España reclama impulsar los impuestos europeos y que la mitad de las inversiones comunitarias sean verdes

Nada es gratis: a grandes inversiones, grandes ingresos (y más impuestos). Esto se ve con claridad en la propuesta que ha enviado a Bruselas el Gobierno español para dejar clara su postura sobre el próximo presupuesto de la UE. En Europa hace falta mucho dinero para sacudir una economía que pierde competitividad frente a China y Estados Unidos, al mismo tiempo que aumenta el gasto en defensa. Para responder en ambos frentes, España pide un impulso a tributos comu...

Nada es gratis: a grandes inversiones, grandes ingresos (y más impuestos). Esto se ve con claridad en la propuesta que ha enviado a Bruselas el Gobierno español para dejar clara su postura sobre el próximo presupuesto de la UE. En Europa hace falta mucho dinero para sacudir una economía que pierde competitividad frente a China y Estados Unidos, al mismo tiempo que aumenta el gasto en defensa. Para responder en ambos frentes, España pide un impulso a tributos comunitarios “que no detraigan recursos de los Estados miembros, sino que aumenten la capacidad financiera y autonomía de la UE”. El objetivo es “hacer factible un aumento del presupuesto comunitario” para el que Madrid reclama más ambición en transición ecológica al plantear subir del 30% actual al 50% la inversión destinada a combatir el cambio climático.

La lectura que emerge de estas líneas básicas del documento español, tanto por el lado de los ingresos, como por el de las inversiones, es que el Gobierno de Pedro Sánchez, uno de los líderes más veteranos del Consejo Europeo, quiere mantener la antorcha socialdemócrata y verde en una UE mucho más escorada a la derecha que en legislaturas anteriores. Este escenario político todavía puede derechizarse más en el corto plazo, porque el 23 de febrero hay elecciones en Alemania y el SPD, el partido gobernante y correligionario del PSOE, tiene todas las de perder para dar paso a un canciller conservador, según apuntan las encuestas.

El punto central del documento español para el próximo marco presupuestario plurianual de la UE, que en teoría estaría vigente desde 2028 hasta 2034, consiste en elevar su volumen de una cantidad anual que ronda el equivalente al 1% del PIB a un mínimo del 2%, especifica el documento adelantado por EL PAÍS. Y para eso plantea un abanico de medidas. Una es la deuda común, algo que “contribuiría a crear un activo europeo de liquidez” y “profundizaría en la Unión del Mercado de Capitales”, uno de los proyectos atascados desde hace muchos años. Con esta medida, Madrid hace suya una de las ideas que sugiere Mario Draghi en su informe para resucitar la competitividad en Europa. Otra idea española es refinanciar por 10 años más los créditos con que se sufraga ahora el Fondo de Recuperación, que en teoría deberían empezar a amortizarse en 2028. Y, por último, la creación de fuentes de ingresos para Bruselas que ”deberían ser tan progresivas como sea posible y que contribuyan directamente a financiar las prioridades comunes“.

Llegar a todos estos objetivos será muy difícil. Casi imposible. Falta voluntad política en varias capitales (La Haya, Viena o Berlín): no aceptan un presupuesto conjunto más ambicioso, ni están dispuestas a allegar más recursos a la caja común, sea de forma directa (más aportaciones estatales) o indirecta (impuestos comunes).

Esto último se ha visto con bastante claridad en los últimos años. A finales de 2021, para financiar el Fondo de Recuperación, la Comisión Europea lanzó tres impuestos para lograr más “recursos propios”, como se llama en jerga comunitaria al dinero que corresponde a la UE: el primero consistía en que Bruselas ingresara por los derechos de emisión de CO₂; el segundo, una especie de arancel para que los productos fabricados fuera de la UE con menos estándares medioambientales pagaran para compensar esta ventaja competitiva (CBAM, por sus siglas en inglés); el tercero tenía que llegar con el desarrollo en la OCDE de un impuesto global para que las grandes tecnológicas paguen tributos allí donde ingresan y obstaculizar la elusión fiscal de estas compañías.

Pero más de tres años después, nada de esto ha llegado a ponerse en marcha. Aquello que ya está prácticamente ultimado, como el CBAM, es probable que vuelva a abrirse o, al menos, a demorarse su puesta en marcha, que, en principio, tocaría el próximo 1 de enero. Hay varios Estados miembros que lo piden y también lo exige el Partido Popular Europeo, el grupo más grande en el Parlamento Europeo.

La Comisión es muy consciente de la falta de voluntad política. Cuando a su presidenta, Ursula von der Leyen, se le pregunta si está pensando en financiar con deuda la ingente inversión que precisa la UE, suele responder diciendo que hay dos formas de lograr más recursos: “O más recursos propios o más aportaciones de los Estados”. Con la respuesta, evita entrar en el siempre resbaladizo debate de la deuda común y pone la pelota en el tejado de las capitales.

Ampliar las fuentes de ingresos propios de la Comisión Europea, como plantea España, ayudaría a diversificar la procedencia actual del dinero comunitario. Habitualmente las contribuciones de los Estados, repartida según su renta nacional bruta, han sido el aporte más grande del presupuesto comunitario. Pero hay otros orígenes: un porcentaje de lo que se recauda por IVA en la UE, los aranceles que pagan los productos que llegan a la Unión desde terceros países, las multas que impone Bruselas y los intereses de demora al pagarlas, lo que pagan terceros países en las colaboraciones con las agencias comunitarias y la contribución de 0,8 euros por kilo de plástico no reciclado que se consume en cada Estado miembro, el más reciente de todos, creado en 2021.

Progresividad

Este tipo de “recursos propios”, el de los plásticos, no acaban de gustarle a España. Sí que le agrada el hecho de que sea una fuente de ingresos común, pero le incomoda su diseño. Por eso, cuando en el documento de siete páginas se especifica que los impuestos nuevos “deberían ser tan progresivos como sea posible”, lo que dice el Gobierno de Sánchez es que el diseño debería ser diferente: el impuesto sobre plásticos actual, en realidad, se hace a partir de un cálculo estadístico de cuál es el consumo de este material no reciclado, menos utilizado en los países más ricos de la UE (Dinamarca, Austria o Finlandia, figuran entre los que menos recurren a este plástico).

También contiene un mensaje progresista en el lado presupuestario de los gastos, el planteamiento de que el 50% de las inversiones se destinen a luchar contra el cambio climático, 20 puntos más que ahora. En la legislatura que acaba de arrancar, la prioridad ya no está en las políticas medioambientales como en el quinquenio anterior. Y no es solo que el foco ilumine mucho a la Defensa y la Seguridad, es que las voces que reclaman menos velocidad en las políticas verdes crecen y presionan mucho al Ejecutivo de la Unión. Sánchez se alinea así con Teresa Ribera, a la que él designó como la miembro española de la Comisión, y que es la voz más verde dentro del Ejecutivo europeo en tiempos en que estas posiciones están en minoría.