Madrid es la comunidad que menos gasta por habitante en servicios públicos básicos

La Comunidad de Madrid es el territorio que menos gasta por habitante en servicios públicos básicos, cuya gestión y competencia recae en los territorios autonómicos. Los recursos que destina están 10 puntos por debajo de la media nacional y son hasta 42 puntos inferiores ...

La Comunidad de Madrid es el territorio que menos gasta por habitante en servicios públicos básicos, cuya gestión y competencia recae en los territorios autonómicos. Los recursos que destina están 10 puntos por debajo de la media nacional y son hasta 42 puntos inferiores a la comunidad que más invierte en ellos: el País Vasco. La comunidad madrileña se sitúa por debajo del promedio nacional en todas las rúbricas que conforman los servicios fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales), destacando su última posición en el caso de la educación, según un estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

La explicación de la brecha no solo es económica. Las autonomías forales, tanto País Vasco como Navarra, son territorios ricos que cuentan con una financiación elevada procedente de su peculiar sistema de financiación —el foral, distinto al que rige en el resto de territorios—, y por ende tiene lógica que su gasto en servicios públicos fundamentales por habitante sea muy superior a la media. En el caso de Madrid, que también tiene una actividad boyante —su PIB per cápita es el más elevado del país— y unos recursos del sistema de financiación que están en la media, influyen otras variables, como las decisiones políticas respecto a los servicios públicos, la composición de la demanda y la preferencia de parte de la población por servicios privados.

El Gobierno madrileño es un firme defensor de la empresa privada y de la máxima por la cual “el dinero está mejor en el bolsillo del consumidor”. En esta línea, ha reducido todos los tributos sobre los que tiene competencia, como el tramo autonómico del IRPF o el impuesto de sucesiones y donaciones, convirtiéndose en el territorio con la menor presión fiscal en varias figuras. Y todo apunta a que la mayoría de los ciudadanos comparten esta lógica, puesto que el PP, impulsor de las rebajas fiscales en la comunidad —y fuera de ella—, lleva 30 años gobernando en la región de forma ininterrumpida.

Juan Pérez, investigador del IVIE y autor del estudio junto a José Antonio Pérez, de la Universitat Politècnica de València, confirma que la preferencia hacia servicios sanitarios y educativos de naturaleza privada por parte de la población, que en Madrid tiene una renta per cápita superior al promedio nacional, influye en la foto final. Otra cuestión, que no se puede medir de forma empírica, es el motivo que está detrás de esta inclinación. Es decir, si es por una mejor valoración del servicio privado o responde a otras necesidades, por ejemplo la reducción de los tiempos de espera en el caso de la sanidad.

Volviendo a la comparativa, País Vasco y Navarra gastan en servicios públicos básicos 32 y 23 puntos porcentuales más que la media, respectivamente, donde 100 representa el promedio nacional. Le siguen Canarias y Extremadura, dos comunidades rezagadas en términos de renta per cápita, por lo que su población tiene difícil acceso a las prestaciones privadas, pero bien paradas en cuanto a recursos del sistema de financiación. Cataluña y Comunidad Valenciana se sitúan cerca de la media, mientras que en la parte baja de la lista, además de Madrid, se encuentran Andalucía y Galicia.

Si el análisis se hace por cada servicio, la instantánea cambia. Paradójicamente, la comunidad que más recursos destina a la sanidad, un 17% por encima del promedio, es Murcia, un territorio que recibe del sistema de financiación menos recursos que la media y cuya población tiene una renta per cápita inferior al promedio nacional. Le siguen Navarra, Canarias y Cataluña; en última posición se encuentra Andalucía, también infrafinanciada y donde acaba de estallar el escándalo de los fallos en los cribados de cáncer de mama, con una inversión casi 10 puntos inferior a la media, seguida por Galicia y Madrid.

El País Vasco es el territorio que más gasta en educación (52 puntos más que la media), seguido por Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja. En la parte baja de la lista y alrededor de la media se encuentran las comunidades infrafinanciadas —Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha—, con la anomalía de Madrid (último lugar) y Cataluña. Ambas tienen una renta per cápita alta y recursos de la financiación en el promedio, pero a la vez su población muestra una mayor preferencia por centros educativos privados y concertados.

En cuanto a servicios sociales, es Navarra la región que más recursos destina (107 puntos más), seguida muy cerca del País Vasco (102 puntos más). Una vez más, las comunidades más ricas registran gastos superiores a las de menor renta, salvo el caso de Canarias y Extremadura, territorios económicamente rezagados y con un gasto en protección social superior a la media, y Madrid, que al contrario está cerca de la media aunque la renta de sus ciudadanos es elevado. El último lugar lo ocupa Galicia, pese a tener una financiación per cápita superior a la media.

El IVIE ha elaborado su análisis con datos de 2023 y ha calculado las diferencia en los recursos autonómicos destinados a los servicios básicos en términos de habitante ajustado —ponderado con distintas variables— para cada política de gasto. En el caso de los servicios sociales, se han dividido los desembolsos por la población mayor de 65 años, para la sanidad se ha tenido en cuenta la población protegida equivalente que define el sistema de financiación autonómica vigente, y la población de entre 0 y 24 años para la educación.

Por debajo de la media europea

El informe también destaca que el gasto en servicios públicos fundamentales gestionado por las comunidades es inferior a la media europea. En concreto, el desembolso para sanidad supone un 6,6% del PIB en España, frente al 7,3% del bloque comunitario; el gasto en educación es cinco décimas inferior (4,2% frente a un 4,7%) y hasta un punto y medio en el caso de los servicios sociales (1,7% en España frente al 3,2% de la media de la UE).

En cambio, el gasto en pensiones y desempleo, cuya competencia no es autonómica, sino centralizada en la Seguridad Social, está por encima de la media del club europeo. El primero supone el 12,4% del PIB, cuando el promedio comunitario se sitúa en el 11,8%, mientras que el coste del paro representa el 1,5% en España, frente al 1,2% de la UE.

El estudio del IVIE concluye que los gastos de las administraciones centrales en estas partidas básicas son menos cíclicos, puesto que responden a las exigencias marcadas por las jubilaciones y el desempleo. En cambio, el gasto en servicios fundamentales de las comunidades está muy sujeto a la disponibildad de recursos. Así también lo demuestran los datos: entre 2009 y 2013, años de la Gran Recesión, la casi totalidad del ajuste en el gasto primario —al neto de los intereses— lo soportaron las autonomías.