La adaptación del IRPF al salario mínimo restaría hasta 2.000 millones en ingresos, según Hacienda

Entre 1.700 y 2.000 millones de euros. Ese sería el coste recaudatorio para las arcas públicas si se adaptara otra vez el IRPF a la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), según estimaciones avanzadas por el Ministerio de Hacienda. La cifra la ha dado a conocer este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra del ramo, María Jesús Montero, ...

Entre 1.700 y 2.000 millones de euros. Ese sería el coste recaudatorio para las arcas públicas si se adaptara otra vez el IRPF a la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), según estimaciones avanzadas por el Ministerio de Hacienda. La cifra la ha dado a conocer este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra del ramo, María Jesús Montero, en pleno debate entre el PSOE y sus socios de izquierdas —incluyendo a Sumar, la parte minoritaria del Ejecutivo— sobre la idoneidad o no de acompasar una vez más el impuesto sobre la renta al último incremento del suelo retributivo. Este se sitúa en 2025 en los 16.576 euros anuales en 14 pagas, un aumento bruto de 700 euros por ejercicio respecto al SMI de 2024 (15.876 euros). Como el mínimo exento del impuesto vigente, y que Hacienda quiere mantener sin cambios, se sitúa precisamente en esta última cifra, acompasarlo con la subida implicaría una merma de ingresos significativa en la que es la principal figura tributaria de España.

La pérdida de recaudación, precisan fuentes del ministerio, vendría no solo de elevar el umbral de tributación del IRPF hasta la nueva referencia salarial, sino también de modificar y rebajar el impuesto a las rentas que están levemente por encima de la retribución mínima, como se ha hecho en reformas anteriores. En los últimos años, a medida que el SMI iba subiendo, Hacienda actualizaba los mínimos exentos, pero también las reducciones por rendimientos del trabajo contempladas en el impuesto. Una cosa no se puede hacer sin la otra, defienden desde el ministerio, ya que, de lo contrario, se dispararían los tipos marginales que soportan los millones de contribuyentes que se sitúan en tramos inmediatamente por encima del SMI.

Montero ha asegurado por todo ello que mantendrá un “diálogo fluido” tanto dentro como fuera del Ejecutivo para hacer “pedagogía fiscal”, pero siempre con el objetivo de afianzar esos aproximadamente 2.000 millones de euros en recaudación pública. “Si consideramos que el Gobierno está persiguiendo que el SMI ya no sea un salario de subsistencia, sino un salario acorde a las necesidades básicas que tiene una familia, entenderán que esto significa que participe y tenga derechos y obligaciones”, ha señalado Montero durante una rueda de prensa en Sevilla, en la que ha sido su primera comparecencia pública desde que estalló la polémica.

Hacienda insiste en que estos 2.000 millones en posibles pérdidas no tienen nada que ver con la horquilla de ingresos extra de entre 1.000 y 2.000 millones de euros que fuentes del Ministerio de Trabajo vincularon directamente hace unos días con el aumento del salario mínimo. El pasado lunes, cuando la decisión de Hacienda todavía era desconocida, desde el departamento de Yolanda Díaz sugirieron que el hecho de que el SMI empezara a tributar aportaría hasta 2.000 millones adicionales en recursos. En Hacienda niegan la mayor y recalcan que esto no va de lo que se obtiene de más, sino de lo que se pierde.

En el PSOE se aferran a una serie de argumentos para defender su postura e intentar convencer a Sumar y al resto de socios de izquierdas. Y es que, aunque han rebajado el tono desde que el choque llegó a su punto álgido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, minutos después de que se conociera la postura de Hacienda, estas formaciones siguen insistiendo en que se modifique el IRPF para que los perceptores del SMI y el resto de rentas bajas no tengan que soportar retenciones en sus nóminas.

Por un lado, sostienen fuentes del PSOE, se estima que menos del 20% de las personas que actualmente perciben el SMI tributarían en el IRPF como consecuencia de la última subida y de su situación familiar, ya que, al ser solteros sin hijos, no pueden aplicarse las deducciones previstas por cuestiones familiares. Son unos 540.000 trabajadores de los 2,5 millones de perceptores del SMI. Además, insisten, en todos esos casos recibirán un salario neto mayor en 2025 del que recibieron en 2024. Con el nuevo aumento del SMI, de 700 euros anuales, los contribuyentes pagarán en retenciones 300,03 euros, por lo que aunque Hacienda ingrese el 43% de la subida salarial, la ganancia neta será de 400 euros, justifica el ala socialista.

El socio mayoritario del Gobierno también recuerda que el SMI ha subido un 61% entre 2018 y 2025 y que seguirá haciéndolo, por lo que, a medida que cada vez afecta a más gente, en algún momento debe empezar a tributar. “Quienes dicen que el SMI no debería tributar lo que defienden en el fondo es que este siga siendo bajo. Lo conciben como una suerte de retribución marginal que no debe formar parte de la normalidad salarial y fiscal de nuestro mercado laboral”, apuntan desde La Moncloa, en línea con lo que ha defendido Montero este viernes.

Sumar —junto al resto de socios de izquierda— ha suavizado el tono, pero sigue reclamando la actualización del impuesto y ha solicitado una reunión con Hacienda para tratar el tema. En su opinión, la justicia fiscal debe empezar por arriba y no por abajo, por lo que el momento elegido para que el SMI empiece a tributar no es el adecuado. Más todavía, recuerdan fuentes de Sumar, cuando se ha puesto sobre la mesa un plan para eximir del IRPF a las rentas del alquiler que perciben los caseros de vivienda o cuando sigue habiendo enormes diferencias entre los tipos máximos de gravamen que soportan las rentas del trabajo y los que afectan a las rentas del capital y la inversión, de los que se benefician principalmente los contribuyentes de más ingresos.