Consumo multa a Airbnb con 64 millones por permitir anuncios de viviendas turísticas sin licencia
Se trata de la segunda mayor sanción impuesta por el departamento de Pablo Bustinduy a una sola empresa, tras los 108 millones que recayeron sobre Ryanair
El Ministerio de Consumo mueve ficha para acabar con el salvaje oeste de los anuncios de viviendas turísticas. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha informado este lunes de que ha impuesto una sanción de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por permitir que haya pisos en su portal publicitándose pese a no contar con una licencia, como marca la normativa. La multa equivale a seis veces el beneficio ilícito que habría obtenido la compañía con sede en San Francisco con esos anuncios desde que fue apercibida hasta que los retiró. Y sigue a la apertura de un expediente sancionador por este motivo, tras el cual se ha confirmado que no impidió a los propietarios que no disponen de licencia publicitar sus casas. Tampoco evitó que otros colocasen números de registro falsos o incorrectos.
“Vamos a defender los derechos de los consumidores, sin importar lo grandes o poderosas que sean las empresas implicadas en actividades abusivas o fraudulentas”, ha advertido Bustinduy en rueda de prensa. Se trata de la segunda multa de mayor cuantía impuesta por Consumo a una única compañía, tras los 108 millones que recayeron sobre Ryanair en noviembre de 2024 por prácticas abusivas como las de cobrar suplementos por el equipaje de mano. Ese caso se encuentra actualmente a la espera de una decisión por parte del Tribunal de Justicia de la UE.
Las infracciones se detectaron en un total de 65.122 anuncios en Airbnb. El proceso se inició en octubre de 2024, cuando la dirección general de Consumo notificó a la compañía la publicidad ilícita. Ante la inacción de la plataforma, en diciembre se abrió un expediente sancionador, y la multinacional recurrió, sin éxito, primero ante Consumo y luego ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dio la razón al ministerio hasta en dos ocasiones. Finalmente, a finales de julio, Airbnb se vio obligada a retirar esos más de 65.000 anuncios.
“La resolución es firme y agota la vía administrativa. Airbnb tiene el derecho de recurrir ante la justicia, pero la sanción es firme”, zanjó Bustinduy, que adelantó que hay en curso otros expedientes sancionadores a grandes inmobiliarias, que no quiso concretar —uno es a Alquiler Seguro—. “En este país se va a cumplir la ley”, insistió. “Especialmente en el ámbito de la vivienda, para poner coto a las prácticas de especulación que están asfixiando a millones de familias trabajadoras”, añadió.
Es previsible que Airbnb agote todas las vías judiciales a su alcance para evitar pagar, por lo que el asunto podría acabar siguiendo el mismo camino que el de Ryanair y llegar al tribunal de la UE, con sede en Luxemburgo, lo que podría demorar su resolución más de un año. Así lo ha dejado entrever la compañía en un comunicado. “Airbnb considera que esta sanción es contraria al marco legal español y europeo y la recurrirá“, anunció.
La firma defiende que desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre alquileres de corta duración, el pasado 1 de julio, ha colaborado con el Ministerio de Vivienda en su implementación. “Como resultado, más de 70.000 anuncios han añadido un número de registro y, por lo tanto, siguen disponibles para reservar en la plataforma”, calcula.
El ministerio también ha identificado otras infracciones leves de Airbnb que han sido penalizadas con 10.000 euros. Una por omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado, es decir, no indicar si los arrendadores son profesionales o particulares, algo que estiman clave para saber si el consumidor está o no protegido. Y otra por la obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción del expediente, ya que la plataforma no respondió a los requerimientos de Consumo.
Por último, Airbnb habría incumplido los deberes y prohibiciones impuestos por el órgano instructor durante la tramitación del expediente, dictada para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores, una infracción grave sancionada con 55.000 euros.
Organizaciones de consumidores como Asufin creen que la medida es una buena noticia. “Las plataformas de base tecnológica tienen un poder amplísimo y no pueden pretender ser un mero intermediario que se lleve solo los beneficios sin asumir ninguna responsabilidad”, ha declarado este lunes Patricia Suárez, presidenta de la entidad.
Diversas sanciones
Consumo no parece dispuesta a aflojar la presión, más bien al contrario. En la recta final de este año, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha impuesto diversas sanciones. En noviembre anunció una nueva tanda de multas, por un valor total de 33 millones de euros, a 26 operadores de juego online, entre ellos Codere, acusados de infracciones graves de la normativa vigente. Y la semana pasada fue el turno de la firma inmobiliaria Alquiler Seguro, castigada con 3,6 millones por vulnerar los derechos de los consumidores y sacar provecho de su posición dominante de mercado.
En noviembre de 2024 se dio la que hasta ahora ha sido la sanción más mediática y relevante, cuando Consumo multó con 179 millones de euros a cinco aerolíneas —Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea— por prácticas abusivas como el cobro por el equipaje de mano que se sube a la cabina de viajeros; los cargos por la reserva de asientos contiguos cuando se viaja acompañado de menores o personas dependientes; falta de transparencia precontractual sobre el precio final del servicio, y prohibir el pago en metálico en la compra de billetes en los aeropuertos. Ryanair incluso amenazó con subir el precio de los billetes si Consumo no accedía a retirar la multa.