El Gobierno incumple por tercer año consecutivo el plazo constitucional para presentar los Presupuestos

Por tercer año consecutivo, España llegará al 30 de septiembre sin proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso, lo que implica incumplir con el calendario previsto en la Constitución. El Consejo de Ministros de este martes ―el último del mes― se celebrará sin techo de gasto ni senda de déficit aprobados, pasos imprescindibles para poder formalizar el mandato constitucional que obliga al Ejecutivo a registrar las cuentas públicas tres meses antes del inicio del nuevo ejercicio. El reloj marca ya el incumplimiento y abre la puerta a que las cuentas de 2023, las últimas en aprobarse, sigan prorrogadas también en 2026.

El retraso sorprende a pocos. Desde hace semanas, tanto en el Ministerio de Hacienda como en los pasillos del Congreso se asumía que el calendario estaba agotado. Para que la norma se respetara, el Gobierno debería haber acelerado al máximo los trámites desde hace semanas, pero no ha sido así. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió este lunes en que el proyecto está “en la recta final”, con los “últimos números” aún en fase de ajuste. Prometió llevar “pronto” el techo de gasto y la senda de estabilidad al Consejo de Ministros. Pero “pronto”, a estas alturas, ya es demasiado tarde para el precepto constitucional que establece que las cuentas deben elevarse al Congreso “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, es decir, el 30 de septiembre a más tardar.

La consecuencia es que la liturgia presupuestaria, que en tiempos de mayorías sólidas solía activarse antes del verano, se ha convertido en un campo minado y en un reflejo del desgaste que sufre un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria. El procedimiento de los Presupuestos arranca con la orden ministerial de elaboración, sigue con la fijación del límite de gasto no financiero —conocido como techo de gasto— y continúa con el reparto de los objetivos de déficit permitido entre las distintas administraciones. Solo entonces Hacienda puede cuadrar el puzzle y presentar el borrador en el Consejo de Ministros, antes de enviarlo a las Cortes. Hasta la fecha, Hacienda solo ha cumplido con la orden ministerial, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 3 de septiembre.

De los dos grandes hitos que actualmente bloquean el proceso de las cuentas, la senda fiscal es el más problemático y errático para el Gobierno. Según confirman fuentes del ministerio, tampoco serán aprobados este martes. En esencia, los objetivos fiscales marcan cuánto puede gastar de más cada nivel de la Administración pública respecto a lo que ingresa, siempre dentro de los márgenes impuestos por Bruselas. Para 2026, el déficit máximo conjunto se fija en el 2,1% del PIB, que debe repartirse ―a propuesta de Hacienda y votación tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como en el Congreso― entre la Administración Central, las comunidades autónomas, la Seguridad Social y entidades locales.

El año pasado, en la senda 2025-2027, Hacienda planteó un reparto que concedía un desequilibrio del 2,2%, del 1,8% y del 1,5% a la Administración Central para cada uno de los tres años. La Seguridad Social, por su parte, tenía asignado un déficit del 0,2% en cada ejercicio, mientras que las comunidades autónomas podrían llegar a uno del 0,1% en cada año. Para la cuadratura del círculo, las entidades locales se tendrían que mover en el equilibrio presupuestario o déficit cero. El objetivo era lograr unos números rojos conjuntos del 2,5%, del 2,1% y del 1,8% del PIB, respectivamente.

La propuesta no superó entonces la votación en el Congreso, donde el PP, Vox y Junts hicieron frente común. El rechazo de los soberanistas catalanes, que veían negativa la senda para el buen discurrir de la Generalitat, cerró la puerta a los Presupuestos de 2025 y derivó en la segunda prórroga consecutiva.

Pendientes de la senda fiscal

Este año el escenario es muy similar. La formación de Carles Puigdemont mantiene un tira y afloja constante con el Gobierno central, agravado en las últimas semanas por la negativa a la reducción de la jornada laboral y la caída del pacto migratorio en el Congreso. Y ya ha advertido de que no respaldará la senda si no hay concesiones específicas a Cataluña. “No habrá Presupuestos de 2026 sin cumplir con Cataluña”, han recalcado desde el partido catalán en los últimos días. Montero, por su parte, replicó la semana pasada que las cuentas serán “buenas para la Generalitat”.

El techo de gasto, que actúa como base para confeccionar las cuentas y depende exclusivamente de lo que diga el Ejecutivo, no presenta grandes complicaciones. El Ejecutivo revisó hace un par de semanas sus previsiones económicas y elevó el crecimiento del PIB en una décima para este año, hasta el 2,7%. El buen ritmo macroeconómico, junto con unos datos recaudatorios que no hacen más que crecer, da pie al Gobierno a proyectar un límite de gasto no financiero que sea récord y que permita diseñar un proyecto de cuentas expansivo.

Aunque ya haya incumplido los plazos constitucionales, el Gobierno todavía puede presentar y ―si se dan los números― aprobar el proyecto de Presupuestos. Además, el hecho de que la Constitución contemple la prórroga automática de las últimas cuentas aprobadas suaviza las consecuencias inmediatas de esta leve falta. Los ingresos y gastos básicos del Estado quedan garantizados, y la maquinaria administrativa puede seguir funcionando sin sobresaltos. Sin embargo, prorrogar también significa gobernar con unas cuentas diseñadas en otro contexto económico y político, y renunciar a introducir nuevas políticas o ampliar programas estratégicos.

Además, en términos de imagen, el bloqueo proyecta la imagen de un Ejecutivo atrapado por su debilidad parlamentaria, incapaz de articular mayorías estables con las que dar luz verde siquiera al trámite básico de cualquier Gobierno: aprobar sus Presupuestos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez viene asegurando por activa y por pasiva que presentará las cuentas de 2026. Sin embargo, en una maniobra que puede entenderse como poner la venda antes de la herida, también ha avanzado que agotará la legislatura aunque la propuesta presupuestaria no obtenga luz verde en el Congreso.

Aunque el Gobierno insiste en que el proyecto llegará “en los próximos días”, la demora anticipa un debate bronco en el Congreso y un calendario muy ajustado para lograr que las cuentas estén listas antes del 1 de enero. Incluso si el Ejecutivo presentara el borrador en octubre, el margen sería mínimo para superar todas las fases parlamentarias: presentación, enmiendas, ponencia, comisión, pleno y, en su caso, debate en el Senado.

El precedente de los últimos dos años no invita al optimismo. La legislatura ya ha consumido dos ejercicios completos sin Presupuestos propios y con las cuentas de 2023 como única referencia. En 2024, tras el adelanto electoral de Cataluña, el Ejecutivo renunció a preparar el proyecto. En 2025, el rechazo a la senda de déficit impidió a Hacienda confeccionar las cuentas.