El Gobierno prevé aprobar las 35 horas para los empleados de la administración estatal en febrero

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos del sector han acordado este miércoles reunirse a lo largo del mes de enero para impulsar la implantación de la jornada de 35 horas semanales y el teletrabajo para los empleados de la Administración General del Estado (excluidos los de las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado). Así lo han confirmado tanto el ministerio que dirige Óscar López como los sindicatos CSIF, UGT Servicios Públicos y FSC-CC OO. Esta medida no afectará de forma directa y automática a los trabajadores de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos, que podrán seguir negociando o no su implantación en sus respectivos ámbitos, pero sí les servirá de referencia.

En concreto, el compromiso de los responsables de Función Pública es implantar ya la jornada de 35 horas semanales (ahora son 37,5) en la administración estatal en febrero, ha indicado el secretario de Administración del Estado de UGT, Servicios Públicos, Carlos Álvarez. No obstante, distintas fuentes admiten que, aunque ese es el compromiso ministerial, la complejidad de las negociaciones puede llevar a marzo su plena implementación. En cualquier caso, la adopción esta nueva jornada implicará que la Secretaría de Estado de Función Pública emita una resolución de jornada y horario que la establezca y sustituya a la actual.

Desde la década de los noventa, muchas administraciones públicas empezaron a adoptar las 35 horas semanales, pero la estatal nunca llegó a implantarlas. En 2012, los recortes motivados por la crisis financiera eliminaron esta jornada de 35 horas en todas las administraciones y esta prohibición se mantuvo hasta los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Desde entonces, varias administraciones autonómicas y locales han recuperado o implantado esta jornada en la mayoría de sus áreas.

Entre las corporaciones locales las 35 horas no están aún muy extendidas, aunque ya hay varios ayuntamientos que cuentan con ellas. El más grande de todos es el Ayuntamiento de Barcelona, que acaba de alcanzar un preacuerdo con los sindicatos este mismo martes para ponerla en marcha. De hecho, la responsable del departamento de Políticas y Función Pública del sindicato Comisiones Obreras (FSC-CC OO), Miriam Pinillos, precisa que aunque la medida solo afecta directamente a la Administración General del Estado, “tendrá impacto en las corporaciones locales, ya que algunas de ellas se rigen por la normativa de su comunidad, que ya puede contar con las 35 horas, o con la referencia del Estado”.

Para llevar a cabo la implantación de la jornada de 35 horas, que se producirá por primera vez en la historia en la administración del Estado, los responsables del departamento de Función Pública han indicado a los sindicatos que se reunirán a lo largo del próximo mes con los diferentes responsables de los departamentos ministeriales para concretar cómo poner en marcha esta reducción de la jornada. Estas concreciones podrían implicar algunas excepciones en la aplicación de las 35 horas.

El teletrabajo, más complicado

El desarrollo del teletrabajo requerirá más tiempo, con toda seguridad, aunque se impulsará también el próximo mes de enero, han explicado distintas fuentes. “Para implantarlo, el Gobierno no se ha comprometido a ninguna fecha”, ha asegurado Álvarez. La idea del Ejecutivo y los sindicatos es abordar esta cuestión desde el acuerdo adoptado en 2021 por el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, y los sindicatos (CSIF, UGT, CCOO, CIG). En aquel pacto, cuyo desarrollo se pretende materializar ahora, se incluía, entre otras cosas, que el teletrabajo sería siempre “voluntario y reversible”; que los trabajadores a distancia tendrían los mismos derechos y obligaciones que los presenciales; y se adoptó como regla general, adaptable a cada circunstancia, un modelo de tres días de teletrabajo y dos de presencia física en el puesto.

Todos estos compromisos se han alcanzado este miércoles en sendas reuniones de la comisión de seguimiento de las cuestiones pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, por un lado, así como de la nueva comisión de seguimiento del nuevo Acuerdo Marco de las Condiciones Laborales recientemente firmado por CC OO, UGT y CSIF.

Además, esta última comisión que vigilará el cumplimiento del último acuerdo alcanzado (que ha recogido una subida salarial para los empleados públicos del 11% hasta 2028) ha acordado volver a reunirse el próximo 29 de enero para constituir los grupos de trabajo de Igualdad, Digitalización e IA, Salud Laboral y Empleo Público para el desarrollo del resto de puntos del acuerdo. CSIF ha propuesto además la creación de tres nuevos grupos: Promoción Interna y Clasificación Profesional, Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, y Derechos Laborales.

Otras cuestiones

En las dos reuniones de este miércoles entre Función Pública y los sindicatos se han abordado también otras cuestiones distintas como el abono de los retrasos correspondientes a 2025, pactados recientemente en la subida salarial para los funcionarios públicos hasta 2028. En ese punto Función Pública ha informado a las centrales sindicales de que los empleados de la Administración General del Estado cobrarán en diciembre el 2,5% correspondiente a la subida de 2025 y los atrasos desde enero. El cobro de estas cantidades será a través de la nómina de diciembre o mediante el abono de una paga extra.

El ministerio que encabeza Óscar López espera que la mayoría de las comunidades autónomas también percibirán este mismo mes los atrasos, aunque algunas regiones (como Madrid, Cantabria o Galicia), ya han anunciado que lo harán en la nómina de enero. Si bien, la normativa que recoge estos aumentos retributivos, que ha sido publicada en el BOE, permite a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos repartir en los próximos tres años (2026, 2027 y 2028,) el abono de estos atrasos.

Asimismo, Función Pública ha trasladado la disposición del Ministerio de Hacienda a llevar a cabo la actualización e igualación de las indemnizaciones por razón del servicio, que llevan congeladas desde 2002.