Jorge Rodrigo: “Llegar a un pacto con Vivienda es muy difícil porque los modelos están confrontados”
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid defiende una política basada en la colaboración con el sector privado, la flexibilización del suelo y la rebaja de impuestos
Jorge Rodrigo (Madrid, 51 años) es desde 2023 consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, una de las regiones donde la crisis de la vivienda golpea más fuerte. El consejero del PP, muy crítico y duro con las políticas de vivienda del Gobierno de España, ensalza las medidas que agilizan la construcción y rechaza soluciones que considera intervencionistas. Vive ...
Jorge Rodrigo (Madrid, 51 años) es desde 2023 consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, una de las regiones donde la crisis de la vivienda golpea más fuerte. El consejero del PP, muy crítico y duro con las políticas de vivienda del Gobierno de España, ensalza las medidas que agilizan la construcción y rechaza soluciones que considera intervencionistas. Vive de alquiler en el centro de la capital y es propietario de un apartamento que arrienda en un barrio al este de la ciudad.
Pregunta: ¿Cómo definiría lo que está sucediendo con la vivienda en la Comunidad de Madrid?
Respuesta. Estamos aplicando políticas que creemos que son positivas, pero tenemos un problema: los palos en las ruedas que está poniendo el Ministerio de Vivienda. Tenemos que trabajar todas las Administraciones para intentar que el acceso a la vivienda esté garantizado y, sobre todo, hacerlo de una manera que no sea intervencionista y ayudando a los jóvenes.
P. El pasado año aprobaron el Plan de Choque por la Vivienda con el objetivo de generar oferta. ¿Cómo se consigue?
R. Lo que hemos hecho han sido modificaciones legislativas, en este caso de la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, lo que conlleva dar la oportunidad de que en suelos cuyo uso es dotacional se pueda construir y que sea de uso residencial. Una de las medidas más novedosas es que el suelo que tiene un uso terciario, en este caso de oficinas, pueda convertirse en residencial a precio asequible y durante 15 años en régimen de alquiler.
P. ¿Cómo se fomenta la construcción de vivienda protegida?
R. La Comunidad de Madrid es la región donde más vivienda protegida se construye. Para nosotros ha sido muy importante la actualización de los precios del módulo de la vivienda protegida, que estaba congelado desde el año 2008. Eso ha generado que se empiece a mover otra vez la construcción de vivienda pública.
P. Habla de los jóvenes como los más perjudicados. ¿Hay medidas concretas para este colectivo?
R. Para nosotros, que los jóvenes madrileños tengan la oportunidad de adquirir una vivienda es fundamental porque queremos que inicien sus nuevos proyectos de vida con total solvencia. Lo que estamos haciendo es avalar el 100% de la hipoteca con ocho entidades financieras. Ahora mismo tenemos 3.600 jóvenes que se han beneficiado de los avales de la Comunidad de Madrid. Y luego está nuestro programa estrella, que es el Plan Vive, para sacar vivienda en alquiler asequible.
P. El pilar de ese Plan Vive es la colaboración con el sector privado. ¿Está funcionando?
R. Lo que hacemos es poner a disposición de los constructores y promotores inmobiliarios suelo público que tiene la Administración regional o en colaboración con los ayuntamientos. Para nosotros es fundamental esa colaboración público-privada que no le cuesta un duro a los madrileños. Actualmente, se están construyendo 8.500 viviendas, de las cuales ya hemos entregado más de 3.000. Y en los próximos días vamos a hacer una nueva licitación, que es el plan Vive Solución Joven, dirigido a los menores de 35 años. Vamos a licitar 4.500 viviendas en diferentes municipios de nuestra región.
P. ¿Está al tanto de las críticas por los precios?
R. Todas las viviendas del Plan Vive son entre un 30% y un 35% inferiores al precio libre del mercado. Todas tienen un precio asequible en función del municipio donde se están construyendo. No es lo mismo construir en Madrid, por ejemplo, que en Alcalá de Henares, donde un dormitorio son en torno a 500 o 550 euros. El Plan Vive no es vivienda social.
P. Ha dicho públicamente que derogaría la ley de vivienda estatal. ¿Por qué?
R. Consideramos que invade competencias de la Comunidad a Madrid, las competencias en vivienda las tenemos las administraciones regionales. Lo que está haciendo la ley de vivienda es crear una inseguridad jurídica total y al mismo tiempo es benevolente con la ocupación y ataca uno de los principios más importantes recogidos en nuestra Constitución, que es el derecho a la propiedad. Es una ley que el gobierno regional de la Comunidad de Madrid está cumpliendo a todos los efectos.
P. Se refiere a la potestad que tiene para no aplicar el límite de precios de alquiler...
R. La limitación de precios es una potestad que la ley de vivienda está dando a las comunidades y nosotros tenemos la potestad de declarar zonas tensionadas o no. Lo que no podemos admitir es que por parte del Ministerio de Vivienda se nos acuse de que somos insumisos respecto a esa ley.
P. ¿Por qué su gobierno es tan contrario a declarar zonas tensionadas?
R. Nosotros no vamos a permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez meta la mano en la propiedad y en las viviendas de los madrileños. La declaración de zonas tensionadas y la limitación de precios sabemos que no funciona, pero no porque lo digamos los gobiernos del PP, sino porque los expertos en la materia lo dicen. Hemos visto que no funciona en Barcelona, no funcionó en París, no funcionó en Berlín, no funcionó en diversas ciudades de Escocia.
P. ¿Cómo van a conseguir entonces que baje el precio del alquiler en la región?
R. Para solventar el problema de la vivienda desde luego tenemos que tener políticas que sean firmes y que no sean intervencionistas. ¿Cuál es la solución y es la única que hay? Generar oferta para que bajen los precios, y para generar esa oferta tenemos que reducir la burocracia administrativa y generar suelo para poder construir. Nosotros estamos intentando por todos los medios flexibilizar todas las políticas de vivienda. Lo que no podemos consentir es que se intervenga el mercado de la vivienda y que se enfrente al inquilino con el propietario. El PSOE y sus socios están mirando hacia otro lado con uno de los mayores problemas que tienen ahora los madrileños que es la inquiocupación [inquilinos morosos].
P. ¿Qué datos tiene?
R. Respecto a la ocupación y la inquiocupación hemos puesto una serie de medidas y de mecanismos para intentar ayudar a esos ciudadanos madrileños a través de la Oficina contra la Ocupación y lo que sí sabemos es que es una lacra. Tenemos un dato que nos ha proporcionado la Plataforma de Afectados por la Ocupación y es escalofriante respecto a la Comunidad de Madrid. Ellos calculan que hay en torno a 10.000 viviendas que están sufriendo esa inquiocupación y donde no se está pagando las rentas a los propietarios.
P. Pero la oficina que atiende a los afectados por ocupación que ha mencionado apenas ha recibido consultas.
R. Aunque las cifras por parte de algunas instituciones las pretenden maquillar, desde que Pedro Sánchez gobierna en España la ocupación ha aumentado.
P. El Consejo General del Poder Judicial desmiente que la ocupación sea un fenómeno tan frecuente.
R. Bueno, pero al final la realidad es que ha subido, especialmente en algunas comunidades, como ha sido Cataluña. Esa es una realidad que no se está computando y se está mirando para otro lado.
P. ¿De qué modo incentivan al propietario para que saque al mercado las viviendas vacías?
R. Es fundamental la aprobación de una serie de exenciones fiscales y la bajada de impuestos porque el 25% del precio de una vivienda es una carga fiscal. Siempre hemos solicitado al Gobierno de España que si queremos facilitar el acceso a la vivienda tenemos que bajar esa presión fiscal.
P. ¿Qué impuestos?
R. En los próximos meses vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales en la primera vivienda a los jóvenes, que actualmente lo tenemos en un 6% y lo vamos a bajar a un 4%. Es una medida con la que se comprometieron las comunidades gobernadas por el PP en la Declaración de Asturias. Yo creo que al final existe un modelo que es el modelo Madrid que está funcionando, se está generando oferta y si seguimos por este camino conseguiremos que bajen los precios.
P. ¿Cuándo cree que podemos empezar a ver esa bajada de precios de la que habla?
R. El problema de la vivienda no se solventa de hoy para mañana. La Comunidad Madrid lleva mucho tiempo trabajando para generar esa oferta y por eso prácticamente todas las semanas tenemos la oportunidad de entregar vivienda a través del Plan Vive a nuestros jóvenes.
P. Su grupo político ha votado recientemente en contra de la reforma de la ley del suelo en el Congreso, ¿por qué?
R. Porque no está consensuada. Tiene que haber un diálogo fluido con las comunidades para que podamos solventar todos juntos el problema de la vivienda y generar esa oferta, sobre todo, a nuestros jóvenes. Le pedimos a la ministra de Vivienda diálogo para aprobar esa ley del suelo.
P. ¿Entonces el problema no es el fondo sino la forma?
R. Bueno, nosotros tenemos una premisa y es que no podemos seguir legislando y aplicando políticas de vivienda manteniendo una ley de vivienda estatal que es intervencionista y que no funciona. Por lo tanto, apelamos a la derogación de esa ley y a que se apruebe una nueva ley que regule todas las políticas de vivienda y al mismo tiempo del suelo y urbanismo que es la que ha presentado el PP en el Senado.
P. Habla de diálogo, ¿por qué es tan complicado?
R. El llegar a un pacto actualmente entre las comunidades con la ministra de Vivienda es muy difícil porque los modelos están totalmente confrontados, enfrentados.
P. Es inviable un pacto de Estado por la vivienda...
R. Inviable. Hay medidas que considero que son solventes por parte del gobierno regional y que sé que el Gobierno de España las está copiando, pero porque nuestro modelo es el que está funcionando.
P. ¿De qué manera afecta la vivienda turística?
R. Yo creo que el problema de la vivienda turística y la vivienda temporal viene derivado de esa inseguridad jurídica que tenemos con la ley de la vivienda del señor Pedro Sánchez. Independientemente de ello, creo que las viviendas turísticas tienen que estar reguladas, inspeccionadas y tienen que ser legales, pero sin olvidar que la actividad económica que prestan este tipo de viviendas es fundamental.