalle del pedido antes de aceptar y no se le penaliza si lo rechaza; puede determinar el precio mínimo por kilómetro en cada pedido; y recibir únicamente ofertas que sean iguales o superiores a esa tarifa. Los sindicatos tienen una opinión muy diferente. Creen que este modelo de Uber Eats, ahora bajo la lupa de la Inspección, no cumple con la ley rider.

Las cuentas anuales que la sociedad Portier Eats Spain (con la que desarrolla esta actividad Uber Eats en España) depositó en el Registro Mercantil en diciembre del año pasado contemplaban un total de 136 millones en provisiones por contingencias fiscales y legales asociadas a su modelo de contratación. Se trata de los estados contables de 2021, pero fueron formulados el 31 de julio de 2024, dos años y medio después de su conclusión.