La negociación para subir las cuotas de autónomos se estanca y aboca a una prórroga de las tarifas actuales en 2026

Acelerón y frenazo. La negociación para subir las cuotas de autónomos empezó con intensidad y después ha entrado en un punto muerto. El primer día, el 13 de octubre, la Seguridad Social planteó un gran incremento de cuotas, algo superior en los tramos bajos que en algunos intermedios y aún más alto ...

Acelerón y frenazo. La negociación para subir las cuotas de autónomos empezó con intensidad y después ha entrado en un punto muerto. El primer día, el 13 de octubre, la Seguridad Social planteó un gran incremento de cuotas, algo superior en los tramos bajos que en algunos intermedios y aún más alto en los superiores. No gustó ni a izquierdas ni a derechas. Solo unos días después la ministra del ramo, Elma Saiz, corrigió ese planteamiento en una entrevista en EL PAÍS: aunque defendió su conveniencia para llegar a la meta de cotizar por los ingresos reales en 2032, desaceleró el despliegue del sistema. En una reunión el 20 de octubre el ministerio planteó congelar las cuotas más bajas e incrementos progresivos e inferiores a la inflación para el resto. Desde entonces el ministerio no ha vuelto a convocar una reunión formal, pero sí se han sucedido los comentarios de agentes sociales y de grupos parlamentarios que parecen alejar la posibilidad de un acuerdo. De no lograrse este pacto, o de hacerlo pero no conseguir que el texto que se lleve al Parlamento sea aprobado, la propia Saiz ha admitido que el Gobierno tendrá que prorrogar las cuotas actuales en 2026.

En este escenario, la mayoría de las asociaciones que representan a los autónomos en esta negociación (ATA, UPTA y Uatae) se han quejado por la vía muerta en la que han entrado las negociaciones con la Seguridad Social. “Esto lo ha parado Moncloa”, asegura una fuente de una asociación, con la que coinciden otras organizaciones consultadas. En este sentido, la secretaria general de la Unión de Autónomos (Uatae), María José Landaburu, detecta que el Gobierno está actuando con cierta “parálisis y miedo”, algo que considera “inadmisible” y asegura no comprender, “porque todavía hay mucho margen para la negociación”.

De hecho, ante el fuerte choque que se ha producido entre las propias asociaciones de autónomos entre sí y los agentes sociales por las dos propuestas de subida de cuotas diametralmente opuestas, Landaburu y un representante de los agentes sociales, que prefiere no identificarse, coinciden en que el Ejecutivo podría desatascar las conversaciones abordando las mejoras de protección. En concreto, la rebaja en las condiciones de acceso a la prestación por cese de actividad o, según insiste la responsable de Uatae, la aprobación del subsidio por desempleo para los autónomos mayores de 52 años.

Sin embargo, en la asociación de autónomos ATA consideran que, precisamente, reabrir la negociación para abordar las mejoras de protección social generaría un conflicto en el propio seno del Gobierno, ya que el subsidio para mayores de 52 años depende plenamente del Ministerio de Trabajo, que, según distintas fuentes, está totalmente cerrado a extender esta ayuda a los trabajadores por cuenta propia. De hecho, fuentes de ATA hacen una interpretación puramente política del estancamiento de estas negociaciones: “El Gobierno sabe que Junts no va a aprobar nada en materia laboral y menos que suponga subir las cuotas de los autónomos. Además, el día 21 de diciembre hay elecciones en Extremadura y no creo que nadie quiera subir las cuotas antes de esa fecha”, indican.

Por su parte, fuentes sindicales reconocen también: “Puede que la orden de dejar de reunirnos haya venido de Moncloa, pero no tienen razón y les va a costar dinero en fondos [europeos]”, ya que la implantación del nuevo sistema de cotización de los autónomos es uno de los hitos que debe cumplir el Gobierno dentro del plan de recuperación de la UE.

Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad Social son más optimistas y aseguran que su última propuesta, con mejoras en la protección social del colectivo, “está siendo estudiada y valorada por las asociaciones”. Y, por tanto, apelan a “la responsabilidad” de estas organizaciones y confían “en que la propuesta sea valorada favorablemente y seguir avanzando en la línea de lo acordado y lo votado en 2022″, señalan fuentes de este departamento.

Entre las asociaciones también hay una que ve más factible un acuerdo que las demás: Upta, que fue la primera en presentar su propuesta, elaborada junto con UGT, al ministerio. Su presidente, Eduardo Abad, ha indicado: “Estamos dando el tiempo necesario, durante este mes de noviembre, para que (el Gobierno) sea proactivo; en caso contrario seremos proactivos nosotros y propiciaremos un acuerdo sea como sea, porque lo que sería un desastre inadmisible es que se congelaran las cuotas en 2026. Eso sería perder pensión de futuro”.

De esta forma, Abad sugiere que de no desatascarse ya las negociaciones, Upta intentará que las asociaciones lleguen a algún tipo de acuerdo. De hecho, otras fuentes apuntan ya a la existencia de algunos contactos discretos, bilaterales, en los que el Ejecutivo estaría intentando hacer pedagogía en favor de continuar con el despliegue del sistema de cotización por ingresos reales, que ahora ha sido cuestionado.

El PP, lejos del Gobierno

Si el ministerio logra alcanzar un improbable acuerdo con los agentes sociales, dadas las circunstancias antes descritas, o decide llevar un texto sin el respaldo de todas o parte de las organizaciones con las que está negociando, después deberá afrontar el diálogo con los grupos parlamentarios. Las posiciones expresadas por cada grupo anticipan dificultades para alcanzar un acuerdo.

El principal grupo de la cámara, el PP, ha enarbolado la bandera contra el incremento de cuotas planteado por el Gobierno. Lo hace pese a que apoyó la norma pactada en 2022, en la que se establecía el inicio del sistema que aspiraba a desembocar en la cotización por ingresos reales en 2032. Los populares no solo rechazan el planteamiento del Gobierno, sino que han aprovechado la subida de decibelios en la conversación sobre autónomos para colocar su propia propuesta. Se trata de un decálogo de medidas que ha celebrado especialmente el presidente de ATA.

De la posición de esta asociación de autónomos vinculada a CEOE podría depender un posible giro en el PP. Alberto Núñez Feijóo viene mostrando en materia laboral y de Seguridad Social que su partido puede apoyar al Ejecutivo cuando las reformas tienen todo el aval del diálogo social. Es decir, cuando el Gobierno no solo consigue el respaldo de los sindicatos, también el de las patronales. Con esa lógica, el PP rechazó la reducción de jornada, pero apoyó la última parte de la reforma de pensiones, ambos votos ya con Feijóo al frente.

Dificultades a izquierda y derecha

Si la vía PP no prospera, el Gobierno estaría en manos de la mayoría de investidura. Y, como tantas otras veces, en ese escenario el Ejecutivo o se destapa la cabeza o los pies, dada la dificultad de conciliar el voto de los partidos más exigentes de cada lado: Junts a la derecha y Podemos a la izquierda. El grupo catalán cree que la última propuesta de la Seguridad Social “no es suficiente” y que consiste en, simplemente, “aguantar la posición”, lo que, en opinión de Junts “empobrece a la clase media catalana”, según dijo Miriam Nogueras en X (la antigua Twitter). Esta posición contraria se dio antes del portazo al pacto de investidura oficializado por las bases de su partido, lo que aleja aún más un posible respaldo al Gobierno.

La jefa de Podemos, Ione Belarra, aboga por una contracción de cuotas a los que menos ganan, en vez de una congelación, y por recaudar más de los que más ganan. “Es incomprensible que los que menos ganan paguen el 30% en cuotas y los que más ganan, apenas el 8% o el 10%“, dijo recientemente en el Congreso.

Estos dos socios son los que más problemas dan al Ejecutivo, pero los más colaborativos tampoco ofrecen garantías. Al PNV no le gustó la propuesta inicial y ha criticado la estrategia comunicativa del ministerio. “Estos anuncios, vaivenes y mensajes contradictorios solo provocan desconfianza e incertidumbre en muchos trabajadores autónomos a los que ya les cuesta mucho salir adelante”, sostienen en el grupo parlamentario.

ERC celebra la rectificación de la propuesta inicial del Gobierno, pero pide que la congelación de cuotas más bajas vaya más allá de 2026, mientras que el BNG reclama “que se suba más” la cuota de los tramos más altos y “menos en los más cercanos al salario mínimo”. Bildu no ha contestado a las preguntas de este periódico. Sin acuerdo, como explicó Saiz en su entrevista con EL PAÍS, se prorrogarían las cuotas en vigor.